- El impuesto criminal
- Por Ricardo Contreras Reyes
RedFinanciera
El cobro de piso, extorsión y amenazas a los comerciantes del país sigue siendo el pan de todos los días. Actualmente abarca dos terceras partes del territorio nacional.
Lo preocupantes es que se ha normalizado y el pago a la delincuencia organizada forma parte del gasto corriente de los negocios y empresas. Este cáncer crece exponencialmente ante la mirada omisa o inepta de las autoridades, municipales, estatales y federales.
Líderes empresariales señalan que es difícil cuantificar las ganancias mensuales que obtienen los extorsionadores, que en su mayoría actúan de la mano con el crimen organizado.
Productores de aguacate y limón en Michoacán; de piña y mango en Veracruz; de café y plátanos en Chiapas (por citar algunos ejemplos), han asumido el costo de la extorsión como parte de su gasto corriente, pero al final, el gasto ejercido se lo cargan al consumidor, a esto se le conoce como el Impuesto Criminal, señala Gerardo López, Presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (CONCOMERCIO).
En pocas palabras, se trata de pagar para producir, trasladar y comercializar sus productos. El consumidor final es el que paga “los platos rotos”.
El cobro a los negocios depende del “tamaño del sapo”, la cuota siempre tendrá una variación de acuerdo al tamaño y al número de empleados de la empresa, la tarifa puede oscilar entre $2 mil hasta $50 mil pesos mensuales.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que dirige Cuauhtémoc Rivera, lamenta que sea el propio Presidente López quien reconozca que la extorsión no se haya podido controlar en el país. Hace días en Coatzacoalcos, Veracruz, los delincuentes quemaron algunos comercios, “esto nos habla de la gravedad del asunto”.
“En resumen, este crimen golpea todo el tejido económico y lo más grave es que nos encontramos en un punto de inflexión en donde la sociedad está a un paso de capitular este delito y aceptarlo como un algo normal, como un mal irremediable”, señala Rivera.
Nadie se salva: torterías, estéticas, tortillerías, talleres de bicicletas, tintorerías, tiendas de abarrotes. En Ciudad Neza (Estado de México), el dueño de una lonchería “bajó la cortina” y se instaló en otra colonia, los “malandros” rastrearon su nueva dirección y las amenazas aumentaron.
En la CDMX, las alcaldías donde creció la extorsión son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y Venustiano Carranza, señala Gerardo López.
- DESORDEN Y COMPLICIDAD DE AUTORIDADES EN LA GAM
Vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero continúan exigiendo a sus autoridades locales que pongan “mano dura” ante el desorden que provocan algunos habitantes del Pueblo de San Juan de Aragón, porque cada vez que organizan una celebración religiosa o “pagana”, las fiestas duran hasta dos semanas, venden micheladas y “azulitos”, fomentan el alcoholismo y encienden cohetones que generan una excesiva contaminación auditiva y ambiental. Los fines de semana instalan juegos mecánicos y puestos de comida sobre la Avenida San Juan de Aragón, (que conecta al oriente con el Estado de México y al poniente con puntos importantes de la CDMX), invaden el carril del Metrobús de la Línea 6 e interrumpen el tránsito desde Eduardo Molina hasta la terminal Villa de Aragón. Pese a las denuncias ciudadanas, la alcaldía de extracción morenista hace caso omiso, le importa más la clientela política que poner una solución. La exigencia también va dirigida para el nuevo alcalde, que próximamente tomará el mando, señalan los afectados.
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