- Hay un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas
- Incertidumbre con los cambios a leyes minera y en materia administrativa
- Por Gerardo Flores Ledesma
RedFinanciera
El sector privado del país rechazó la narrativa oficial de que todo “va muy buen”, porque los resultados de este gobierno evidencian un grave deterioro de la economía real y hay signos importantes de insostenibilidad tributaria hacia el futuro, con un alto déficit fiscal, gastos rígidos a la baja y reservas precautorias agotadas.
Además, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subrayó que la iniciativa de cambios a la Ley Minera genera incertidumbre y la relativa a disposiciones en materia administrativa amplía la discrecionalidad de la autoridad en asignación y licitación de contratos, en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión.
En su análisis, el CEESP puntualizó que la economía real no crece lo suficiente y la inversión está muy rezagada, al tiempo que los resultados en términos de bienestar social han sido negativos y las presiones fiscales se acumulan.
El cambio de actitud del gobierno frente a la inversión productiva nacional y extranjera es indispensable para aprovechar la relocalización al máximo.
El organismo empresarial hace hincapié en que “la narrativa del gobierno acerca de la economía es confusa”, porque afirma que “va muy bien” y para ello se basa en la estabilidad del tipo de cambio, la supuesta ausencia de endeudamiento público y datos parciales de recuperación de los registros en el IMSS como indicador del empleo.
Sin embargo, ignora la falta de crecimiento, el rezago de la inversión y la resistencia a la baja de la inflación subyacente, entre otros problemas.
El CEESP reiteró que la estabilidad macroeconómica y la aparente solidez del tipo de cambio se deben a la debilidad de la demanda agregada interna -la suma del consumo y la inversión nacional-, que genera un déficit de la cuenta corriente reducido y el significativo diferencial de las tasas de interés internas frente a las del resto del mundo.
Agrega que la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) es lenta y que el registro de 2022 está por debajo del 2018.
Señala que la recuperación ha sido más lenta que en todas las economías emergentes de tamaño comparable. En términos per cápita, el PIB está 5% por debajo de su nivel de 2018.
La inversión, el motor que impulsa el PIB de forma sostenible, en 2022 fue menor en más de 8% a la de 2018.
Precisa que “hasta ahora, los resultados en términos de bienestar social han sido negativos: menor cobertura y calidad de los servicios de salud, más pobreza, menos calidad de la educación y mayor inseguridad pública, entre muchas otras deficiencias”.
Y añade: “Todo ello ha sido acompañado de un daño infringido a numerosas e importantes instituciones del Estado, cuyo valor es el de su autonomía y el contrapeso a las políticas públicas, y de numerosas medidas y posiciones y acciones de la administración que violentan los acuerdos con nuestros principales países socios y, así como la certidumbre y la seguridad jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras”.
Aclara que las presiones fiscales se han acumulado al agotarse los recursos precautorios del erario, con el alto nivel de gasto principalmente dedicado a transferencias incondicionadas, con proyectos de inversión y rescates a líneas de actividad de empresas públicas sin rendimientos sociales claros, cuando los ingresos públicos han crecido menos que en periodos anteriores.
Se precisa que las iniciativas de para la modificación de la Ley Minera y de la de diversos cambios a disposiciones en materia administrativa lanzan mensajes negativos hacia la inversión, porque generan incertidumbre sobre las concesiones, ya que se restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, la duración de las mismas se reducen de 50 años actuales a 15, con posibilidad de solo una prórroga, y se establecen obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes.
Por su parte, la iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.