- Los informes presidenciales desde Guadalupe Victoria
- Por José Antonio Aspiros Villagómez
RedFinancieraMX
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso su cuarto Informe de Gobierno a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, después de haber expuesto lo más destacado del documento durante una ceremonia en el Palacio Nacional.
Así cumplió con el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, donde se establece que el titular del Poder Ejecutivo debe entregar su informe anual cada día uno de septiembre, fecha en que inicia el primer periodo de sesiones ordinarias de las cámaras de diputados y senadores.
Con ese motivo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) divulgó a través del Diario Oficial de la Federación, que el primer antecedente de un Congreso en la historia del país tuvo lugar en 1808, a raíz del movimiento autonomista del Ayuntamiento de la Ciudad de México.
Fue entonces cuando Francisco Primo de Verdad y Ramos, y Juan Francisco Azcárate y Lezama, propusieron que, en ausencia del rey Fernando VII, cautivo de los franceses, los ayuntamientos -que eran “representantes legítimos del pueblo”-, podían asumir la soberanía del reino y convocar a un congreso representativo de la comunidad política novohispana.
La iniciativa -agrega la información del INEHRM- fue sofocada y dio lugar a la permanencia fiel de las autoridades políticas a la soberanía del rey. No obstante, proliferaron las conspiraciones criollas, entre las que destacaron las de Valladolid en 1809 y Querétaro en 1810.
Tras el estallido de la rebelión popular en septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla publicó en diciembre siguiente un manifiesto en Guadalajara donde señalaba la necesidad de formar un Congreso compuesto por representantes de todas las ciudades, villas y lugares de la Nueva España, que dictara leyes en beneficio y de acuerdo con las circunstancias de cada pueblo.
Como es sabido, Hidalgo no pudo lograr este propósito y, tras su captura, proceso y fusilamiento en Chihuahua, la dirección del movimiento insurgente recayó en Ignacio López Rayón quien, siguiendo la encomienda del cura de Dolores, estableció la Suprema Junta Nacional Americana en la villa de Zitácuaro el 21 de agosto de 1811, la cual se erigió como el centro organizador y propagandista de la independencia.
Seguidamente, José María Morelos ascendió como líder de la insurgencia. Al cobijo de sus campañas militares convocó al Congreso de Anáhuac, que promulgó el Acta de Independencia de la América Septentrional en 1813, y en octubre de 1814 emitió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán.
En su capítulo III, ese documento estableció la formación y funcionamiento del Supremo Congreso, y el capítulo IX definió la forma en que debían ser sancionadas y promulgadas las leyes.
Después de estos hechos, el texto del INEHRM da un salto hasta 1823 tal vez porque le pareció políticamente incorrecto, como se dice, mencionar a Agustín de Iturbide, y por ello omitió el dato de que, en los tiempos de la Regencia y el Primer Imperio, una vez consumada la Independencia, también hubo un Congreso. Unicameral, por cierto.
En sus ‘Apuntes sobre la historia del Congreso en México’ (Revista de la Facultad de Derecho de México # 241, 2004), el autor Manuel Ferrer Muñoz comenta que el Primer Congreso de México quedó instalado el 24 de febrero de 1822 (en la catedral metropolitana, según la Wikipedia) y fue el mismo que, casi tres meses más tarde, nombró emperador a Iturbide cuando Fernando VII declinó la corona ofrecida de conformidad con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba.
Pero debido a las demoras de ese Poder Legislativo para promulgar una constitución, y con el fin de frenar una confabulación en su contra, Agustín I disolvió aquel Congreso ocho meses después y creó una Junta Nacional Instituyente, pero lo restauró posteriormente y le presentó su abdicación al trono.
Regresamos con la información del INEHRM según la cual, el primer Congreso Constituyente de la vida independiente de México se instaló el 29 de marzo de 1823 (nada menciona del de 1822) y fue el responsable de promulgar la Constitución Federal de 1824, que en su artículo 67 estableció un periodo de sesiones parlamentarias entre el 1 de enero y el 15 de abril.
En cambio, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 estipuló que el Congreso tendría anualmente dos periodos de sesiones ordinarias; el primero del 16 de septiembre al 15 de diciembre, y el segundo del 1 de abril al 31 de mayo.
Otro Congreso Constituyente, el de 1916-1917, estableció que el Congreso se reuniría el 1 de septiembre de cada año para iniciar el periodo ordinario de sesiones y tratar en ellas los asuntos relacionados con la discusión y aprobación de las leyes, la revisión de la cuenta pública y el presupuesto fiscal, sin prolongarse más allá del 31 de diciembre de cada año.
La Carta Magna promulgada entonces (5 de febrero de 1917) y vigente todavía, dispuso inicialmente que a la apertura de sesiones debería asistir el presidente de la República para presentar su informe de gobierno por escrito. Venustiano Carranza cumplió con ello ese mismo año.
Las bases jurídicas del informe presidencial se remontan a la Constitución de 1824, que establecía en su artículo 120 que los responsables de cada secretaría de Estado –más no el presidente– estaban obligados a dar cuenta de la situación en la que se encontraba su ramo.
Pero a pesar de no tener esa obligación, Guadalupe Victoria acudió ante el Congreso en enero de 1825 y se convirtió así en el primer presidente en rendir un informe, así haya sido sólo para adelantar lo que más ampliamente expondrían después los secretarios de Hacienda y de Guerra y Marina.
“Desde entonces –según el INEHRM–, cada mandatario del país ha presentado el informe de su gestión”, ya de manera obligatoria a partir de la Constitución de 1857, durante la apertura de sesiones del Congreso.
Aunque tal vez no siempre ha sido así. Por ejemplo, Benito Juárez fue presidente entre enero de 1858 y julio de 1972, pero su primer informe de gobierno lo presentó en diciembre de 1867, mientras que entre 1868 y 1871 entregó 15 informes breves, a razón de tres o cuatro por año, según encontramos en el libro La Administración Pública en los Informes Presidenciales (José R. Castelazo, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).
En esas oportunidades, el Benemérito apelaba a “la sabiduría del Congreso para dictar leyes convenientes” y “recomendaba” reiteradamente a los legisladores atender sus iniciativas de ley, entre ellas una para abrir un canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec, y otra para elevar “al rango de Leyes Fundamentales de la Nación”, las leyes de Reforma.
Este 1 de septiembre se cumplieron 40 años de que, en su sexto informe, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca. Otros informes se han destacado de alguna manera, como el primero de Abelardo Rodríguez en 1933, quien tardó más de siete horas -dicen- en leer las cien páginas que llevaba. Su segundo y último informe fue más tranquilo: 30 páginas.
El primer informe difundido por radio fue el de Lázaro Cárdenas en 1936, y el primero televisado, el de Miguel Alemán en 1950. Al menos dos presidentes han sido interrumpidos por algún legislador: a Miguel de la Madrid lo interpeló Porfirio Muñoz Ledo en 1988, y en 1996 Ernesto Zedillo fue interrumpido cuando Marco Rascón, ataviado con una máscara de cerdo, se paró frente a él con unos carteles de protesta.
Por mucho tiempo se conoció como “el día del presidente” cada 1 de septiembre, pues el mandatario en turno hacía un recorrido triunfal desde el Palacio Nacional hasta la Cámara de Diputados, en un automóvil descapotado para que lo viera y vitoreara la gente, y tras la ceremonia recibía de vuelta al Palacio el saludo de políticos, líderes y gente del pueblo seleccionada para ello.
Ese acto cortesano terminó en este siglo XXI, desde que en 2006 Vicente Fox no pudo entrar al salón de plenos porque sus opositores habían tomado la tribuna, y tuvo que entregar su documento en la antesala y luego retirarse. Dos años después fue reformado el artículo 69 constitucional para suprimir la obligación del presidente de acudir en persona, y desde entonces los gobernantes sólo envían su informe por escrito.
El lucimiento del mandatario en turno se concretó desde entonces a una ceremonia en el Palacio Nacional, que este año fue, dicen las notas informativas, ante empresarios y miembros del gabinete, y con poco interés de la gente que rondaba por la Plaza de la Constitución. El mensaje presidencial duró 45 minutos, y la ceremonia completa, una hora.
PD.- Agradecemos al licenciado Jorge A. Ravelo Reyes habernos compartido lo publicado por el INEHRM en el Diario Oficial, y que nos tuvo hasta la madrugada buscando documentar y precisar las apostillas que hemos intercalado para estos Textos en libertad.