- También provocan que no sea el DIF sino la Secretaría de Bienestar la que se encargue de ello
RedFinancieraMX
También pide que el mecanismo no sea parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y establecer, por medio de la Secretaría de Bienestar, los lineamientos de los requisitos a cubrir por las o los particulares que pretendan brindar los cuidados a los menores en dicho programa, y las sanciones que se aplicarían a madres, padres o tutores de los beneficiarios que hagan mal uso del apoyo económico.
Solicitar al Ejecutivo federal que autorice la operación de estancias infantiles que no participaron en actos de corrupción y generar una identificación como estancias infantiles de confianza y seguras, avaladas por la Secretaría de Bienestar.
La legisladora refirió que recientemente el gobierno federal decidió modificar el esquema de operación de las estancias infantiles, el cual implica que la entrega de los recursos destinados a este programa se haga directamente a madres y padres beneficiarios, pero “no garantiza quién se hará cargo de revisar el cuidado de las y los menores y tampoco un esquema que garantice la evaluación y revisión de las personas que tendrán a su cargo el cuidado de las y los niños.
Consideró que las bases del programa se contraponen con lo establecido referente a la corrupción de las estancias infantiles, en el sentido de poner como opción las que han infringido las reglas de operación del programa correspondientes a 2018, “ya que si bien es cierto que no todas presentaron condiciones de corrupción, no advierten un método sobre la identificación de las que sí cumplieron lícitamente en sus servicios”.
González Castañeda subrayó que la Secretaría de Bienestar omite garantizar el aseguramiento de los menores hijos e hijas de las madres trabajadoras, “al no proponer un sistema que garantice la vigilancia y protección para los menores que sus madres hayan optado por dejarlos al cuidado de un familiar o persona de su confianza, violando con esto el interés superior del menor, consagrado constitucional e internacionalmente”.
Ante ello, la legisladora expresó su preocupación, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el delito de violación sexual en contra de menores alcanza a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil menores, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5 mil 89 casos por cada 100 mil menores y adolescentes.
En 6 de cada 10 casos de abuso sexual contra niños el agresor es un familiar directo; el incesto ocurre en todos los tipos de familia. De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de menores son familiares, luego maestros y después sacerdotes: en 30 por ciento, abuelos o padrastros; 13, tíos; 11, padres biológicos; 10, primos; 8, vecinos; 7, maestros; y 3, hermanos”.
Consideró que se tiene que salvaguardar el interés superior de la niñez, y el Poder Ejecutivo federal debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los actos de corrupción relacionados con un programa que beneficia directamente a niñas y niños del país.