- Urge alertar sobre el riesgo sanitario que significa y detener y sancionar a los responsables
- Por Javier Divany Bárcenas
RedFinanciera
Tras la publicación del periódico The Wall Street Journal que reveló que Pfizer había encontrado versiones falsas de sus dosis antiCovid en México y Polonia, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, llamó a las autoridades federales investigar esta información, ante el riesgo sanitario que significa y detener y sancionar a los responsables.
Los legisladores exhortaron a los titulares de Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Salud y de la Función Pública, a realizar una amplía y extensa investigación para sancionar a quienes trafiquen con la vacuna contra el Covid-19 en territorio nacional.
Mediante un punto de acuerdo presentado ante la comisión permanente, los diputados perredistas pidieron determinar, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes trafiquen con el antígeno contra el SARS-CoV2 y lucren con la salud de los mexicanos.
La bancada perredista señaló que en la segunda quincena de abril, el periódico The Wall Street Journal reveló que Pfizer había encontrado versiones falsas de sus dosis antiCovid en México y Polonia.
Dicha información se refiere a 80 vacunas falsas aplicadas en una clínica en Monterrey, y que en las pruebas que realizó el laboratorio se encontró que carecían de ingredientes clave en su fabricación, que fueron sustituidos por ácido hialurónico, un hidratante usado para tratamientos de la piel.
Detallaron que fue la vacuna Pfizer la primera en aparecer en el mercado negro en México. Ello, a partir de la revelación de un empresario cuando, a principios de enero, le ofrecieron en 100 mil pesos cada dosis, por lo que la aplicación completa le costaría 200 mil pesos.
Recordaron que el gobierno es el único que adquiere, administra, distribuye y aplica las vacunas en México, por lo que también es quien controla las vacunas, decide a quién y por qué se las va a aplicar, lo cual, no es un delito porque no tienen ningún costo, argumentaron.
Refirieron que lo que sí constituye un delito es que se roben dosis compradas por el gobierno con dinero de contribuyentes para ofrecerlas en el mercado negro, como aparentemente se hizo con vacunas de Pfizer, Sputnik V y CanSino; y que, bien pudo destinar, este tipo de vacunación a funcionarios y personalidades que algunos secretarios de Estado propusieron para esas listas VIP.
Agregaron que se está utilizando la necesidad de vacunarse por tres rutas de acceso diferentes: una es la de la vacunación VIP, manejada por el gobierno por las razones que establezca; otra es la falsificación de dosis, como sucedió con las inoculaciones en Nuevo León, que es delito penal; y la tercera, es la venta ilegal de medicamentos verdaderos, por lo que es urgente prevenir este tipo de situaciones y castigar a todos los responsables.