- El cochinero mediático de 2108
- ¿Opacidad en casi nueve mil mdp?
- Outsourcing, Creel, Trata, Odebrecht, taxis
- Por Roberto Fuentes Vivar
RedFinancieraMX
Si algo caracterizó la relación mediática del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se puede sintetizar en dos palabras: dispendio y opacidad.
Por eso varios medios se han dedicado a analizar el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre ese periodo:
Reforma: “Sella EPN sexenio: saqueo y derroche” (ahí menciona que tan sólo en 2018 se pagaron más de cinco mil 300 millones de pesos a medios de comunicación por supuestas campañas relacionadas con los medios de comunicación).
SinEmbargo: “En año electoral, sin explicación, la Segob le copeteó la cuchara a los medios con miles de millones”.
La Silla Rota: “Gastos en comunicación 2018, injustificados y sin acreditar: ASF”.
Animal Político: “EPN se despidió con 1,809 mdp de presuntos desvíos en propaganda y anuncios fantasma”.
Mis propias cuentas, luego de analizar las páginas 73,74 y 75 del Informe Ejecutivo de la Cuenta Púbica de 2018 (y concretamente los resultados de la auditoria 13-GB), son de irregularidades por cinco 699 millones de pesos, pero podrían ser más de 9,000 millones de pesos, si se suman los contratos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Vamos por partes, las noticias y análisis mencionados dan cuenta de una serie de anomalías, como no justificar los gastos, no adjuntar las pruebas, no tener autorización de las secretarías de Gobernación o de Hacienda o incluso, como lo señala Animal Político, la existencia de “pautas fantasma”.
En la página 75 del informe de la ASF se indican concretamente las siguientes presuntas desviaciones:
Secretaría de Salud: 642 millones de pesos.
Secretaría de Gobernación: 415 millones de pesos.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 283
Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 241.
Secretaría de Desarrollo Social: 225 millones de pesos
La suma da un total de más de mil 800 millones de pesos que fueron usados de manera irregular en 2018 para campañas en medios de comunicación. Las irregularidades, en estos casos son, por ejemplo, no comprobar spots (10,902 en el caso de la Secretaría de Salud), o no acreditar con documentación justificativa y comprobatoria la validación de las pautas, a fin de certificar y corroborar la difusión realizada por los medios de comunicación masivos, “por lo que no existe la certeza de que los servicios contratados para llevar a cabo la Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales se hayan efectuado”.
Desde luego hay que hacer la aclaración de que esta cifra se refiere únicamente a cinco secretarías de estado (las más monitoreadas por la Auditoría Superior de la Federación), pero ¿Qué pasó con las demás o incluso con Petróleos Mexicanos?
En algunos casos la ASF menciona ejemplos de presentar “spots duplicados” o bien solicitar un aumento de presupuesto para medios que no estaba previsto en el presupuesto original. En este caso, según Reforma, la Cuenta Pública identificó un gasto de seis mil 856 millones de pesos, importe superior en cinco mil 764 millones de pesos respecto a lo aprobado.
Paralelamente los informes y sus anexos señalan que hubo alrededor de tres mil 500 millones de pesos pagados a medios (o empresas mediáticas) como parte de adeudos anteriores, los cuales np contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda.
Uno de los problemas para saber exactamente cuál es la cantidad del gasto en publicidad durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto que se ejerció con anomalías, es que en el Informe ejecutivo de David Colmenares no se menciona el caso del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Nada más en esa institución, desde noviembre pasado, la propia Auditoría de la Federación había detectado el pagó de tres mil 899.9 millones de pesos, durante el 2018, relacionados con 39 contratos de servicios de promoción y publicidad.
Este dinero se ejerció “sin observar las disposiciones establecidas por la Secretaría de Gobernación para la planeación, autorización, supervisión y evaluación de las estrategias, programas y campañas de publicidad”, según el informe de hace tres meses de la propia auditoría
En ese reporte se menciona que los incumplimientos están relacionados con: la autorización de las campañas para aprobar su difusión, la realización de estudios de pertinencia y de efectividad (llamados pretest y postest) y el alta en el sistema de registro y seguimiento de las erogaciones en materia de comunicación social y publicidad.
Incluso se menciona que, de los 39 contratos, el de mayor monto fue firmado con MSL Group Americas, por mil 138.7 millones de pesos, para promover la imagen de México en el extranjero. El acuerdo fue del 14 de julio de 2017 al 30 de noviembre de 2018 y para muchos es el mayor que se ha firmado en la historia por parte del gobierno con una empresa transnacional de medios.
Algo curioso es que precisamente el día que terminó el contrato, Publicis Group (matriz de MSL) nombró a Diana Littman, como su presidenta de operaciones (de MSL) en Estados Unidos (pero mantuvo a Josh Shapiro como director en México), en medio de una serie de escándalos que tuvo esta empresa mediática global, entre los que destacan varios en España.
En fin, si a los cinco mil 700 millones de pesos se le agregan los tres mil 899 del Consejo de Promoción Turística, estaríamos hablando de irregularidades en el gasto público, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, por alrededor de nueve mil millones de pesos.
Si este dinero (el del CPTM) se encuentra dentro de los pagos de adeudos, la cifra sería de solo seis mil millones de pesos utilizados de manera supuestamente alterada por el gobierno anterior para publicidad y propaganda. Sea cual sea la cifra total, el asunto es grave.
Para colmo, según SinEmbargo, en 2018, “un grupo de diez medios concentraron el 49 por ciento gasto. Televisa y TV Azteca fueron los que más se beneficiaron de estos presupuestos, ya que juntos acumularon tres mil 148 millones de pesos”.
Dice el filósofo del metro: cuando el fin no es claro, hasta lo de en medio se ensucia.
Más sobre las playas privadas
En una de mis pasadas entregas escribí sobre lo sucedido en la playa Mamitas, cuando elementos de la policía del municipio de Solidaridad en Quintana Roo, desalojaron a dos jóvenes de una supuesta playa privada. El asunto terminó en que al parecer se multó a los propietarios del Club y la alcaldesa, Laura Beristain, se disculpó con los turistas afectados.
Pero en Facebook, varias personas me escribieron porque les pareció un tema interesante cómo el gobierno (tras la aprobación de las modificaciones a la Ley de Bienes Nacional en abril del año pasado) intenta hacer públicas las playas que eran privadas, pero hay muchos intereses que se oponen,
Al respecto, me escribieron del movimiento Alianza de la Costa Verde que unifica a decenas de grupos vecinales y ambientales para defender las playas públicas de la Riviera Nayarita. A continuación difundo textualmente su opinión:
“Nuestro movimiento el cual entra a su tercer año de lucha para lograr la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del Proyecto Punta Paraíso en nuestra pequeña comunidad de San Pancho, Bahía de Banderas, Nayarit.
“Iniciamos el año 2020 con renovadas esperanzas, ya que los “malos” se fueron como Rafael Pacciano Alaman, la Boy Tamborell y otros, y ya está instalada una nueva SEMARNAT comandada con un dubitativo, novel e inseguro Secretario del Medio Ambiente, el Doctor Toledo Manzur y las promesas optimistas del Lic., Rodrigo Hernández Aguilar, Director de la ZOFEMAT de que nuestras demandas estaban en papel ganadas, sin embargo del dicho al hecho de la Resolución Definitiva a nuestro favor, aún hay mucho trecho.
“Además entramos al año 2020, con una demanda que nos interpuso uno de los socios de la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A de S.R.L y en particular por un nefasto desarrollador socio de esa empresa, Carlos Lemus Mateos; dicha demanda aun después de casi tres meses o más, la desconocemos, no nos han emplazado, ni notificado, el exhorto que el Juzgado 4° de lo Civil de Zapopan, Jalisco debió de haber mandado a las autoridades judiciales de Nayarit, hasta ahorita no lo ha hecho; pero si, el demandante solicitó al Juzgado, que nos bloquearan las cuentas de Banco de 6 personas.
“Esta demanda fue orquestada de tal forma que estemos paralizados en nuestras exiguas finanzas personales, tan es así que el demandante al saber que nos habíamos amparado ante un juzgado de Nayarit para desbloquear las cuentas, giró un procedimiento a un Juzgado de Colima, para que este a su vez le dijera al Juzgado de Zapopan, que no nos desbloquearán las cuentas.
“Estamos tratando de tocar la mayor cantidad de puertas posible entre ellas al Delegado Federal de Nayarit, Arq., Manuel Peraza Segovia, al mismo Secretario de la SEMARNAT y ahora tratar de llegar a la Secretaría de Gobernación con la titular Lic., Sánchez Cordero, pero fundamentalmente con el Subsecretario de Derechos Humanos, de esa dependencia, el Lic., Alejandro Encinas, quizá llegar a Gertz Manero para que revise esa demanda contra nosotros, en Juzgados de otros Estados y por nuestra parte seguir encima de las autoridades ambientales, con una actividad constante y no descuidar nuestras demandas de hace dos años y el defendernos de la ignota y perversa demanda civil que nos puso el señor Lemus Mateos”.
Hasta aquí la carta que ilustra un movimiento que busca precisamente hacer públicos los espacios que se privatizaron o que se construyen en contra de los habitantes y que han motivado que el Poder Judicial actúe en contra de los activistas..
Tianguis
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