- Se pondría en riesgo la actividad minera presente y futura del país: AIMMGM
- No se afectará a las actuales minas, pero el problema vendrá cuando terminen las concesiones
RedFinanciera
Organizaciones mineras y financieras coincidieron en que la iniciativa de reforma a la Ley Minera, y otras legislaciones relacionadas, que presentó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 24 de marzo podría generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de esta industria.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) subraya que los cambios propuestos por López Obrador pretenden modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones, lo que podría generar salida de capital a gran escala y decrecimiento de la industria minera que ofrece empleo directo a más de 406 mil personas y genera más de 2.5 millones de empleos indirectos.
Agregan que los cambios implicarían un impacto severo a la forma habitual en que se desarrolla la industria y un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras invirtieron en México, lo cual afectaría los planes y operaciones actuales, cuya inversión promedio anual supera los 4 mil millones de dólares. La incertidumbre generará la contracción de las inversiones.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que agrupa a los de profesionistas en Ciencias de la Tierra, manifiesta la necesidad de revisar y comentar los cambios propuestos, a fin de que la regulación reconozca la realidad de la industria, y con ello sea posible generar bienestar para todos.
Por su parte, un análisis de Banco Intercam señala que entre los motivos que resalta la iniciativa predomina el daño ambiental que ha resultado de la explotación de suelos y agua, aunque el cambio en la legislación modifica por completo la faz de la extracción minera en nuestro país, con propuestas que desincentivan la inversión de privados.
Manifiesta que el proyecto implica la eliminación de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas.
Se agrega que la iniciativa impide el que se otorguen de manera fácil más concesiones a la industria minera en México.
Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación del esquema de otorgamiento de concesiones.
El proyecto plantea que únicamente mediante una licitación pública se otorguen concesiones, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
En ese sentido, la legislación vigente contempla que, los privados pueden solicitar un terreno libre para la explotación del subsuelo, figura que desaparece con las propuestas.
Adicionalmente, se regula la transmisión de los títulos por concesión.
Otro cambio propuesto es la reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras, disminuyendo de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones. Es decir, la duración de una concesión se reduce de 100 a 30 años.
Además, se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería.
La eliminación del carácter preferente de la actividad minera y la eliminación del derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera son otros de los cambios sugeridos.
Esta modificación a la ley obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias con el
propietario.
El cambio propuesto hace muy compleja la extracción del subsuelo, ya que las inversiones son de muy largo plazo y generalmente son intensivas en capital, por lo que la reducción en el tiempo de la concesión desincentiva nuevas inversiones.
Además, la reforma condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica y a la concesión de agua obtenida previamente.
Por lo que se agregará la figura de concesión de agua para uso específico de la minería a la Ley de Aguas Nacionales. Adicionalmente, se incorporaron instrumentos de carácter ambiental y social donde las empresas deberán realizar un estudio previo del impacto en estos ámbitos, establecer consulta previa con comunidades indígenas y crear una estrategia de compensación real. Ante el incumplimiento, se incorpora el capítulo de delitos y se adicionan causales de cancelación de las concesiones mineras. Finalmente, se limita las concesiones a únicamente minerales o sustancias.
Aunque en teoría, la propuesta busca un mayor cuidado del medio ambiente, estos cambios en la legislación minera han generado preocupaciones.
Por un lado, las empresas mineras están preocupadas por los posibles efectos negativos en su rentabilidad y el impacto económico en el país, ya que la propuesta implica mayores costos para las empresas mineras y un límite de tiempo más corto para alcanzar los niveles de gasto.
La Cámara Minera de México (CAMIMEX) ha iniciado un análisis riguroso de la propuesta para una futura discusión.
La iniciativa no afectará a las actuales minas, pero el problema vendrá cuando terminen las concesiones.
En caso de aprobarse sería el segundo cambio a las leyes mineras.
Esta propuesta puede ser aprobada por mayoría simple, ya que modifica las leyes secundarias de la ley minera, sin embargo su alcance es de grandes dimensiones con efectos puntuales sobre la inversión en minería, pero adicionalmente levanta cuestionamientos sobre el resto de las concesiones de otros sectores otorgadas en México.