- Y llegó el cambio
- Por Roberto Vizcaíno
RedFinancieraMX
Senadores y Diputados entrarán esta semana en la transformación real del Estado Mexicano. Ya no hay más tiempo. El nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, deberá tener ya aprobadas las reformas, las nuevas estructuras y el reacondicionamiento de instituciones para arrancar a toda la velocidad que ha mostrado querer tener.
Una de todas es la promulgación de una nueva Ley de la Administración Pública Federal que define la estructura burocrática sobre la que gobernará él tabasqueño.
Ahora falta que Ricardo Monreal y Mario Delgado, presidentes de sus respectivas Juntas de Coordinación Política y líderes de las mayorías parlamentarias, aceleren el paso en el Senado y la Cámara de Diputados, para comenzar a sacar adelante reformas, Leyes y Reglamentos.
Luego de eso tendrán enfrente el otro gran reto: aprobar los Presupuestos de Ingresos y Egresos 2019.
Sin aumentos fiscales. Ni partidas para el dispendio.
Según lo ha adelantado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el gasto neto total del primer año de López Obrador podría ser de 5 billones 677 mil 200 millones de pesos.
Una vez cubiertos los rubros inamovibles -deuda, gasto corriente, pensiones, etc.-, lo que podría AMLO reorientar suma los 982 mil 300 millones de pesos, dice Ramírez Cuellar.
Apenas unos 397 mil 533 millones más con respecto al gasto ejercido por Enrique Peña Nieto en 2018.
AMLO ha estado metido durante la última semana con su gabinete en la estructuración de este gasto. Y ha dicho que sí le alcanza para todo lo prometido y deseado. Vamos a ver pronto si es cierto.
LA REMODELACIÓN DEL ESTADO
Y como para iniciar cualquier camino hace falta dar el primer paso, pues ya por el Senado y la Cámara de Diputados corre el proyecto de reforma de la organización de la Administración Pública.
Luego de verlo, revisarlo, no hay sorpresas. Ahí está prácticamente todo lo anunciado ya por López Obrador del 2 de julio a la fecha, desde la escalera de su casa de la Roma.
Sobresale sin duda la concentración de áreas y decisiones en sólo unas cuantas personas.
Por ejemplo, el Consejero Jurídico, Julio Scherer Jr, controlará a todos los Titulares de las Unidades Administrativas de Asuntos Jurídicos u homólogos de todas las Dependencias federales.
Y el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo y el área correspondiente de Gobernación que encabezará la ministra Olga Sánchez Cordero, “conducirá la planeación, formulación, coordinación, asesoría, supervisión, regulación y evaluación de la política de comunicación social del Gobierno Federal”.
Una concentración que da escalofríos y lleva a muchos temores por lo que pudiera generar es: la sustitución de las Oficialías Mayores de las Dependencias por “Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos Titulares serán designados y removidos por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, exceptuándose a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina”.
Es decir, los encargados del gasto y las finanzas en las secretarías y otras dependencias, no dependerán de los titulares de estas secretarías y dependencias, sino de Carlos Urzúa, titular de Hacienda.
Y se formaliza la concentración en una sola ventanilla, la de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda donde mandará Urzúa, donde se consolidarán todas las compras, nacionales e internacionales, del Gobierno Federal.
Otra super concentración se dará justamente en la cuestionada desaparición de todas las delegaciones federales en los estados, que en lo adelante se llamarán “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, “cuyas funciones serán coordinar las acciones entre las autoridades estatales, municipales y el Ejecutivo Federal”.
Habrá sólo una por estado y sus titulares dependerán del ahora senador Gabriel García quien será el Coordinador General de Programas para el Desarrollo quien a su vez sólo rendirá cuentas a AMLO.
Antes de desaparecer, los titulares de las 2 mil 300 Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas de Representación de Dependencias y entidades federales existentes deberán rendir cuentas de lo hecho.
La iniciativa de reforma de la Administración Pública Federal prevé que no todo pueda desaparecer como es el deseo de López Obrador y por ello “subsistirán las oficinas que atienden trámites y procedimientos que requieran algunas Secretarías de Estado o Dependencias de las Administración, las cuales se denominarán “Oficinas de Representación”. Dichas oficinas atenderán las necesidades del Titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo respectiva, únicamente para efecto de enlace las entidades federativas y la autoridad federal”.
Igualmente establece un período de 180 días “a efecto de que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo quede constituida y otro, de igual duración, a efecto de que las dependencias presenten al Ejecutivo Federal un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y vialidad de mantener determinadas Oficinas de Representación”.
Como también estaba por demás anunciado, Gobernación sólo tendrá en lo adelante 3 subsecretaría ras: Gobierno, Enlace Legislativo y Normatividad de Medios de Comunicación; Derechos Humanos, Migración y Población; y; Democracia Participativa, Fomento Cívico y Asuntos Religiosos.
Las atribuciones de Seguridad Pública irán de inmediato a formar parte de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, e transformará en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.
Esta iniciativa de reforma otorga a Hacienda la administración y operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que desde 2006 corría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, transfiriéndose así los recursos materiales, financieros e informáticos que actualmente se encuentran asignados a ésta última.
Y cambia el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, o Sedesol, por el de Secretaría de Bienestar, “cuyas facultades serán incrementadas para participar en las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural, entre otras”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales regulará y cuidará de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, y de las cuencas alimentadoras y la ejecución de obras de corrección torrencial.
En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy, SAGARPA), organizará y manejará la explotación de los sistemas nacionales de riego e impulsará acciones que garanticen el acceso al agua para el sector productivo y energético a través del otorgamiento de concesiones.
La Secretaría de Energía, que encabezará Rocío Nahale, realizará estudios e investigaciones que garanticen el abasto de petróleo y gas y establecerá políticas de estímulos y promoción al uso de energías renovables.
La Secretaría de Economía concentrará lo referente a minería, junto a la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se llamará Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte concentrará todo lo referente al acceso y uso de tecnologías de información y comunicación, conocidas con las siglas TIC.
En fin, toda una nueva organización burocrática sobre la que correrá el éxito o fracaso de la nueva administración.
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