- Ponerlos bajo la tutela del gobierno genera incertidumbre económica
- Por Gerardo Flores Ledesma
RedFinanciera
El sector empresarial del país hizo un llamado al gobierno federal para que evite trasladar a los órganos autónomos e independientes bajo su tutela, ya que su actitud permisiva, solo genera incertidumbre en la economía y malas prácticas.
En su más reciente análisis, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) subraya que el proceso de relocalización (nearshoring) puso a México en el lugar más favorable del mundo y para aprovechar sus beneficios es fundamental la existencia de órganos autónomos que aseguren un ambiente de legalidad.
Aclara que la insistencia del gobierno en desaparecer los órganos autónomos e independientes solo limitará su función a los deseos del gobierno.
Agrega que un ambiente de negocios idóneo requiere de órganos autónomos e independientes que propicien las mejores condiciones de mercado.
Se afirma que “sin inversión pública que realmente incida en la actividad productiva y en proyectos con alta rentabilidad social y económica simplemente se inhibe el interés por invertir por parte del sector privado, lo que limita la competitividad del país y retrasa cualquier propósito de crecer”.
El CEESP resalta que la falta de una infraestructura suficiente y moderna que reduzca significativamente los costos de transporte y de una política de energía eficiente que garantice la operación del sector productivo han hecho más cautelosa la inversión.
“Sin embargo -añade-, es un hecho que la condición necesaria para la prosperidad es un Estado de Derecho que garantice reglas claras y justas que impulsen la inversión productiva a través de una regulación eficiente que estimule la operación de las empresas ya establecidas, la creación de nuevas, especialmente MiPymes, así como a los nuevos emprendedores”.
El sector privado insiste que “es fundamental la existencia de órganos autónomos que se ocupen al máximo de la vigilancia e instrumentación de las políticas necesarias que aseguren un ambiente de legalidad. Esto no solo beneficia a la inversión sino a toda la población puesto que facilita un entorno de mayor empleo formal y mejor remunerado, mayor seguridad pública, un eficiente sistema de salud y educación, así como de menor corrupción y mayor transparencia, entre otros factores de importancia”.
Explica el CEESP que la oposición del gobierno a los órganos autónomos y antagonismo a la participación en sectores estratégicos por parte del sector privado han complicado seriamente la posibilidad de lograr un ambiente mucho más amigable para la inversión.
Y puntualiza: “La insistencia en desaparecer los órganos autónomos e independientes para redirigir sus responsabilidades a las secretarías de estado solo limitará su función a los deseos del gobierno. Sin duda la incertidumbre crece en este entorno y las expectativas de crecimiento se debilitan aún más”.
El CEESP indica que el gobierno de López Obrador argumenta que quiere evitar el dispendio de recursos, la duplicidad de funciones y propone mejorar y modernizar la gestión pública, con la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para trasladar sus funciones a la Secretaría de Economía (SE), así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para enviar sus asuntos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Se busca que las labores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) queden a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) quede bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública.
El CEESP señala que, entre otros cambios que afectarán la certidumbre de la economía y las inversiones, sobresale los sindicatos pasen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que la autoridad sobre organismos reguladores del sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la ejercerá la Secretaría de Energía (SENER).
Se aclara que “evidentemente esto deja a discreción del gobierno cualquier decisión que se pueda relacionar con acciones encaminadas a estimular el crecimiento y bienestar”.
Agrega que “la existencia de un ambiente de negocios poco atractivo en el que prevalezca la falta de transparencia, una regulación ineficiente, un sector de energía débil, un sector educativo deficiente, sin duda pueden ser causa de un aumento significativo de la incertidumbre, mayor cautela de la inversión, y un menor optimismo sobre la evolución de la actividad económica”.
Y concluye: “El debilitamiento de la actividad económica como resultado de un entorno como este, además de desaprovechar la oportunidad que ofrece el nearshoring, inhibe cualquier otra intención de invertir”.