- La FGR acusa al ex gobernador de BC y otras 8 personas de conformar una red de huachicol
Red Financiera
Al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, le dieron prisión preventiva y fue enviado al Altiplano por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras 8 personas a las que les acusa de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Al cabo de una audiencia inicial que se extendió por más de un día y amparos interpuestos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso casi un centenar de datos de prueba para imputar a este grupo por la importación y comercialización irregular de combustibles (huachicol) en el país.
La resolución judicial ordenó recluir a los presuntos implicados en distintos centros penitenciarios de acuerdo con sus condiciones de salud y género.
Los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
En contraste, debido a complicaciones en su estado de salud, los señalados José María “N” y Guillermo “N” permanecerán bajo resguardo domiciliario temporal.
Tras la imputación de la FGR, los abogados defensores de los acusados solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, mientras se mantiene el principio de que se les presume inocentes hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.
Se informó que la captura de los sospechosos fue el resultado de una investigación llevada a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Las indagatorias revelaron un esquema sofisticado enfocado en la importación, distribución y venta de productos derivados del petróleo sin cumplir con las normativas legales vigentes.
De acuerdo con los datos presentados por la fiscalía, el ilícito consiste en introducir combustible al territorio nacional mediante el uso de declaraciones aduaneras falsas o con información incompleta. En la práctica, los contrabandistas reportaban un volumen de combustible menor al que realmente transportaban o, en su defecto, declaraban la carga bajo la categoría de otros productos ajenos al sector energético para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
Este tipo de conductas ilícitas no solo genera un severo daño a las finanzas públicas del país, sino que de manera paralela se convierte en una vía de financiamiento clave para el sostenimiento de diversas organizaciones criminales.
El combate frontal al contrabando de hidrocarburos se mantiene como una prioridad para las instituciones de seguridad mexicanas, pues este delito representa una merma directa a los ingresos nacionales y fortalece la estructura de la delincuencia organizada. En los próximos días, una vez que venza el plazo constitucional solicitado por la defensa, el juez de la causa determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los ocho detenidos.