- También expresó su confianza en que esta sea la mejor en la materia
RedFinancieraMX
La Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, que está en elaboración, contribuirá al fortalecimiento de la vida democrática de México, sostuvo el diputado Juan Carlos Soto Ibarra, quien también expresó su confianza en que esta sea la mejor ley en la materia y que sirva de modelo para otras entidades.
El legislador, organizador del décimo foro para la creación del nuevo ordenamiento, convocado por la Comisión de Participación Ciudadana de la 60 Legislatura mexiquense, también se dijo convencido de la importancia del papel de la ciudadanía interesada y activa en los asuntos de interés público.
En su intervención, la diputada Lorena Marín Moreno (PRI), presidenta del órgano parlamentario convocante, afirmó que la consulta ciudadana es uno de los instrumentos de participación que será incluido en el proyecto legislativo, además de todos aquellos que sean demandas recurrentes de los ciudadanos durante los foros que se llevan a cabo en todas las regiones del estado. Manifestó además su intención de que están ley se materialice en la actual Legislatura.
Con los foros para la creación de la Ley de Participación, las y los diputados de la Comisión buscan que el marco jurídico en construcción responda a las exigencias de los mexiquenses ofreciéndoles mejores canales de comunicación con el gobierno, para acceder a mejores niveles de bienestar, explicó.
Dijo que en los sistemas democráticos la participación política es un derecho ciudadano y un componente esencial para su funcionamiento, por lo que, mediante instrumentos de participación, la ciudadanía puede elegir a sus gobernantes y representantes, ejercer influencia sobre los funcionarios y comunicar sus demandas.
El legislador Mario Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) precisó que con este foro se busca sentar las bases para que, jurídicamente, todas las personas con injerencia en el gobierno tengan la obligación de escuchar a los ciudadanos, es decir, “hacer factible la participación ciudadana y que esto quede plasmado en una ley”.
Manifestó su deseo de que los Consejos de Participación Ciudadana dejen de ser “figuras decorativas” y sean verdaderamente considerados en la toma de decisiones de gobierno.
En este sentido, estimó importante incluir en la ley que esos consejos no se integren con militantes de ningún partido político.
El legislador Gutiérrez Cureño también se propuso para organizar un foro más en el municipio de Ecatepec, por lo que el número total de foros será de 21.
Juan Emanuel García Juárez, ponente del foro, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que la participación ciudadana debe entenderse como la forma en que un ciudadano se relaciona tanto con los gobiernos municipal y estatal, como con la Legislatura, para impulsar leyes.
Para que la ley impacte y tenga la simpatía de los ciudadanos, destacó, deberá incluir mecanismos reales de participación y no simulaciones que sirvan únicamente para legitimar los intereses de los gobernantes. Aseguró que será necesario eliminar candados a esos instrumentos para que su aplicación sea efectiva, y señaló que la ley debe coadyuvar a recuperar la confianza ciudadana.
Javier Rodrigo Rojas Belmonte, docente en la Universidad La Salle, señaló que una función de las organizaciones de la sociedad civil es vigilar y ser contrapeso ante las acciones de los gobiernos y advirtió que, pese a que en un régimen democrático el diálogo, la equidad, la inclusión y el consenso son fundamentales para el desarrollo, sigue sin darse la relevancia que merece la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, y reveló que de las 39 mil organizaciones que existen actualmente en México, una gran cantidad de ellas están desapareciendo.
Los asistentes plantearon, entre otras propuestas, que los integrantes de los consejos de participación ciudadana no sean militantes de ningún partido político; que tengan la facultad de vigilar la correcta aplicación de los recursos por parte de las administraciones municipales; que la ley incluya mecanismos para agilizar los trámites para la creación de las organizaciones de la sociedad civil; que los ciudadanos y los pueblos originarios sean consultados en las decisiones del gobierno, y que se les dé seguimiento a las iniciativas ciudadanas.