- Es de relevancia social saber como fue la adquisición de los terrenos necesarios para el proyecto
- De ese modo se puede valorar la actuación de las autoridades: Ibarra Cadena
RedFinanciera
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) debe buscar y dar a conocer los acuerdos y/o convenios celebrados con el Ejido de Santa Ana Nextlalpan, del Estado de México, por la afectación que ha sufrido desde 2019, debido al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el caso ante el Pleno, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, expuso que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, el municipio de Nextlalpan, junto con los de Zumpango, Tecámac, Jaltenco y Tonanitla recibirán los principales impactos ambientales del proyecto con motivo de su vecindad.
Dijo que el documento señala que, para concretar el proyecto, era preciso llevar a cabo la adquisición de terrenos por un total de mil 284 hectáreas, por lo que “resulta de relevancia social conocer los acuerdos de voluntades que permitieron alcanzar ese objetivo para contar con elementos oportunos y veraces, y poder valorar la eficacia de la actuación de las autoridades en la realización de estas operaciones”.
Asimismo, conocer la información permitirá también cerciorarse de que el ejercicio de recursos públicos fue realizado bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, apuntó Ibarra Cadena.
En respuesta, la Sedatu, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, señaló que no localizó acuerdos y/o convenios sobre el tema.
Inconforme, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que en el primer semestre 2019 el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda sostuvo pláticas con la comunidad ejidal.
En alegatos, la dependencia señaló que hizo una nueva búsqueda en la Unidad de Asuntos Jurídicos y en la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, las cuales señalaron no contar con la información.
La Coordinación precisó que intervino como facilitadora en el proceso de adquisición de tierras que efectúa de manera directa la Secretaria de la Defensa Nacional, como ejecutora del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Al analizar la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, la ponencia de la Comisionada Presidenta, Ibarra Cadena, advirtió que, para su ejecución, se comprarían ejidos del municipio de Nextlalpan y, para ello, se estableció contacto con los ejidatarios, a fin de concretar en asamblea el acuerdo para la adquisición de terrenos adjuntos.
Asimismo, del Segundo Informe de Labores de la Sedatu 2019-2020, se constataron detalles del apoyo que brindó a la Sedena, en la adquisición del suelo estratégico para el proyecto aeroportuario, en Santa Lucía.
Se observó que, al 30 de junio de 2020, se han pagado mil 283 hectáreas, se declararon 128 como terrenos nacionales y estaban en proceso de expropiación concertada 115 de propiedad privada y 14 de propiedad social.
Además, se afirma que la Sedatu otorgó servicios de asesoría y asistencia en asambleas ejidales en Santa Ana Nextlalpan y otros núcleos agrarios y, en ese mismo periodo, se elaboraron 13 convenios de ocupación previa a los ejidos de Santiago Atocan, San Lucas Xoloc y San Francisco Tenopalco, y cinco convenios de ocupación previa en propiedad social.
Así, se concluyó que no existe certeza de la búsqueda realizada por la dependencia, pues se comprobó que no solo llevó a cabo reuniones con ejidatarios de los núcleos agrarios y del municipio de Santa Ana Nextlalpan, también apoyó a la Sedena en la adquisición de suelo estratégico para el proyecto aeroportuario y celebró convenios con diversos municipios.
Bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedatu, a fin de que haga una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas las unidades competentes, sin omitir a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad y la Unidad de Asuntos Jurídicos, y entregue el resultado de la misma.