- Por Javier Divany Bárcenas
RedFinancieraMX
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados promoverá una iniciativa para dar protección a víctimas indirectas de feminicidio, principalmente niños y niñas; en tanto el PT en el senado buscará que también se proteja a los niños y niñas afectadas por la pandemia del COVID-19.
La diputada del PRI, Laura Isabel Hernández Pichardo, dijo que la orfandad en México requiere atención y visibilidad por parte del Estado y solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga un exhorto a los Congresos en los estados, a fin de regular, fortalecer y armonizar la legislación en materia de protección a víctimas indirectas del feminicidio.
Mediante un Punto de Acuerdo, también pidió que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) hagan públicos los avances del protocolo nacional de ayuda a menores de edad en condiciones de orfandad por el delito de feminicidio.
“Es urgente que las instituciones del Estado garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes cometidos contra mujeres; conocer el progreso del protocolo de atención integral a los huérfanos del feminicidio; e invitar a los Congresos locales a que adopten dicho protocolo e implementen medidas legislativas para salvaguardar los derechos de los menores en situación de orfandad”, reclamó.
La diputada pidió no olvidar que muchas mujeres madres de familia son el único sustento económico de su hogar, esenciales para continuar el desarrollo de sus hijos en los distintos ámbitos, como educativo, social y familiar; por ello, alertó que es preocupante que en 18 entidades federativas las leyes locales no prevean la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.
Exigió que a partir de hoy se lleve a cabo un censo que revele el número exacto de menores sin padres como resultado colateral de la violencia contra las mujeres; tan solo en 2019, Inmujeres reportó que en 26 estados había 796 huérfanos por el delito de feminicidio y en 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres mil 723 asesinatos de mujeres, pero reconoció que sólo 969 fueron investigados como feminicidios, a pesar de que la estadística indica al menos 10 muertes de mujeres por día, lo que representa decenas de familias destruidas.
Hernández Pichardo evidenció que México se ha enfrentado a la violencia de género en 2019, 2020 y 2021 con el “Ya chole” del Ejecutivo Federa y la disminución o desaparición de programas de protección para la seguridad de las mujeres, aunado a ello, una pandemia que vulneró aún más a las féminas que sufren violencia o bien la enfermedad por Covid-19, que terminó con la vida de muchas madres jefas de familia.
En tanto, en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos de la Torre y Miguel Ángel Lucero Olivas del Partido del Trabajo, proponen a través de un punto de acuerdo, brindar apoyos y ayuda a los menores de edad que han quedado en una situación de vulnerabilidad, por haber perdido a uno o ambos padres por la Covid-19.
Aseguraron que a través de una base de datos se podría canalizar ayuda para niñas, niños y adolescentes, por medio de los distintos programas sociales del Gobierno Federal y los gobiernos locales.
La consolidación del registro, precisaron, estaría a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de las procuradurías locales de protección de los infantes.
De igual forma, exhortaron a la Secretaría de Bienestar y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que atiendan a la brevedad a los menores que han quedado en orfandad, y les faciliten los bienes y servicios que requieran para preservar el interés superior de la niñez.
Señalaron que México no tiene un registro oficial de niñas, niños y adolescentes, como resultado de la muerte de su padre o madre o incluso los dos, a causa de la pandemia.
La repentina muerte de los padres, señalaron los legisladores, deja a los hijos en estado de indefensión y tiene entre otras consecuencias la deserción escolar, el incremento del trabajo infantil y, en los casos más graves, ha llevado a algunas personas menores de edad a vivir en condición de calle.