- Fueron declarados personan “non gratas”; deberán salir del país andino en 72 horas
RedFinancieraMX
El gobierno de Bolivia solicitó el lunes a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país andino, luego de que el Gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz.
“El Gobierno (…) ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado (y al) cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández”, dijo la presidenta boliviana interina, Jeanine Añez, quien solicitó que abandonen el país en las próximas 72 horas.
Al conocerse esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó, “en una decisión de carácter político”, a la embajadora en Bolivia, María Teresa Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad.
La representación mexicana en aquel país andino quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión, y “continuará operando con normalidad tras este movimiento”, informó la dependencia federal.
Mercado, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, “siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político”, precisó la SRE.
La relación diplomática entre Bolivia y México se deterioró luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó en noviembre asilo político al ex presidente Evo Morales, que renunció a su cargo a inicios de noviembre en medio de unas cuestionadas elecciones que había ganado.
El gobierno de Bolivia detalló que “este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”.
La presidenta Jeanine Añez, en una comparecencia en Palacio de Gobierno de la Paz. “El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Alvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados”, subarayó. “La conducta hostil [de estos funcionarios] intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”, concluyó.
Añez aludió al incidente que se produjo el pasado viernes a la entrada de la Embajada de México en La Paz, a donde la encargada de Negocios y el cónsul español acudieron, escolatados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía a invitación de la embajadora mexicana. Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la Embajada mexicana les impidieron el paso y grupo de civiles comenzó a increparlos y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática. Al ver que los grababan y fotografiaban, los geo se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.
Las autoridades bolivianas dieron pábula a la teoría de que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a la decena de exaltos cargos del Gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, a los exministros de Presidencia y Cultura, Juan Ramón Quintana y Wilma Alacona, contra quienes se han dictado órdenes de busca y captura.
La canciller boliviana, karen Longaric, envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles, en el que protestaba “enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo bolviano”; mientras que el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, denunció “la existencia de un plan internacional para desestabilizar” a su Gobierno.