- Gobierno pagará 450 millones de pesos a televisoras por transmitir clases virtuales
- Emilio Lozoya, el ‘preso’ consentido de la 4T cuyos lujos y privilegios distraen a México
- Escuelas privadas, en riesgo de cierre pese a mantener cobros y clases en línea
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunciaron la estrategia del Gobierno Federal con la que impartirán educación en medio de la pandemia que de momento impide tener clases presenciales a 30 millones de alumnos en México.
El ciclo escolar comenzará el próximo 24 de agosto con clases a través de radio y televisión con el programa Aprende en casa II. Un reto no menor tomando en cuenta la desigualdad en el país y las complejidades entre las familias, pero que, según el presidente, se podrá afrontar gracias a la unión entre la televisión pública y privada para la enseñanza.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunciaron la estrategia del Gobierno Federal con la que impartirán educación en medio de la pandemia que de momento impide tener clases presenciales a 30 millones de alumnos en México.
El ciclo escolar comenzará el próximo 24 de agosto con clases a través de radio y televisión con el programa Aprende en casa II. Un reto no menor tomando en cuenta la desigualdad en el país y las complejidades entre las familias, pero que, según el presidente, se podrá afrontar gracias a la unión entre la televisión pública y privada para la enseñanza.
El gobierno Federal informó por la noche de este lunes que pagará 450 millones de pesos a las principales televisoras privadas del país por este servicio, como Televisa y Tv Azteca, cuyos dueños Emilio Azcárraga y Benjamín Salinas, respectivamente, acudieron a la conferencia del presidente para firmar el acuerdo.
Sin precisar cuánto le pagará a cada televisora, Presidencia informó que el gobierno pagará 15 pesos por cada alumno inscrito en nivel preescolar, primario, secundaria y bachillerato. Esto significarían pagar 450 millones de pesos por 30 millones de alumnos de agosto a diciembre, periodo que durará el ciclo escolar.
Sin embargo, aun asegurando que las clases podrán transmitirse por televisión, en el caso de Eliel, sus abuelos que se encargan de cuidar de él y su hermano de tres años mientras sus padres salen a trabajar, no podrían ser un soporte pedagógico para
El aprendizaje con esta modalidad, mientras que sus padres aún no saben qué otras estrategias podrá aplicar su nueva escuela.
Y hasta el momento, la SEP tampoco ha hecho público alguna evaluación que confirme la efectividad pedagógica del programa Aprende en casa que se aplicó en marzo; es decir, no se sabe si los estudiantes realmente aprendieron.
“Cuando estuvo el semáforo en rojo sí pude ayudarlo, pero ahora de regreso al trabajo, ¿cómo voy a asegurarme que está viendo la tele, que haga sus actividades? Los abuelos no podrían ayudarlo. Además, antes, en sexto de primaria, ya conocía a su maestro y apoyaba, pero ahora mi hijo tendrá un desfase con nuevos maestros, materias, escuela”, dice Patricia.
En la conferencia vespertina que encabezó el secretario Moctezuma, horas después del lanzamiento de la estrategia, se preguntó respecto a este tema. Sin embargo, hasta el momento, la SEP no tiene prevista alguna acción para estas familias. “Estamos viendo, vamos a tener este fin de semana una propuesta para poder ver de qué manera se puede ayudar a las madres trabajadoras”, respondió.
Además, dijo, “a partir de las siete de la noche se van a repetir en los canales todos los programas de manera que habrá posibilidad también de estar viendo los programas en un horario más, digamos, cercano a la noche”.
por este servicio, como Televisa y Tv Azteca, cuyos dueños Emilio Azcárraga y Benjamín Salinas, respectivamente, acudieron a la conferencia del presidente para firmar el acuerdo.
Sin precisar cuánto le pagará a cada televisora, Presidencia informó que el gobierno pagará 15 pesos por cada alumno inscrito en nivel preescolar, primario, secundaria y bachillerato. Esto significarían pagar 450 millones de pesos por 30 millones de alumnos de agosto a diciembre, periodo que durará el ciclo escolar.
Sin embargo, aun asegurando que las clases podrán transmitirse por televisión, en el caso de Eliel, sus abuelos que se encargan de cuidar de él y su hermano de tres años mientras sus padres salen a trabajar, no podrían ser un soporte pedagógico para el aprendizaje con esta modalidad, mientras que sus padres aún no saben qué otras estrategias podrá aplicar su nueva escuela.
Y hasta el momento, la SEP tampoco ha hecho público alguna evaluación que confirme la efectividad pedagógica del programa Aprende en casa que se aplicó en marzo; es decir, no se sabe si los estudiantes realmente aprendieron. “Cuando estuvo el semáforo en rojo sí pude ayudarlo, pero ahora de regreso al trabajo, ¿cómo voy a asegurarme que está viendo la tele, que haga sus actividades? Los abuelos no podrían ayudarlo. Además, antes, en sexto de primaria, ya conocía a su maestro y apoyaba, pero ahora mi hijo tendrá un desfase con nuevos maestros, materias, escuela”, dice Patricia.
En la conferencia vespertina que encabezó el secretario Moctezuma, horas después del lanzamiento de la estrategia, se preguntó respecto a este tema. Sin embargo, hasta el momento, la SEP no tiene prevista alguna acción para estas familias. “Estamos viendo, vamos a tener este fin de semana una propuesta para poder ver de qué manera se puede ayudar a las madres trabajadoras”, respondió.
Además, dijo, “a partir de las siete de la noche se van a repetir en los canales todos los programas de manera que habrá posibilidad también de estar viendo los programas en un horario más, digamos, cercano a la noche”.
Hacer hasta 10 ejercicios de inglés, francés, matemáticas y español a diario cuando comenzó el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19, en marzo pasado, provocó que Lorenza de 7 años protestara. “No somos esclavos, queremos libertad”, fue el reclamo a sus padres en una especie de manifestación que organizó con su hermanito.
Pero la entrega de hasta 50 tareas a la semana que debían escanear y mandar a la maestra no sólo estresaba a Lorenza, sino también a sus padres que seguían trabajando de tiempo completo pero además debían enseñarle diptongos, hiatos del español, conjugaciones de verbos en inglés o multiplicaciones, como estaba previsto en el programa de estudios de la escuela Moliere Liceo Franco Mexicano.
Leer más: Entre dudas de padres y maestros, SEP lanzará clases por tv y radio; pagará 450 mdp a televisoras. Los padres tomaron la decisión de disminuir la carga de trabajo y luego la escuela comenzó a impartir hasta tres clases por zoom a la semana, pero la plataforma no es tan sencilla para una pequeña de 7 años, por lo que necesitaba un adulto a su lado.
Salvador del Toro, su padre, explica que pese al cambio en la modalidad de trabajo, la escuela siguió cobrando la colegiatura de 8 mil pesos mensuales, aunque accedieron a otorgar 10% de descuento ante la contingencia, pero en su caso no aplicaba porque ya tenía una beca de ese monto.
Para el próximo ciclo escolar cobrarán la reinscripción de 14 mil pesos y la colegiatura aumentará 200 pesos, pero los maestros de la escuela tuvieron una reducción de 30% de sus salarios. Salvador pregunta “por qué la escuela no aprovechó el momento histórico para que los niños reflexionaran sobre solidaridad, aprovechar el entorno de la casa, aprender a manejar el encierro”, sobre todo para estudiantes de esas edad.
Por eso, dice, “mi pesadilla es volver a pasar todo esto hasta enero. Las escuelas privadas tienen que ser reguladas por el Estado, porque hay dueños millonarios, maestros y alumnos pobres, de dinero y preparación respectivamente”.
Lo que está sucediendo en escuelas privadas son acuerdos, cuando se puede, entre los padres de familia y las instituciones para dar ciertas facilidades en el pago de colegiaturas en un escenario en el que muchas familias han perdido sus negocios o trabajos, pero sin ninguna intervención al respecto por parte de la SEP o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
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Corrió hasta que lo alcanzaron, lo trajeron y fue hospedado en un hospital de lujo, así justificaron que no iba a la cárcel, estaba enfermo. Desde que llegó al país Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, amigo y colaborador de Enrique Peña Nieto, recibe “consideraciones” que le otorgan el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Las “consideraciones” para Lozoya, según dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, consisten en catalogarlo como “testigo colaborador”, “porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley, es saber más sobre el modus operandi, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación… está sujeto a proceso y va a seguir declarando, tiene que informar.”
Por medio de una videoconferencia, como parte de las “consideraciones”, empezó el juicio contra Emilio Lozoya que está acusado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por los presuntos sobornos en los que participó, de más de diez millones de dólares, que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos antes y durante su desempeño como director general de Pemex.
La estrategia de Lozoya para comprobar su “inocencia”, consiste en ubicarse como víctima. Para ello hizo del conocimiento del juez que, “con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado y denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado Mexicano“. (Forbes, 29 de julio de 2020)
El compromiso de Lozoya de denunciar y señalar a los responsables es de gran interés para el presidente López Obrador que, en su conferencia de prensa señaló que lo que diga será “importantísimo, va a ayudar a que se destierre la corrupción en México” e invitó a los ciudadanos a “estar muy pendientes de todo el juicio y que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular”.
El exdirector de Pemex deberá comprobar en los siguientes seis meses su inocencia y aportar pruebas que demuestren las intimidaciones y presiones que lo convirtieron en un instrumento de sus superiores, que fueron Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell quienes, supuestamente, conformaron una red de corrupción en la que él fue “instrumentalizado” para cometer diferentes delitos.
En el planteamiento de inocencia y denuncia de Emilio Lozoya, las expectativas de López Obrador sobre lo que dirá, los plazos del juicio y los tiempos electorales hacen previsible que éste proceso vaya a ser ampliamente divulgado, como ya lo es, y que servirá para sustentar el discurso presidencial en contra de la corrupción y sus beneficiarios del PRI y el PAN.
No parece que el objetivo sea que Emilio Lozoya vaya a la cárcel, o que vaya a ser objeto de una pena que le quite su libertad. El propósito es doble. Es un tema que distrae a los ciudadanos sobre la crisis sanitaria, económica y de seguridad que afectan a millones en el país. También es un elemento útil para calificar a los partidos de oposición como fuente de la corrupción que combate la 4T.
Tanto los objetos de Lozoya como las expectativas de López Obrador dependen de las pruebas que aporte y que estas inculpen a los funcionarios que, supuestamente, presionaron para beneficiarse de la mansedumbre y docilidad del inculpado.
La idea es que el escándalo escale hasta mostrar al “respetable público” los nombres e imagen de los villanos que abusaron de Lozoya, lo que parece viable en términos mediáticos, pero que en términos judiciales se ve distante. Por lo pronto, los delitos electorales en los que participó la empresa Odebrecht, que presuntamente financió la campaña de Enrique Peña Nieto, ya prescribieron. Eso aleja al expresidente de la cárcel, aunque lo mantenga en el foco del escándalo.
En el caso de la compra a precio alzado de la empresa Agro Nitrogenados, Altos Hornos se comprometió a regresar 200 millones de dólares con que se benefició, con ello se repara el daño y desactiva parcialmente el conflicto.
Es posible que los sobornos que se entregó a los legisladores para que el gobierno de Peña Nieto, como dijo López Obrador, “comprara la reforma energética”, tenga sus límites en la dependencia que Morena tiene del voto legislativo de los partidos de oposición, sobre todo si el esenario electoral de 2021 no le es favorable.
Estas observaciones implican que difícilmente Emilio Lozoya vaya a pisar la cárcel. Mucho menos Peña Nieto, Videgaray y Coldwell. Su reclusión no sería buena para el espectáculo circense de la 4T ni para el animador que ocupa la pista central. No es buscar la justicia, es buscar el poder.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.