- Es necesario formar especialistas que sepan cómo llevar a cabo un proceso penal acusatorio adecuado
RedFinancieraMX
En diciembre del año pasado, debido a los altos índices de inseguridad pública e impunidad que se viven en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ampliar el catálogo del de delitos que ameritan la “prisión preventiva oficiosa”; aplicándolo también a delitos en materia electoral y de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, violencia sexual contra menores, robo a transporte de carga, desaparición forzada, ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
A pesar de las buenas intenciones, dicha medida cautelar, en la que se mantiene detenida en prisión a la persona imputada de haber cometido un delito, independientemente de si existen -o no- pruebas fehacientes en su contra, aumenta la posibilidad de que se castigue a personas inocentes; esto además de aumentar la población penitenciaria, agravando la precaria situación que ya se tiene en los penales del país.
A pesar que desde el año 2008 fue introducido el “proceso penal acusatorio” (juicio oral) en nuestra Constitución, con la idea de que las personas pudieran ser procesadas gozando de su libertad, “a 10 años de distancia se siguen presentando problemas que vinculan y mantienen en prisión a los acusados”, señaló en entrevista el Dr. Enríque Díaz-Aranda, presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
El también coordinador del Diplomado Estratégico en Proceso Penal Acusatorio, impartido por la UDLAP Jenkins Graduate School, asegura que “aún en delitos que no ameritarían ningún tipo de medida cautelar, una mala praxis de los fiscales y ministerios públicos hace que la prisión preventiva se imponga de forma automática y errónea”.
Aunado a esto, “los datos que llevan falsamente a considerar cúal es el delito cometido, muchas veces desembocan en un juicio oral donde las pruebas no demuestran nada”.
“Y así se esté juzgando a un criminal ya declarado culpable, no es lo mismo ser sentenciado a 12 años que a 24, por culpa de una mala práctica jurídica”.
Hoy más que nunca, apuntó, “es necesario formar especialistas que sepan cómo llevar a cabo un proceso penal acusatorio adecuado; tomando en cuenta qué es lo que los jueces van a considerar al momento de resolver dicho proceso”.
“Como abogados, necesitamos saber cómo se lleva adelante una carpeta de investigación, cómo se formula la imputación, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la vinculación o para dictar una medida cautelar, cómo se realiza la audiencia de juicio oral, de qué manera se resuelve una ejecución de sentencia, etcétera”.
Inclusive, finalizo diciendo, “necesitamos saber cuáles son los derechos humanos que pueden ser violentados durante el proceso y que pueden dar lugar a un amparo”.