- Riesgo de que varias empresas abandonen inversiones y salgan del país
RedFinancieraMX
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el bloqueo de vías ferreas que desde hace 15 días realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y las huelgas en 45 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, han generado pérdidas diarias por 2 mil 200 millones de pesos.
El líder empresarial advirtió que la mitad de los insumos que utiliza la industria automotriz, acerera y agroindustrial se mueve por ferrocarril y mencionó que la situación podría provocar una menor confianza en las empresas para realizar inversiones en el país.
El presidente del CCE pidió que se haga valer el Estado de Derecho y subrayó que es un “chantaje” lo que está haciendo la CNTE en Michoacán.
Sobre la baja en la calificación a la deuda de Pemex, confió en que no se contamine el resto de la deuda del país.
El caso Matamoros
Como se recordará, desde el pasado 25 de enero el Sindicato el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) declaró la huelga en plantas de maquiladoras de Matamoros, al exigir un aumento salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos por trabajador.
De acuerdo con Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Index), esta situación pone en situación de deterioro a la mayoría de las empresas y se corre el riesgo de que estas abandonen no sólo dicha ciudad sino incluso el país.
Expuso que la exigencia salarial en las plantas de Matamoros se puede extender a maquiladoras ubicadas en otras ciudades de la frontera norte, porque el problema se originó por una mala interpretación y manipulación del sindicato, luego del decreto presidencial mediante el cual se anunciaron incrementos salariales.
Las huelgas desde el viernes 25 de enero se localizan en 45 empresas maquiladoras de Matamoros, entre ellas 13 de la industria automotriz, con 21 mil trabajadores, que deben ser atendidas por las autoridades federales laborales.