- La renuncia de Germán Martínez alertó a los mexicanos de una catástrofe
- Por José Vilchis Guerrero
RedFinancieraMX
Si en lugar de hacer mofa de Germán Martínez Cázares por “haberse rendido a las primeras de cambio” el Presidente Andrés Manuel López Obrador le hubiera dado oportunidad de reunirse con él para conocer lo que después trascendió en la carta de renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. De otra forma, los mexicanos no nos hubiéramos enterado de la tragedia de miles de pacientes expuestos a morir por falta de equipos, médicos y medicinas, por los constantes recortes presupuestales a la institución.
En su carta de renuncia, Germán Martínez Cázares señala: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano” y denuncia que algunos funcionarios de Hacienda realizan una “injerencia perniciosa” en el Instituto. Más que perniciosa, inmoral, pues no hay camas, ni equipos, ni espacios no sólo en clínicas y hospitales del IMSS, sino también en los públicos del sector Salud, donde es evidente la escasez de medicamentos e insumos. Y médicos que han sido despedidos en brutales recortes de personal, para ahorrar recursos públicos.
El 11 de diciembre del año pasado, Germán Martínez informó que el IMSS tendría ajustes de 4 mil 218 millones de pesos para el ejercicio de 2019, y aunque aclaró que el recorte no comprometería la compra de medicinas, material de curación, infraestructura o contrataciones de personal médico, el martes 21 de los corrientes constató que esos recortes, a cero pesos en algunos casos, pusieron en riesgo de morir a cientos de niños con cáncer y personas afectadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). Y otros, afectados por diversas enfermedades.
Un subsecretario de la SHCP –no importa su nombre- explicó que la autora de los criminales recortes al presupuesto del IMSS y a los demás del sector público, los decidió la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro Sánchez, con quien tuvo diferencias Martínez Cázares, porque no fluían los recursos fiscales para solventar el gasto corriente del personal médico, la compra de medicamentos, insumos y mantenimiento de las clínicas y hospitales, la mayoría con total saturación.
Aún antes de que López Obrador asumiera como titular del Ejecutivo, la SHCP se convirtió en el núcleo de las compras del gobierno y de asignar los recursos presupuestales para ese propósito. En la ratificación de su cargo el 12 de diciembre en el Senado, Buenrostro Sánchez declaró que no se iban a centralizar las compras, sino establecer un marco regulatorio que permita un ejercicio transparente de los recursos públicos para evitar la discrecionalidad, que en el sexenio anterior fue la vía del enriquecimiento ilícito de los responsables de las instituciones de salud pública y secretarías de gobierno.
Al hacer en diciembre el anuncio del recorte inicial al presupuesto del IMSS, Germán Martínez explicó que esta decisión fue tomada por el Consejo Técnico del Instituto “con la finalidad de cumplir con el programa de austeridad republicana del gobierno federal”. Precisó: “Este ajuste se conseguirá en los rubros de servicios personales, de gasto corriente y de ahorros del propio instituto, éste es un monto similar al gasto anual de la Secretaría de Turismo”, precisó.
Con visible buena fe, Martínez Cázares aclaró que esta medida no comprometía la compra de medicinas, material de curación, infraestructura ni el gasto para conservación de inmuebles y hospitales, y tampoco la contratación del personal médico. Pero a medida que avanzaron los primeros meses de este año, ocurrió justamente lo contrario. No sólo en el IMSS, también en el resto de los hospitales y los once institutos nacionales del Sector Salud, donde hay un criminal ajuste que impide su funcionamiento para conservar la salud de miles de usuarios.
Comenta en la carta que el presidente López Obrador “proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”.
Martínez Cázares denuncia el fondo político de los incongruentes recortes: “algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde, por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.
“Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo“. Éste es, en pocas palabras, el diagnóstico brutal de cómo están las cosas en el IMSS y el Sector Salud.
“Ese control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor ‘gasto de bolsillo’ de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento”, agregó.
Germán Martínez Cázares concluye en su carta: “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. A ver si el sucesor, Zoé Robledo, resuelve el desajuste. Pero esta misma situación se vive en todo el sector público. Un alto funcionario de la Secretaría de Economía dijo a Nigromante que también en esa dependencia hubo un recorte similar al del IMSS. “Pero esta situación prevalece en todas las secretarías, hay recortes de personal todos los días”. En la Secretaría de Educación hay ya en puerta otra renuncia por los mismos motivos: la de Gilberto Guevara Niebla, la cual, afirma Raymundo Rivapalacio, se esperaba para junio.
Están pendientes medidas drásticas para combatir la corrupción. La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes.
La SFP anunció, sin dar nombres, que inhabilitó a dos funcionarios de alto nivel de Pemex durante el gobierno anterior por 10 y 15 años y multó a uno de ellos con 620 millones de pesos (unos 33 millones de dólares). “Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos”, dijo la SFP. De ese monto fue la multa aplicada. Pero la fuente precisó que Lozoya no fue multado.
Pemex compró Fertinal durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en una operación muy cuestionada por haber adquirido una empresa que operaba muy por debajo de su capacidad a un precio muy alto. La petrolera, que era dirigida por Lozoya cuando se efectuó la compra, dijo en su momento que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en Baja California Sur.
Lozoya también es investigado por supuestamente haber recibido cinco millones de dólares de la brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto. El exfuncionario ha clamado varias veces su inocencia. Documentos secretos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestran que los 5 sobornos de Odebrecht fueron entregados a Lozoya a cambio de que directivos de Pemex le allanaban el camino a la constructora brasileña para obtener una asignación directa por mil 436 millones de dólares en la refinería de Tula, escribió Raúl Olmos, de MCCI, el 18 de mayo de 2018. Los datos fueron clasificados por Pemex como información reservada hasta el año 2021.
Es obvio que todos estamos de acuerdo en combatir la corrupción, pero los ahorros mal planeados o sin fundamento ponen en riesgo la vida de pacientes en hospitales del IMSS y del Sector Salud. Los recortes a este sector son inmorales.