- Responde a criterios político-electorales y dejó fuera a la emergencia de Acapulco
- Por Gerardo Flores Ledesma
RedFinanciera
El sector empresarial del país descalificó el presupuesto 2024, aprobado en la Cámara de Diputados, porque responde a criterios políticos-electorales y adolece de diversos problemas y deficiencias.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó que México arrastra un elevado endeudamiento, acción que no es responsable desde las perspectivas económicas, porque supera a la inversión y es anticonstitucional.
Explica que la conveniencia política y electoral del presupuesto 2024 no se justifica y no es responsable socialmente, y lo fustiga porque no aseguró los fondos para emergencia y la reconstrucción en Guerrero.
El CEESP advierte que el próximo gobierno recibirá finanzas públicas débiles.
Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) subrayó que el presupuesto para 2024 debilita organismos autónomos y estados, y aunque los diputados aprobaron reasignaciones por 20 mil 451 millones de pesos, no se garantizaron recursos para atender la emergencia en Acapulco y otras zonas como consecuencia del huracán Otis.
La Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y sus aliados, haya votado recortes a los órganos autónomos afectando su operación, y alertó por un posible uso político electoral de los recursos destinos a programas sociales si hay discrecionalidad en su implementación.
El sindicato patronal puntualizó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se fijan las prioridades de un gobierno, pero los legisladores privilegiaron los recursos para proyectos importantes para el gobierno, como el Tren Maya y los programas sociales, pero “no hay incrementos sustanciales para educación, salud, seguridad y algo muy alarmante, no se etiquetaron recursos para atender la emergencia en Acapulco”.
Para el CEESP el endeudamiento aprobado para 2024 es equivalente a 5.4% del PIB, lo que significa que la deuda del sector público habrá crecido 59% comparando 2024 con 2018, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 3.4% del PIB al cierre de 2023 y equivale a la cuarta parte de la recaudación de impuestos.
Expone que más allá de su nivel y su costo, el endeudamiento público de esta administración habrá superado la inversión pública, lo que contraviene la buena práctica de la política fiscal pero, además, las inversiones públicas no tienen indicios de ser rentables (socialmente) y, siendo el caso, requerirán de subsidios injustificados y desconocidos en años futuros.
Insiste en que el gobierno ha estimado preliminarmente que el costo del desastre podrá situarse en 61 mil millones de pesos, mientras que otras lo sitúan en más de 270 mil millones de pesos, por lo que los recursos serán insuficientes.
Se enfatiza que el Ejecutivo no quiere dedicar recursos a la emergencia si los montos son más altos que los recursos que cuenta para ello, o se adolece de transparencia, lo que nos llevaría a una actitud irresponsable desde el punto de vista institucional-democrático.
Se subraya que el PEF es un mal legado para el próximo gobierno, ya que la información de las finanzas públicas de los primeros tres trimestres de 2023 refleja fragilidad; los ingresos públicos recurrentes muestran riesgos de sostenibilidad y los ingresos totales fueron inferiores a lo programado.
Y se concluye: “Sin contar el aumento de la recaudación del IEPS, los ingresos tributarios aumentaron sólo en 1%. A la vez, el gasto público aumentó significativamente (5.1%), debido al mayor servicio de la deuda que creció 28% y al aumento del 15.3% en subsidios, transferencias y aportaciones. Consecuentemente, el déficit fiscal fue 75% mayor al del año pasado y el superávit primario fue 48% menor al de enero-septiembre de 2022”.