- Costo político de L-12 es para AMLO
- Por Gregorio Ortega Molina
RedFinancieraMX
*¿Alguna autoridad exigirá la revisión de los contratos originales, el primer proyecto y las modificaciones que sufrió -o impusieron- en el camino, que deben estar avaladas por responsables, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de la constructora?
La premisa es una: la catástrofe que costó la vida de 26 personas, más de 70 lesionados y, otra vez, las horas hombre perdidas en los traslados entre el hogar y el trabajo, más la certeza de que los afectados son esos electores del México bueno y sabio, fieles a AMLO, dan una dimensión política a la tragedia, por lo que nunca sabremos la verdad.
Desde la noche del último tres mayo hasta que durante el transcurso de una mañanera se dé por zanjado el asunto, leeremos muchas verdades a medias y más mentiras verdaderas que durante los últimos 53 años (1968-2021). Como están parados en su original y desviada moralidad e insisten en no ser los mismos, aunque ahora les es imposible culpar a los gobiernos del pasado, todo concluirá como está a punto de cerrarse el capítulo de Emilio Lozoya Austin.
Hay una aduana que determinará “su muy particular verdad histórica sobre lo ocurrido con la L-12”. Los resultados electorales del seis de junio señalarán la ruta a seguir. De no lograr Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no obtener todas las gubernaturas soñadas, querrá darse un respiro el presidente de la República y, posiblemente, se disponga a sacrificar a su alfil mayor: Marcelo Ebrard.
De lograrse los resultados anhelados, para AMLO todo será coser y cantar; sobre su “autoridad moral” montará el escenario para culpar a alguno de los pequeños subcontratistas, si los hubo, y a funcionarios menores de los tres últimos gobiernos de la Ciudad de México. Los corresponsables de la construcción, y los responsables del mantenimiento.
Las consecuencias de cualesquiera de las dos opciones que se vean obligados a seguir serán graves, porque estarán condicionadas por la gran meta electoral de 2024. ¿Cuántos meses costará restablecer el servicio de la Línea 12, con toda la seguridad requerida? ¿Deberán desaparecer el tramo elevado, para hacerlo subterráneo? ¿Retomarán la opción de los neumáticos, lo que implica cambiar las vías?
De perder la mayoría calificada y ni siquiera quedar como primera minoría, el panorama para el presidente López Obrador se hace más complejo, porque su aspiración a prolongar su mandato se verá truncada al imposibilitarse la consulta popular a modo, y el juicio a los expresidentes podría obligarlo a romper su acuerdo con EPN, quien ha de tener todas las veladoras encendidas.
¿Alguna autoridad exigirá la revisión de los contratos originales, el primer proyecto y las modificaciones que sufrió, o le impusieron, en el camino, que deben estar avaladas por responsables, tanto del gobierno de la Ciudad de México, como de la constructora?
Lo dudo, esos documentos no los verán los ojos de los legos, mucho menos los de esa perniciosa prensa empeñada en desvirtuar el sacrificio del gran timonel de Macuspana, que guía con mano firme a México en las procelosas aguas del poder.
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