- El mandatario debió haber realizado investigaciones serias y objetivas de dichos periodos: CNPA-MN
RedFinancieraMX
(CODICS).- La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, señaló que con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador falta a un mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley al impulsar “una consulta ciudadana”, ahora de acuerdo al máximo tribunal del país, sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
El vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, dijo que el Presidente López Obrador debió haber realizado investigaciones serias y objetivas de dichos periodos y actuar en consecuencia si se comprueba el o los delitos, al no hacerlo ha renunciado a aplicar la ley y por consecuencia se ha convertido en cómplice de los posibles delitos realizados por los expresidentes de México.
Tan importante es esclarecer y castigar el desfalco al erario público de las administraciones pasadas como de la actual que no está exenta de ello pese a que digan lo contrario o “tengan otros datos”, enfatizo.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con el Poder Ejecutivo, perdiendo en ello su independencia, advirtió.
Lamentó Jesús Gutiérrez Valencia que también la bancada del partido Morena y sus partidos aliados se presten al juego perverso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de convalidar renunciar a su responsabilidad constitucional.
Al hacer un reconocimiento a un año de la partida física de del dirigente Francisco Jiménez Pablo, quienes integramos la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, se comprometió a seguir enarbolando las banderas de libertad, democracia y paz con justicia social; así como del desarrollo económico, social, cultural y ambiental de nuestro país.
Igualmente pugnaremos porque se respeten los derechos civiles y políticos de la población que a base de lucha, esfuerzo, sacrificio y sangre derramada han logrado las generaciones de compatriotas que nos han antecedido.
Más ahora que de la mano de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deciden eliminar 109 fideicomisos importantes, entre ellos: 65 fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 26 fondos de diversos Centros de Investigación, Fondo para el Cambio Climático, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo para atención a Víctimas de Violencia y Financiera Rural, entre otros.
Y por si lo anterior fuera poco, a pesar de que AMLO diga que ahora el poder económico no manda al poder político, en realidad Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia y Víctor Villalobos, defensor de empresas trasnacionales y Secretario de Agricultura le han impuesto que se siga usando el Glifosato en el país.
Asimismo, las empresas trasnacionales se han visto favorecidas al no cancelárseles las concesiones mineras otorgadas por los gobiernos neoliberales anteriores y al no hacerlo, en esencia las ha ratificado, no diferenciándose en nada a ellos, porque obviamente comparte la visión extractivista y saqueadora de la riqueza nacional de dichos gobiernos.
En relación a las políticas públicas impulsadas por el gobierno encabezado por AMLO, éste ha privilegiado el carácter asistencialista, clientelar – electoral, abandonando a la planta productiva del país a su suerte.
En ese sentido, el actual gobierno va más allá al desentenderse casi totalmente de su obligación de invertir recursos para potenciar la planta productiva del país; ha venido disminuyendo de manera significativa el presupuesto para el campo, el cual pasó de 72 mil 125.3 millones en 2018 a 47 mil 576.9 millones en 2020 en los programas de apoyo y fomento a la producción rural, lo cual implicó la eliminación de decenas de programas; de igual manera en el Presupuesto de Egresos de la Federación considerado para 2021 se propone 3 mil 633.9 millones para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) comparado con los 12 mil 500 millones que tenía asignado en 2015, por citar unos ejemplos.
El abandono a su suerte de millones de pequeñas y medianas empresas, de millones de trabajadores que perdieron su empleo, de millones de trabajadores por cuenta propia (ambulantes); de trabajadores del sector salud que no tuvieron equipo, herramientas e insumos para enfrentar el Coronavirus, muestra claramente el carácter neoliberal del actual presidente, pues priorizó, por encima de la salud de la población y el empleo, construir infraestructura como el “Tren Maya” que será aprovechada por los grandes empresarios para aumentar sus jugosas ganancias dejando el papel de servidumbre a nuestros compatriotas que ahí serán empleados o para que pidan limosnas como lo señaló el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons
Reciclar y retomar el proyecto Porfirista de construcción del corredor transísmico en la región del istmo que es una vieja exigencia de los Estados Unidos de Norteamérica y concretarla por encima de la necesidad de apoyar al sector productivo del país y violentar el derecho de los pueblos y comunidades de dicha región, es una política totalmente entreguista y servil.
Señalamos y advertimos también, que la militarización del país a través de la Guardia Nacional provocaría mayor violación de derechos humanos porque en esencia se utilizaría para contener el descontento social que se generaría a lo largo y ancho del país ante diversas injusticias y conflictos sociales. Lamentablemente, eso ha venido sucediendo en diversos estados (Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, etc).
Finalmente, Donald Trump presidente de E.U ha señalado reiteradamente que nuestro país pagaría el muro para detener el flujo migratorio a ese país, aunque AMLO dijo que no lo haría, realmente con el despliegue de 25 mil efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera Sur y 15 mil efectivos en la frontera Norte se estableció un muro que en esencia estamos pagando con recursos públicos, muro añorado por Donald Trump y concedido por el presidente AMLO.