- Exige frenar intentos a precios subsidiados y que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes
- El INFONAVIT no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad
Red Financiera
Las organizaciones empresariales del país expresaron su oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados. Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
Durante su conferencia del miércoles 18 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas. Reconocemos y valoramos la respuesta de la Presidenta, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.
Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
En un documentos, la CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET rechazaron de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI.
y concluyen: “México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”.
