- Entre los designados aparecen “Mayito Flaco” y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila
- Ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro: Bessent
Red Financiera
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 46 personas y empresas relacionadas con la estructura del Cártel de Sinaloa, en los que sobresalen Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por autoridades estadounidenses como líder de la facción de Los Mayos y a Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila
La medida contempla a 21 personas físicas y 25 entidades, entre ellas integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, operadores con presencia en Tijuana y Mexicali, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por Estados Unidos de colaborar con la organización criminal.
Torres Torres fue señalado por utilizar su influencia política para facilitar las actividades de los carteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en la entidad. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue designado.
La medida se adoptó en virtud del Decreto Ejecutivo (E.O.) 14059, cuyo objetivo es combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y en virtud del E.O. 13224, modificado por el E.O. 13886 (en conjunto, «E.O. 13224, en su versión modificada»), que tiene como finalidad combatir a los terroristas y a quienes les prestan apoyo.
El Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación con el cártel y a su labor en nombre del Cartel de Sinaloa, de acuerdo con el Tesoro. La dependencia lo ubica en el centro de una trama de narcocorrupción en Baja California y le atribuye una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, jefe de Los Rusos, subfacción del Cártel de Sinaloa que domina Mexicali.
El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, también sancionado, mantiene igualmente una alianza con “El Ruso”, según el Tesoro. La dependencia afirma que Mendivil recibió sobornos de “El Ruso” a cambio de que el cartel controlara la policía municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y ejecutar operaciones de fuerza de la organización.
Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el cartel operara con impunidad en el estado, indica el Tesoro, mientras que Luis Alfonso Torres se encargaba de cobrar esos sobornos y de lavar los fondos ilícitos mediante empresas y campañas políticas. En el comunicado, la gobernadora aparece solo como referencia del parentesco; la dependencia no le atribuye conductas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción alcanza a todos los niveles de estas organizaciones y que “la medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.
Bessent añadió que el gobierno del presidente Donald Trump irá contra cualquier integrante de un cartel que ponga en riesgo la seguridad del país o el sistema financiero:
“Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
La OFAC describe una estructura que va desde la cúpula de Los Mayos hasta los jefes de célula en Tijuana, los lavadores de dinero y los políticos que, según la dependencia, permiten al cártel operar con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
Sobre Mexicali, capital de Baja California y plaza estratégica a unos 145 kilómetros al este de Tijuana, el Tesoro afirma que “El Ruso” mantiene el control con violencia extrema y con la corrupción de funcionarios del gobierno estatal que protegen las actividades del grupo frente a las autoridades. De acuerdo con la dependencia, esa narcocorrupción llegó a los niveles más altos del gobierno de Baja California.
La lista incluye además a Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, ex funcionario aduanal en Chihuahua y ex asesor legislativo del gobierno de Baja California. El Tesoro lo describe como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, “Flaco”, dirigente de alto rango del cártel, a quien habría otorgado favores e influencia política a cambio de sobornos.
Rivera Zazueta, sancionado por primera vez en enero de 2023 y ahora designado de nuevo, es dueño de la casa de cambio Mia Centro Cambiario, en Mexicali, y de la transportista Rivos Servicios, que también fueron sancionadas. Completa el grupo Diosvany Samuel Chapotin Villalba, señalado como traficante de cocaína y metanfetamina y como lavador de dinero mediante cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos y transacciones con criptomonedas.
El Tesoro ubica el origen de la disputa que divide hoy al Cartel de Sinaloa en la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024. Su arresto detonó una lucha interna entre las dos facciones principales del grupo, Los Mayos y Los Chapitos, con episodios de violencia en Sinaloa y otros estados. De acuerdo con la dependencia, ambas siguen en un punto muerto que las obligó a reconstituirse y a apoyarse en nuevos liderazgos.
En ese vacío, señala el Tesoro, Zambada Sicairos pasó a ser el jefe indiscutido de Los Mayos. Nació en Anaheim, California, en 1982 y tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. En 2001 tramitó en Estados Unidos un cambio de nombre a Fernando Sicairos Aispuro, en un intento, según la dependencia, por ocultar su origen familiar dentro del cártel.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014, junto con otros dirigentes del grupo, por tráfico de drogas y lavado de dinero. El Tesoro lo describe como prófugo en México y afirma que dirige las actividades de la organización: narcotráfico, asesinato, extorsión, corrupción y secuestro.
Para sostener esa posición, informó la fuente, cuenta con colaboradores de confianza. Uno es Hildegardo Gastélum García, “Aldo”, dueño de un negocio hotelero en Culiacán cuyos ingresos ilícitos, afirma el Tesoro, financian la guerra contra Los Chapitos. Otro es Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, quien antes controlaba territorio en Baja California como jefe de célula de “El Mayo” y ahora encabeza la seguridad de Los Mayos. Bajo su mando trabaja Lorenzo Castillo Maldonado, encargado de proteger a Zambada Sicairos, quien cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando personas ligadas al cártel sobornaron a funcionarios para liberarlo, según el Tesoro.
El control de las rutas hacia Estados Unidos en la frontera de Baja California, sobre todo en torno a Tijuana y Mexicali, es uno de los pilares de esa organización, de acuerdo con la dependencia. Los Mayos administran el territorio mediante jefes de plaza. La de Tijuana está en manos de los hermanos Alfonso y René Arzate García, “Aquiles” y “La Rana”, que la controlan desde hace unos 15 años con violencia, alianzas y una influencia local que incluye corrupción política y policial, según el Tesoro.
La OFAC también sancionó a la red que les permite sostener Tijuana, incluidos sus tres lugartenientes: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. El Tesoro les atribuye ejecutar la violencia a favor de “La Rana” y administrar la producción y el traslado de drogas, entre ellas fentanilo, a través de Tijuana hacia Estados Unidos.
La estructura financiera pasa, según la dependencia, por Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja de “Gordo Flubber”, quien opera en Tijuana la casa de cambio Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio. El Tesoro sostiene que, con casas de cambio cómplices del sur de California, recolecta el efectivo de la venta de drogas en Estados Unidos y transfiere los fondos a México. El anterior dueño del negocio y ex esposo de Félix Rivera, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue detenido por lavar más de 45 millones de dólares para el cártel a través de casas de cambio. Fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por órdenes de “Gordo Flubber”, de acuerdo con el Tesoro.
En la red en Tijuana también fueron designados Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, asociados de Jesús González Lomelí, a quien la OFAC sancionó en septiembre de 2025 como lavador de alto rango. La dependencia les atribuye una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el cártel. Además, sancionó a una decena de empresas vinculadas a Moreno y a cuatro relacionadas con Jerónimo Javier Vera Ayala, socio de González Lomelí. También designó a Jorge Mario Vera Ayala, a quien describe como figura central y enlace de la actividad de los cárteles en Tijuana.
La OFAC sancionó también a empresas ligadas a los personajes de Mexicali: cinco vinculadas a Luis Alfonso Torres, entre ellas un bar y un restaurante; Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, relacionada con Mendivil; y Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, ligada a Buenrostro.
La medida se sustenta en las órdenes ejecutivas 14059, contra la proliferación internacional de drogas ilícitas y de los medios para producirlas, y 13224, dirigida contra terroristas y quienes los apoyan. Con las designaciones quedan bloqueados los bienes de los sancionados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, lo mismo que las empresas en las que ellos tengan una participación de 50 % o más, y se prohíben las transacciones con ellos. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas con los sancionados pueden enfrentar sanciones secundarias.
Desde el inicio de 2025, la OFAC ha realizado más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés). La investigación de este caso contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y otras dependencias federales.
El Tesoro aseguró que el objetivo de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio de conducta, y que los sancionados pueden solicitar su retiro de la lista.