- Reporteros de la mañanera, Aylén Trejo Leal, el sindicato del cemento y Gobernación, detrás de fabricación de acusaciones en Hidalgo
Red Financiera
ZIMAPÁN, Hidalgo.- La historia de una infamia en Hidalgo comienza a esclarecerse. Nuevas pruebas apuntan a una operación política orquestada para fabricar delitos de abuso sexual con fines de venganza personal y desestabilización electoral. En el centro de esta trama aparecen Aylén Trejo Leal, el sindicato del cemento y sus presuntos vínculos con la Secretaría de Gobernación federal.
Fuentes de alto nivel dentro de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal confirman que Aylén Trejo Leal ha manipulado testimonios de menores de edad, falsificado documentos y firmas, todo en el marco de una controversia por una herencia familiar. Su objetivo no sólo es la persecución personal contra su propio hermano, Arturo Williams Trejo Leal, sino crear un escándalo mediático que incida en el proceso de sucesión del gobernador Julio Menchaca.
Pero el caso va más allá del ámbito familiar. Aylén Trejo Leal ha sido vista recientemente en Zimapán con líderes del Sindicato del Cemento, conocido por sus tácticas violentas y su historial de bloqueos que incluso han paralizado Pachuca. Esta organización sindical, con fuertes nexos en la región, estaría operando para desestabilizar políticamente al estado.
El vínculo con el poder federal también se ha evidenciado. En una reciente conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el reportero Juan Ricardo Montoya fue captado con su teléfono exhibiendo mensajes de WhatsApp con José Neri Ortega, dirigente del sindicato del cemento, y con la propia Aylén Trejo Leal. En las conversaciones se confirma el montaje de acusaciones falsas y se da por hecho que habrá vinculación a proceso contra Arturo Trejo Leal, como parte de una estrategia política de presión y desgaste institucional.
Las revelaciones son graves y exigen una respuesta inmediata. La utilización de menores de edad para fabricar delitos, la manipulación de medios federales y el uso faccioso de las instituciones de justicia y seguridad, no pueden permitirse en un Estado de derecho.
Zimapán se convierte hoy en el epicentro de una red de complicidades que deben investigarse a fondo. La sociedad merece justicia, no montajes.