- Contra Santa Lucía: ¿otra vez los Morera?
- Promotores del amparo en conflicto de interés
- Salud, Aranceles, Sheinbaum, Pemex, Adventis
- Roberto Fuentes Vivar
RedFinancieraMX
El viernes pasado un juez federal (del estado de México) ordenó la suspensión definitiva de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía “hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra el patrimonio cultural”, según informaron los medios.
Unos días antes, el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México también concedió un amparo a un particular porque las obras del aeropuerto de Santa Lucía carecen de estudios ambientales. Y aquí expliqué que detrás de ese litigio estaba Textilera Novalan, de Juan Ramón Morera Mitre.
Ahora, la decisión del juez Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, de otorgar la suspensión definitiva fue concedida a petición del colectivo “NoMásDerroches”, integrado por ONGs, despachos de abogados, usuarios, pilotos y pobladores de Texcoco y Santa Lucía.
Fuera de que los dos apellidos del juez despiertan suspicacias (Buenrostro y Massieu), llama la atención que el colectivo está integrado por Organizaciones No Gubernamentales como: Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre otras.
De estas ONGs, al menos dos (Causa en Común y México Unido Contra la Delincuencia) son (o han sido) liderados por María Elena Morera (de quien Reporte Índigo señala textualmente: “México Unido Contra la Delincuencia fue una de las organizaciones más cercanas a la administración de Felipe Calderón y al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”).
¿Qué causalidad que los dos hermanos Morera aparezcan, en primer lugar, dentro de los promotores de solicitudes de amparo que se han presentado en contra del aeropuerto de Santa Lucía, la del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México y la del juez Agustín Gaspar Buenrostro Massieu? ¿Qué casualidad también que ambas sean del estado de México?
¿Abogados confiables?
Pero estas son sólo preguntas, hay otro tema interesante en el más reciente amparo solicitado. Los dos abogados que aparecen como promotores del litigio son Juan Francisco Torres Landa y Luis Asali Harfuch, quienes expusieron, en entrevistas con diversos medios, que son 147 juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que se revise la legalidad de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAIM) y se detenga el aeropuerto de Santa Lucía.
Juan Francisco Torres Landa, es actualmente secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), es decir que está ligado de manera casi directa a la familia Morera. Pero también, como se dice en el argot periodístico, pudiera tener cola que le pisen.
Hace tiempo Aristegui Noticias publicó: “Investigación pagada por Pemex descarta irregularidades con Odebrecht, pero no indagó Etileno XXI: una noticia en la que se da cuenta de que el despacho contratado para la investigación interna independiente pudo incurrir en conflicto de interés, toda vez que también participó en la subasta de Etileno XXI que dio como ganador al consorcio Braskem-Idesa”.
Pues resulta que ese despacho es nada menos que Hogan Lovells, en donde Juan Francisco Torres Landa es socio director en México. El asunto tiene que ver (directa o indirectamente) con el escándalo de Odebrecht y parece ser que las huestes de este despacho de abogados podrían haber incurrido en algunas cuestiones poco ortodoxas en un quebrando con pérdidas millonarias para el erario. ¿Puede un abogado que presumiblemente causó perjuicio a las finanzas nacionales ser vocero de un organismo denominado “No Más Derroches”?.
El otro abogado es Luis Asali Harfuch, quien hace unos días festinaba en las ondas hertzianas el triunfo “ciudadano” de obtener un amparo para frenar las obras de Santa Lucía. Es director de un bufete que lleva su nombre, pero también ha tenido historias no muy claras.
Un ejemplo es el pleito jurídico por el control de Naviera Naranja, sobre el cual Grupo Imagen publicó lo siguiente: “Por un lado, Rabobank, como acreedor garantizado con prenda y fideicomiso y, por otro, el grupo accionista de Amado Yáñez. ¿Por qué es tan importante Naviera Naranja? Se trata de la tenedora de nueve barcos que, sumados a otros diez de Oceanografía, reposicionan a Yánez. El excontratista de Pemex se queja del deterioro que presenta Naviera Naranja por parte de David Antonio Rangel Ortiz, del despacho Rangel y Rangel, designado administrador único. Oceanografía designó a Adrián Pablo Marcataio como administrador único, pero saltaron los abogados Luis Eduardo Fabara Laphan y Jorge Asali Harfuch. La dupla Fabara-Asali son, al mismo tiempo, apoderados de Rabobank y de Naviera Naranja”.
Si se analiza esta información de Aristegui Noticias y de Grupo Imagen, puede concluirse que los dos abogados que interpusieron el amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía, podrían haber incurrido en conflicto de interés. Y eso que sólo menciono aquí dos casos, puede haber más.
Algo más es que en estos dos asuntos están presentes escándalos que dañaron al erario público como son los de Odeberecht y el de Oceanografía. Y en ambos está, desde luego, la empresa estatal que ahora Andrés Manuel López Obrador pretende revivir: Petróleos Mexicanos.
La Buenrostro y los Massieu
Como lo escribí en un párrafo anterior, el nombre del juez que otorgó el amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía despierta suspicacias: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu. Puede ser que no tenga relación familiar alguna con personajes que intentan hacer hasta lo imposible porque a la Cuarta Transformación le vaya mal, pero ¿quién sabe?
Para empezar, el apellido Buenrostro, inmediatamente hace pensar en Raquel Buenrostro, la omnipotente oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, quien con sus licitaciones de medicamentos parece querer desprestigiar al presidente, haciendo y deshaciendo conforme pasan los días. Hasta formular una convocatoria que parece favorecer a alguien, presumiblemente a compañías extranjeras (otra vez las suspicacias).
Lo curioso es que Raquel Buenrostro, al igual que los abogados (en sus litigios con posible conflicto de interés) Juan Francisco Torres Landa y Luis Asali Harfuch, tuvo intereses relacionados con Petróleos Mexicanos, más o menos en la misma época de estos litigios, pues en el sexenio pasado fue funcionaria de la paraestatal.
Desde luego el otro apellido del juez, Massieu, sobran las referencias y solo basta mencionar que Claudia Ruiz Massieu Salinas es la presidenta del Partido Revolucionario Institucional y personaje muy cercano a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Pero ¿cómo ha actuado el juez Buenrostro Massieu? Hay quienes le reconocen que hace algunos años liberó al luchador social José Humbertus Pérez Espinoza, del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.
Pero por el otro lado ha promovido amparos, por ejemplo, a favor de la constructora Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, que se ha visto envuelta en muchos escándalos, al grado de que muchos empresarios la evaden.
Uno de estos casos es que la inmobiliaria Punta San José entabló un pleito legal en contra de Grupo Marhnos, por haber proporcionado adelantos económicos para la construcción del desarrollo de un complejo hospitalario y comercial en Los Cabos, Baja California, cuyos trabajos nunca se iniciaron… Y eso que entre los promotores del proyecto estaba Emiliano Zedillo, hijo del expresidente Ernesto Zedillo. Marhnos tiene una larga historia de problemas no sólo en México, sino en Guatemala, pero el juez que ahora intenta frenar Santa Lucía, la ha amparado.
En fin, el juez puede no tener vínculos con Buenrostro (Raquel) o con la familia (en la política) Massieu, pero siempre hay suspicacias. Lo cierto es que los Morera sí están detrás de los amparos contra Santa Lucía (y contra López Obrador) y que los abogados que promovieron el más reciente tienen asuntos pendientes. Dice el filósofo del metro: las moreras dan moras, no moral.
Tianguis
Siguiendo con el tema de Raquel Buenrostro, la superoficial mayor de Hacienda, cuya fuerza ya comienza a hacerle daño al presidente López Obrador, y como lo había adelantado en este espacio, este lunes la funcionaria se reunirá con los interesados en la Licitación Abierta Internacional PC-012000991-E64-2019, para adquirir medicamentos insumos y material para el segundo semestre del año de las instituciones del sector Salud. Es previsible que haya dos fuerzas encontradas. Una, encabezada por Buenrostro, tendiente a ignorar las posibles interrogantes o aclaraciones y a buscar precios bajos aún en detrimento de los pacientes. Y la otra, que en síntesis, busca que no siga creciendo la crisis en el sector salud y se encuentren mecanismos de diálogo para abastecer de medicamentos a las instituciones con marcas y empresas nacionales. La reunión durará dos días y habrá que esperar los resultados. Por lo pronto será interesante ver a qué intereses responde Raquel Buenrostro ¿Al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, o a quienes fueron sus jefes en el sexenio pasado y que son los más interesados en que haya crisis en este gobierno?… Por cierto que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene dos problemas urgentes que resolver esta semana. El primero, dialogar con los inconformes de las pejeprepas que podían ir a huelga el martes por el abandono que ha sufrido el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. El segundo, atender a los trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas que podrían ser trasladados al edificio ubicado en Arcos de Belén 23, el cual presenta daños estructurales. En este último caso los empleados se niegan a ir a un inmueble en malas condiciones y se quejan de que Ximena Jacinta García Ramírez, directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas no los ha atendido y hace caso omiso de los inconformes… Definitivamente la principal información del fin de semana fue el acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos para frenar la imposición de aranceles a partir de este lunes. Hay una parte de la sociedad que considera que la administración de López Obrador cedió todo en beneficio del mandatario estadounidense Donald Trump. Otra parte considera que sí fue un acuerdo justo y con una actitud prudente (pero no sumisa) del gobierno mexicano.Personalmente creo que nuestro país sí endureció su postura contra los migrantes centroamericanos, pero que se mantuvo firme la idea de no violentar sus derechos humanos. Lo grave es que cada día se demuestra más la indefensión y la pérdida de soberanía nacional que se viene acumulando desde hace casi 40 años… Interesante un párrafo de un análisis de BBVA Bancomer sobre la decisión de la calificadora Fitch de rebajar la perspectiva de los papeles de Pemex: “Aunque consideramos que la decisión de Fitch para rebajar la calificación crediticia de Pemex pudo haber estado apresurada, posiblemente la falta de acciones gubernamentales en varios frentes para asignar más recursos en este año a exploración y producción pudo haber influido tal decisión”… Jóvenes Construyendo el Futuro firmó una alianza con el sector empresarial de Veracruz para que 66 mil 082 jóvenes inicien su capacitación. Ahí, TenarisTamsa presentó las mejores prácticas para la implementación del programa y su experiencia es un caso icónico de vinculación entre jóvenes y centros de trabajo en la zona… Advent International, uno de los inversionistas de capital privado global más grande del mundo ha invertido 44 mil millones de dólares en más de 345 transacciones de capital privado en 41 países, y ahora levantó 17 mil 500 millones de dólares para su noveno fondo global de capital privado denominado GPE IX, que busca apoyar a la economía mexicana… A pesar de todas las acciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos contra la empresa tecnológica china Huawei, Facebook, Instagram y WhatsApp, al ser aplicaciones de acceso público, siguen funcionando con normalidad en los teléfonos Huawei. Me consta que el boicot estadounidense en nada nos afecta a los usuarios mexicanos.