Se aviva la incertidumbre en México, advierte la IP

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  • El CEESP descalifica la desaparición de órganos independientes
  • Advierte que no hay ningún signo de recuperación de la economía
  • Por Gerardo Flores Ledesma

RedFinanciera

El sector privado del país advirtió que con la eliminación de las empresas de energía y la desaparición de órganos independientes se avivaron los niveles de incertidumbre para las inversiones en México.

Los hombres de negocios en el país aclaran también que el último reporte que habla de una mejoría en el desempeño del PIB en el tercer trimestre, para nada significa un proceso de recuperación, porque prevalece la debilidad de la mayoría de los indicadores económicos.

El Centro de Estudios Económico del Sector Privado (CEESP) subrayó que la posición de privilegio de México por el nearshoring requiere de una política de energía eficiente que las empresas valoran el proceso de inversión productiva.

Sin embargo, los empresarios reiteraron su preocupación creciente con la aprobación de la reforma constitucional que hace que CFE y PEMEX vuelvan a ser empresas públicas, lo que se traduce en una pérdida de su independencia operativa.

En su análisis semanal, el CEESP detalla que durante el tercer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) mejoró su desempeño al reportar un incremento trimestral de 1.1%, una décima de punto porcentual por arriba de su estimación oportuna y su mayor avance desde el último trimestre del 2022.

Y agrega: “No obstante, esto no implica un proceso de recuperación si se aprecia el comportamiento de la mayoría de los indicadores económicos. Incluso, con este resultado, el crecimiento anual de la economía fue de 1.6% que, después de corregirse a la baja, se mantiene muy cerca del menor nivel del rango estimado en Criterios 2025 para todo el presente año (1.5% – 2.5%)”.

Con base en esta corrección de datos, es probable que al cierre del presente año la economía crezca ligeramente por arriba de 1.5%, aunque eso no significa una mejora significativa cuando las necesidades del país son crecientes en materia de inversión, crecimiento económico, empleo y bienestar de las familias.

Destaca el organismo empresarial que el proceso de relocalización no debe ser tomado a la ligera dada la relevancia que puede tener para estimular el crecimiento y el bienestar de la población.

Al demandan seguridad en las inversiones, el CEESP precisa que es fundamental una política de energía eficiente que garantice la seguridad en la generación, transmisión y distribución de electricidad y la disponibilidad de hidrocarburos a lo largo de todo el territorio nacional, aspectos que las empresas valoran considerablemente en el proceso de inversión productiva.

Aclara que “la responsabilidad de esto recae en el Gobierno Federal, más aún ahora que se aprobó la reforma constitucional en materia de empresas y sectores estratégicos, que hace que CFE y PEMEX dejen de ser empresas productivas del estado para retomar su lugar como empresas públicas, lo que implica que pierden su independencia operativa. Esto supone que la responsabilidad financiera de estas empresas vuelve a ser del Gobierno Federal”.

Se puntualiza que “la perspectiva de estas empresas se debilita cuando a pesar de la necesidad de mejorar su operación no se percibe un impulso importante para el próximo año. Limita la participación privada que puede ser un factor importante para su mejora productiva como para un ambiente más atractivo para la inversión”.

Insiste el CEESP en que en un entorno en el que la actividad económica no muestra señales de una mejora importante para el próximo año, tampoco se perciben indicios de un estímulo a la inversión productiva.

Y concluye: “Limitar la inversión en actividades tan relevantes para impulsar el crecimiento como las de energía, solo abona a la incertidumbre, inhibiendo, a pesar de las condiciones geográficas del país, la llegada de nuevas empresas extranjeras y más cuando la percepción de un país de reglas claras se empieza a nublar ante la aprobación de leyes que atentan contra la división de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades”.