- El Tratado de Bucareli. Se acabó la prohibición yanqui. Ya podemos industrializarnos
- Por Francisco Rodríguez
RedFinancieraMX
Cuando, en 1973, caducaron las obligaciones que impuso a México el ominoso Tratado de Bucareli, se acabaron las restricciones impuestas por los gabachos para el despegue y la industrialización nacional. Fueron cincuenta años de un bloqueo sistemático al desarrollo y a la competitividad internacional.
En 1973, el sistema político quiso reaccionar ante la oportunidad que por primera vez se presentaba al país de cortar los cordones umbilicales con la dependencia estructural estadounidense. Desafortunadamente, se buscó por todos lados y no se encontró una pista de despegue para usarla como plataforma de la industrialización nacional.
Y aunque la gama de hidrocarburos de origen mineral, sólido, líquido o gaseoso protegida por el artículo 27 Constitucional era y es absolutamente generosa en términos de propiedad nacional, en aquél tiempo no teníamos ni la voluntad ni la posibilidad de desarrollar el país en base a los hidrocarburos.
La minería, el gas y, fundamentalmente, el petróleo estaban comprometidos con el Imperio. Los enormes yacimientos petroleros habían sido vedados al conocimiento local por las mismas obligaciones. Para la teoría oficial, éramos y debíamos continuar como importadores natos de todo combustible. No había para dónde hacerse.
Cuando la veda fue levantada, se encontraban en el poder los gobiernos priístas que para lo único que usaron los yacimientos descubiertos por Rudesindo Cantarell en el Golfo de Campeche fue para derrochar las divisas en el pago de pesadas y carísimas burocracias, para seguir importando alimentos y artículos manufacturados y sanseacabó.
Obligaban al país a retrasar su crecimiento, seguir siendo pastoril
El petróleo en tierra firme se encontraba en paleocanales antediluvianos profundos a los cuales, como en el caso de Chicontepec, no era posible ingresar por falta de maquinaria pesada que sólo la tenían los rusos trabajando en Siberia. Y acercarse con los rusos era un problema que significaba un pecado mortal para los acomplejados gabachos.
En concreto, no había una plataforma inicial sobre la cual sustentar un proceso independiente de industrialización nacional. Todos los miembros del gabinete coincidieron en que no era el momento de iniciar. Pensaron entonces en la reconversión industrial, que resultó un garlito gringo de nueva dependencia sofisticada.
Y, en efecto, los Tratados de Bucareli, firmados en 1923 en lo que actualmente es la Secretaría de Gobernación obligaban al país a retrasar su crecimiento, seguir siendo un país pastoril que para colmo jamás debía atreverse a competir con los artículos manufacturados en el gabacho. Toda una trampa. La mayor de nuestra historia en aquél tiempo.
Para “reconocer” al gobierno obregonista triunfante en la Revolución, los Estados Unidos nos condicionaron en principio a la firma de un Tratado por el cual México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras gringas en nuestro país.
Y no era para menos, pues el artículo 27 Constitucional, inspirado en la tradición latina, establecía la propiedad originaria de la Nación “desde el infierno hasta el cielo”, es decir, que los bitúmenes, hidrocarburos, gases derivados, minería preciosa eran nuestros desde el subsuelo hasta el espacio comprendido sobre el territorio nacional y sus mares.
Por eso el petróleo nunca tuvo necesidad de ser expropiado. Siempre fue nuestro. Cuando llegó el momento, se expropiaron las instalaciones de las empresas inglesas y yanquis para la perforación y la distribución del producto. Pero con los Tratados de Bucareli los gabachos querían que después de 1923 no se aplicara la norma a ninguna de sus empresas.
Beneficio a pocos bolsillos complicitados con el corrupto pripanismo
Y México se engarzo a la locomotora yanqui. Pero con un añadido ominoso: se obligó a nuestro país a que durante cincuenta años no pudiera desarrollar lo que en esos momentos se conocían como bienes pesados, y que hoy son, nada más y nada menos, los bienes de producción industriales.
Por motivos económicos y geopolíticos mezclados en los Tratados de Bucareli, nuestro país no podía convertirse en una potencia agrícola, comercial o industrial, sin que amenazara sus rivales del Norte. Sólo ensamblamos lo que se produce lejos de nuestras fronteras. La venta de esa producción al extranjero sólo beneficia a pocos bolsillos, complicitados con el poder político. Así de fácil.
Retirar a caciques sindicales, cancelar privilegios y nocivo saqueo
Sin embargo, un principio inalterable, vigente de derecho internacional, sigue siendo el que los derechos económicos, territoriales y culturales adquiridos en guerra de conquista o por tratados leoninos se pierden en la misma forma en que se adquirieron. Este principio no acepta salvedad ni prescripción alguna.
Seguimos teniendo nuestros derechos de industrialización y competencia a salvo, aunque los entreguistas se retuerzan. Aunque se invada cualquier interés ajeno al pueblo. Aunque tenga que voltearse el mundo al revés. México se encuentra hoy, con un gobierno independiente, ante la oportunidad de su vida.
Tenemos la base prima sobre la cual industrializarnos. Podemos llegar otra vez a la producción petrolera de más de tres millones de barriles diarios, una vez que se quite de en medio a los caciques sindicales antipatrióticos, y se cancelen los privilegios de explotación y saqueo de nuestras materias primas en tierra, aguas someras y altamar.
Recuperando la soberanía efectiva sobre los sectores industriales que comprende la amplia gama de hidrocarburos protegidos por la propiedad originaria constitucional, desde el petróleo, la minería, los insumos metal mecánicos, la electricidad, el gas natural y los hidratos de metano no contaminantes, podemos hacer realidad la independencia tan esperada.
Ante la real posibilidad de despegar usando nuestras potencialidades
Las vergüenzas causadas a la Nación por los ominosos Tratados de Bucareli, más los oprobios de la frustrada reforma energética del salinismo – atracomulquismo, pueden considerarse piedras pateadas del camino. Estamos ante la real posibilidad de despegar en serio, usando nuestras potencialidades.
Es hora de pensar en serio. Es hora de reflexionar sobre la necesidad de lograr la estructuración de un frente amplio, de un bloque obrero independiente en las industrias productoras y manufactureras de hidrocarburos, gases adyacentes y minerales para acabar de tajo con la dependencia estructural. Todo es cosa de decidirse, sin temor y sin complejos.
Es la hora de la independencia nacional. Es la hora de aliviar a la patria de sus traidores. Es la hora de México.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: ¡Al ladrón! ¡Al ladón! Así grita Ulises Ruiz, el ex gobernador priísta de Oaxaca, al exigir que Enrique Peña Nieto sea expulsado de las prístinas filas de lo que queda del nonagenario Partido Revolucionario Institucional. Tan pillo uno, como el otro… aunque en cantidad robada a los mexicanos gane el ex Presidente de la República quien, según la conseja popular, se propuso desde antes del inicio de su mandato acumular 1 mil millones de dólares mensuales y concluir el sexenio con 72 mil millones de verdes y ser, así, “más rico que Carlos Slim”. Ruiz, quien por enésima ocasión busca la dirigencia de los restos del tricolor, por su parte, no es ningún ejemplo de honestidad. Por el contrario. Uno de los últimos y recientes escándalos en los que se vio envuelto, apenas en octubre del año anterior, fue el de la viralización de un video en el que se le observa a él y a quien fuera su secretario de Educación en la entidad, Abel Trejo González, quien entrega dos maletas con fajos de dinero a Ezequiel Rosales Carreño, en ese momento secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores la Educación (CNTE). La entrega del dinero, presumiblemente 100 millones de pesos, habría ocurrido entre 2006 y 2007, los dos años en que hizo crisis la insurrección popular liderada por la CNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), para exigir la dimisión de Ruiz por la violenta y cruenta represión con que enfrentó las protestas y que derivó en varios homicidios, entre ellos el del activista y comunicador estadounidense Brad Will, de los que se acusó al ex gobernador oaxaqueño, a quien incluso la Corte atribuyó graves violaciones a los derechos humanos. Además, se ha señalado el cuantioso enriquecimiento ilícito de Ruiz, lo que le habría permitido construir y operar un lujoso centro médico en el sur de la Ciudad de México… entre otras raterías. +++ ¿Feliz 90 aniversario, PRI?
Balconeando/ ¿Quién manda en la STPyS? ¿La hija o el padre?
AMLO ha dedicado su atención a muy diversos asuntos en estos primeros 90 días de su mandato; desde luego que se ha centrado en los aspectos que le parecen prioritarios o que considera más redituables para su imagen pública. Así lo hemos visto ocuparse del aeropuerto de Texcoco, de los salarios de los ministros de la Suprema Corte, de las ayudas asistenciales a los adultos mayores y a los denominados ninis, de los huachicoleros, de la venta del avión y las flotillas aéreas y terrestres del gobierno federal, del fomento al beisbol y un largo etcétera.
Sin embargo, no se ha referido ni fijado su atención en el denominado mundo del trabajo, es decir, en todo lo relativo a la problemática de los millones de trabajadores del país y sus injustas relaciones con la parte patronal, con los infames sindicatos charros y la muy corrupta justicia laboral.
Con excepción del insuficiente incremento a los salarios mínimos generales y a los salarios mínimos de la franja fronteriza (los cuales obedecieron a razones macro económicas), el Presidente no se ha preocupado por la materia laboral, a pesar de reconocer que el trabajo humano es la principal fuente de riqueza del país y que la distribución de tal riqueza es de las más injustas del mundo, con los salarios más bajos de América.
De esta manera se puede explicar el por qué hasta el día de hoy no se ha dado ningún cambio en el ámbito laboral, ni se vislumbra que pueda darse en lo que resta del sexenio, pueshemos visto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofrecer su “mano franca” para sostener a los más importantes representantes del sindicalismo oficialista a quienes no se toca ni con el pétalo de una rosa.
No se ve que la autodenominada Cuarta Transformación se asome ni superficialmente en ningún aspecto del mundo laboral, ni siquiera en casos tan escandalosos como los del petrolero Romero Deschamps o el ferrocarrilero Víctor Flores.
En el aspecto legal, se sigue adelante con el proyecto neoliberal contenido en el cambio estructural pactado por el PRI-AN-PRD, que consiste en quitar el carácter social al derecho del trabajo y trasladarlo al ámbito del derecho privado, arrancando a la clase trabajadora las valiosas conquistas revolucionarias del artículo 123 y suprimiendo el principio de estabilidad en el empleo al legalizar el outsoursing y abandonar la tutela del trabajador, la apreciación de los hechos en conciencia, la irrenunciabilidad de los derechos, la interpretación más favorable en caso de duda y otras garantías igualmente importantes.
El mandón es el papá de la joven secretaria del Trabajo
Esta continuidad de la reforma estructural peñista en materia laboral constituye, no sólo una traición a la clase trabajadora sino un incumplimiento a la palabra empeñada durante la campaña presidencial en el sentido de que se revertirían las reformas estructurales de carácter neoliberal, que como en el caso de la reforma laboral, solamente benefician a la clase patronal.
Fue el abogado Arturo Alcalde Justiniani quien, a través del denominado Observatorio Laboral, consensó con las cúpulas patronales el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que promueve el partido Morena.
Mención aparte merece el aspecto Colectivo en el cual, a querer o no, el gobierno está obligado, en razón de los tratados internacionales de la OIT y sobre todo del T-MEC, a permitir la democratización y la independencia de los sindicatos (situación que no parece necesaria en la vida real, a juzgar por la frase “aquí está mi mano franca para apoyarlos“).
Tal parece que todo el manejo de los asuntos obrero – patronales del país no es prioritario en la Cuarta Transformación, pues han sido encomendados al denominado súper secretario del Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani, quien además de ser un muy poderoso abogado de varios de los más importantes sindicatos a nivel nacional, es también esposo de la licenciada Bertha Lujan, quien fuera secretaria general de Morena y, además, padre de la muy joven Secretaria del Trabajo y Previsión Social del gabinete de López Obrador, por lo que resulta innegable el conflicto de intereses que se da por ese parentesco en primer grado, y ante el hecho de que Alcalde Justiniani sea el principal asesor de Sindicatos Nacionales y que sea su propia hija y sus subordinados a quienes les corresponde resolver los conflictos que tenga con el sector patronal y con otros sindicatos, como en el caso de la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana, de cuyo sindicato es asesor, aunque se atreva a negarlo y a pesar de que su pasante Eugenio Narcia aparezca como apoderado.
También en el caso de las huelgas de las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, en la que una de sus ayudantes figura como la representante Sindical.
También es mandamás en los Tribunales Laborales
Otro de los ámbitos en el que Alcalde Justiniani resulta factor determinante es el de los Tribunales de Justicia Laboral, al punto de que impuso como Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a una antigua funcionaria, María Eugenia Navarrete Rodríguez, que siempre resolvió a su favor y que había trabajado en esa Junta servilmente al servicio de los secretarios de Trabajo más nefastos y anti obreros como lo fueron, el foxista Francisco Salazar (aquel de Pasta de Conchos), Carlos Abascal, Javier Lozano y Alfonso Navarrete Prida y a la cual hizo regresar de la jubilación para tal efecto, demostrando que contrariamente al gatopardismo, “todo debe conservarse para que todo siga igual”.
La misma situación pretende imponer el todopoderoso Alcalde Justiniani en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Mexico, en la cual pretenden perpetuar a la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, quien arribó a este importante cargo por obra y gracia del anterior jefe de Gobierno de la CDMX y actual senador y jefe del grupo parlamantario del PRD por la vía plurinominal panista, Miguel Ángel Mancera, y por el único mérito de ser la pareja sentimental del muy desprestigiado y corrupto exdelegado de Iztapa!apa, Jesús Valencia, mismo que ha tomado esa Junta como botín y colocado en importantes cargos a muchos ex funcionarios de aquella que fuera su delegación, a pesar de su total desconocimiento del derecho laboral, para lo cual han venido despidiendo de forma arbitraria y prepotente a muchos funcionarios.
Nada ha importado a Alcalde que ambos Tribunales laborales se sumerjan totalmente en la corrupción e ineficacia, toda vez que su fijación es someter la justicia laboral a los dictados de la Suprema Corte y de los Tribunales Superiores de los estados.
Tiene más poder en la 4T el padre… y no la hija.
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