Avalan diputados en lo general, Ley de Ingresos de la Federación 2019

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  • Se prevé captar 5 billones 814 mil 291.7 mdp
  • No hay nuevos impuestos, ni aumentos en las vigentes y se alinea con su catálogo de ingresos
  • Por Javier Bárcenas

RedFinancieraMX

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 295 votos a favor, 179 en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá una recaudación para el próximo año de 5 billones 814 mil millones de pesos y se estable la producción de petróleo crudo en un millón 847 mil barriles diarios en un precio de 55 dólares el barril.

Este presupuesto prevé un superávit del uno por ciento, mientras se mantiene un déficit del 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Además, se tiene contemplado un crecimiento económico de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento, en tanto, la inflación será del 3.4 por ciento de tasa anual, mientras el tipo de cambio será de 20 pesos.

Destaca que el endeudamiento interno asciende a 521 mil 535 millones de pesos, 3.19 por ciento más que en 2018, de acuerdo con el ILIF, por lo que el gobierno prevé que para el siguiente año será un ingreso presupuestario de 5.2 billones de pesos lo que representa un 6.3 por ciento en comparación con 2018.

De esa cifra, tres billones 287 mil 605.4 mdp corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 38.3 mdp a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 mdp a derechos; 6 mil 778.1 mdp a productos; 67 mil 228.8 mdp a aprovechamientos.

Un billón 2 mil 697.5 mdp a ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 520 mil 665.2 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones; y, pensiones y jubilaciones; y, 539 mil 871.4 a ingresos derivados de financiamientos. Además, se estima una recaudación federal participable por tres billones 264 mil 822.4 mdp.

Se pronostica un crecimiento puntual del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.0 por ciento; un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, y una plataforma de producción de crudo de un millón 847 mil barriles diarios con un precio de 55 dólares por barril.

El dictamen que consideró el marco macroeconómico planteado en los Criterios Generales de Política Económica, así como el análisis de las estimaciones de ingresos previstos en el Paquete Económico 2019, presentado por el Ejecutivo el pasado 15 de diciembre, no contempla nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes, y se alinea con su catálogo de ingresos.

Dicho documento, autoriza un endeudamiento neto interno hasta por 490 mil millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 400 millones de dólares; se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar, exclusivamente, sus obligaciones financieras.

A Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se le permite un monto de endeudamiento neto interno de hasta 4 mil 350 millones de pesos, y uno externo de hasta 5 mil 422.5 millones de dólares.

En tanto, a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas se le autoriza un monto de endeudamiento neto externo de 497.5 millones de dólares.

A la Ciudad de México se le permite la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 5 mil 500 millones de pesos para financiar obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad para el Ejercicio Fiscal 2019.

Se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la Republica, el Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2019 y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del Impuesto sobre la Renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2019.

Además, se faculta a la Secretaría de Hacienda para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

La SHCP deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

En materia de estímulos fiscales: se otorga uno a personas que realicen actividades empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final.

La misma condición comprende a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota; y a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles.

De igual modo, contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, así como a personas físicas o morales del Impuesto Sobre la Renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz.

Por otra parte, se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

En la fundamentación del dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena), expresó que el proyecto de Ley de Ingresos 2019 es transparente, oportuno, responsable y prudente.

Ante un panorama de incertidumbre global, se tiene la obligación de actuar con responsabilidad republicana,  mesura en las valoraciones económicas y planteamientos recaudatorios sensatos. “Y es que se avizora un 2019 muy complejo, con pronósticos de desaceleración económica en países y regiones, en la zona Euro, Japón, Turquía y Argentina”.

La iniciativa de Ley de Ingresos 2019, dijo, representa un documento responsable y honesto en términos financieros, con números más fidedignos en materia de recaudación que se hayan presentado en mucho tiempo, ni subestimados ni sobreestimados. “Estos datos permiten ofrecer a los mexicanos información transparente y realista sobre la manera en que se administrarán los recursos de todas y de todos”.

Se contempla, agregó, un superávit primario del 1 por ciento respecto al Producto Interno Bruto, ello sin considerar el gasto no programable; prevé la supresión de la compensación universal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “medida que permitirá controlar el abuso en materia de devoluciones y compensaciones relacionadas con la tasa cero”.

Medina Pérez expuso que recoge una demanda de empresarios y la ciudadanía en general del norte del país, que clamaban por la reducción del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El primero pasará del 16 al 8 por ciento y el segundo, del 30 al 20 por ciento.

“Esta iniciativa de Ley de Ingresos pretende dar los primeros pasos firmes para modificar la relación entre contribuyentes y autoridades hacendarias, basadas inicialmente en la Ley de Fomento de Confianza Ciudadana, con la que desaparecerán las auditorías del Servicio de Administración Tributaria, poniendo énfasis en la autorregulación de las y los mexicanos, apelando a la responsabilidad y al compromiso de los mismos”, afirmó.

Estas acciones y compromiso anunciado por los empleados superiores de Hacienda, radica en el combate auténtico a la evasión de impuestos, facilidades en los pagos de las obligaciones fiscales, mejoras en el buzón tributario, revisión del padrón de contribuyentes, combate a la corrupción en aduanas, al actualizar y optimizar las herramientas tecnológicas del SAT y aprovechando la calidad humana de la propia institución.

“El proyecto de Ingresos es nítido, diáfano, traslúcido, congruente y justo, en un aspecto fundamental, no se contemplan incrementos en los impuestos ni incrementos en el saldo de la deuda, no se consideran tampoco modificaciones sustanciales en la Miscelánea Fiscal. Uno de sus ejes, es la administración justa y eficaz de los recursos”, afirmó.

Resaltó que este documento sustenta el programa político que habrá de instrumentarse a través del proyecto del Presupuesto de  Egresos de la Federación, que “es la base de la solución de los grandes problemas del país, con el objeto de iniciar una era de prosperidad para todas y todos los mexicanos”.

En los posicionamientos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (Morena) sostuvo que la política de ingresos no es sólo un asunto económico, sino también político. El dictamen conserva la tendencia del equilibrio presupuestario, con base en un gasto austero, eficiente y honesto que no requiere crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas de los existentes.

Esta estructura de ingresos traduce el mandato de la gente y, dentro de sus beneficios, se ubica incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes, reducción de un 50 por ciento en multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales; alentar los estímulos, así como derogar disposiciones que contienen exenciones totales o parciales de personas al pago de contribuciones federales.  Habrá beneficios para las personas que viven en la Zona Fronteriza Norte del país.

La diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) dijo que su grupo parlamentario rechaza “categóricamente el dictamen de la Ley de Ingresos 2019. Votamos en contra, porque traiciona a todos los mexicanos. Los ciudadanos han sido engañados bajo el discurso del cambio. Votaremos en contra porque estamos convencidos que no se encuentra a la altura de las necesidades que el país demanda”.

La Ley de Ingresos da continuidad al gasolinazo, ya que contrariamente a las promesas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) lejos de disminuir aumenta. “El próximo año el gobierno recaudará más de diez mil millones de pesos adicionales por IEPS en gasolina, y siguen mintiendo a la población. El próximo año pagaremos gasolinas más caras para fincar proyectos inviables y asistenciales. Nosotros sí queremos apoyar a los trabajadores y a sus familias”.

Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputado del PRI, resaltó que no se puede respaldar una Ley de Ingresos que no ha sido analizada detenidamente y cuyos impactos “estamos seguros generarán efectos negativos en las regiones más pobres del país. Una política de ingresos responsable no puede fundarse en la cerrazón, la prisa y la simulación”.

El esquema de estímulos fiscales en la zona fronteriza norte, añadió, implica negar el crecimiento para las regiones más atrasadas que se encuentran en el sur. Esta Ley de Ingresos, subrayó,  da un trato discrecional al gasto, y externó su preocupación de que el actual gobierno ha repetido constantemente que no va a endeudar más al país; sin embargo, la propuesta incluye una deuda interna por mil 490 millones de pesos y una externa por 5 mil 400 millones de dólares.

Del PES, la diputada Adriana Lozano Rodríguez mencionó que un cambio importante que se verá en esta Cuarta Transformación es que no se crearon nuevos impuestos, tampoco se van a incrementar los precios ya existentes, más que en el monto en que crezca la inflación. Además, los recursos adicionales que se requieren, llegarán por dos vías: aumento en la recaudación, ampliando la base de contribuyentes y no cobrando a quienes ya pagaban, combate a la corrupción, la cual permitirá que la misma recaudación alcance para más cosas.

Resaltó que hay un sentido de responsabilidad hacendaria en este documento. “No es perfecta, puede y debe mejorarse, no sólo por lo que pasará en esta Ley de Ingresos, sino también por sus efectos sobre el Presupuesto de Egresos”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) precisó que lo que se busca con la Ley de Ingresos, es ser congruentes con la política que traerá beneficios para las entidades y el país en su conjunto, pero, sobre todo, trasferirá un espacio de oportunidad en México para miles de trabajadoras y trabajadores, que hoy van a probar suerte a Estados Unidos.

Se siembran nuevas oportunidades para el trabajador y el empresariado. “Todas las medidas están bien evaluadas. Por ejemplo, en materia de reducción de impuestos en la frontera”. Además, dijo, el primer gobierno de la Cuarta Transformación aumentará indudablemente los ingresos en cerca de 6.3 por ciento. “Se acabó la explotación de la gente, no más nuevos impuestos”.

Higinio del Toro Pérez, diputado de MC resaltó que esta Ley de Ingresos contempla recaudar un 6 por ciento más que en 2018. Añadió que se estima una recaudación del ISR de 1.7 billones de pesos, 3 por ciento superior al 2018; del IVA, 989 mil mdp, 2 por ciento más, y del IEPS, cerca de 438 mil millones de pesos, un 3 por ciento más. “Es un claro ejemplo de que los ingresos están siendo estimados en atención a los realmente obtenidos”.

Para 2019, dijo, se proyecta un aumento en términos reales de los ingresos del sector público federal de 6.73 por ciento, con lo cual se mantiene la tendencia observada sexenio tras sexenio, año tras año, hacia un mayor gasto gubernamental en términos reales. “Hoy no tenemos motivo alguno para votar a favor esta Ley de Ingresos, ni se contempla la administración de recursos a los municipios y se incumple la promesa de campaña de bajar la gasolina”.

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez resaltó que la promesa del Presidente de la República de reducir las tasas del ISR e IVA en la franja fronteriza del norte, ya no está reflejada en el Paquete Económico presentado. “Tendrían un gran impacto en los ingresos tributarios y, en total opacidad, se desliza cambiar dicha propuesta por un paquete de estímulos fiscales, que de manera discrecional y autoritaria pretende emitir el Ejecutivo federal, sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión”.

Denunció que no aparece ninguna propuesta de modificación al IEPS, incumpliendo con ello la promesa de campaña de bajar el precio de la gasolina; habrá gasolinazos y los ciudadanos lo vamos a padecer. “Si no hay cambios en la Ley de Ingresos, ni en el Presupuesto, en temas como los precios de las gasolinas, la creación de mecanismos de estabilización fiscal automáticos y terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio de los excedentes, el voto de los diputados del PRD será en contra”, aclaró.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) precisó que el dictamen es prudente y contempla variables que buscan garantizar la estabilidad macroeconómica, la cual es vital para el desarrollo sostenible del país, mantener las finanzas públicas sanas y fortalecer la recaudación, así como terminar con la evasión y elusión fiscal.

Destacó que la Ley de Ingresos no contempla la creación de nuevos impuestos ni incrementos a los vigentes. Afirmó que el proceso de deliberación y dictaminación ha sido transparente, abierto y se le ha dado la máxima publicidad. “Hay que estar pendientes de lo que se debe trabajar para tener una agenda presente y futura para México, como es una nueva estructura tributaria, mejorar la recaudación fiscal en estados y municipios, y un sistema de contabilidad integral, por mencionar algunos aspectos”.

En la discusión en lo general, el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (MC) manifestó que su fracción parlamentaria otorgará sus votos para dar reversa al gasolinazo, ya que es un tema primordial para apoyar a las familias mexicanas. “Dejemos los falsos argumentos de que en los próximos años bajarán los impuestos de los combustibles. No aprobemos esta Ley de Ingresos con las rodillas y a ciegas, y hagamos historia como una Cámara de Diputados libre y empática con la situación económica de miles de personas”.

El diputado de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez destacó que esta Ley de Ingresos proyecta inversión en el ámbito nacional para mejorar las condiciones turísticas en el sur-sureste del país; por ello, externó  su voto a favor para que no se incrementen los impuestos.

Óscar Martínez Terrazas, diputado del PAN, expresó su preocupación, porque se subestima al campo, a las universidades, a la cultura y a las mujeres, dejando a estos sectores fuera de la Ley de Ingresos; además, se propone un monto neto de endeudamiento por 543 mil millones, 10 por ciento más que en 2018.

Por el PT, la diputada Lizeth Sánchez García indicó que respaldará la aprobación de esta ley, porque se termina con malas prácticas como los moches y eliminará la corrupción, ya que esto permitirá manejar 35 por ciento de los recursos que se utilizaban en casas u otros rubros.

El diputado perredista, Carlos Torres Piña dijo que su voto sería negativo, ya que la ley no cumple con las inquietudes de todos los sectores y no contempla la eliminación del impuesto sobre los combustibles, lo cual generará mayor empobrecimiento de la sociedad, mientras que el aumento del salario mínimo representa tan sólo la compra de un kilogramo de tortillas.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (Morena) dijo que con esta norma se establecen los mecanismos para impulsar el desarrollo de la salud y el apoyo a jóvenes; asimismo, es congruente con los principios de la austeridad, honestidad y combate a la corrupción.

Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, resaltó que el rumbo de este dictamen es incorrecto, pues se solventará más deuda para enfrentar los compromisos por cancelar el Aeropuerto de Texcoco y no se cumple con la reducción del impuesto  a las  gasolinas. “Lo que harán es hacer más grandes las brechas del norte y el sur de México”, opinó.

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) afirmó que el Paquete Económico ha generado certeza, basta con observar que la paridad del dólar no sólo no tuvo impactos negativos, sino que hay una recuperación de nuestra moneda. Enfatizó que el gobierno hizo lo que debía: no ocultar ingresos, dar prioridad a la inversión y a los programas sociales, en beneficio de la gente más necesitada, pero sin romper con la estabilidad y responsabilidad financiera.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (PRI) anunció su voto en contra de dictamen porque no se hizo ninguna modificación a la iniciativa del Ejecutivo. “No se permite que se le mueva ni una sola coma”.  Sostuvo que es una afrenta contra la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas, pues pretende distribuir recursos sin certeza sobre su determinación ni su destino.

Por el PT, la diputada Maricruz Roblero Gordillo señaló que la propuesta de Ley para 2019 destaca por pronosticar un crecimiento real de los ingresos de 6 por ciento, respecto al periodo fiscal de 2018, y resaltó que se estima reducir el endeudamiento, y los montos derivados de los impuestos crecerán. Comentó que su grupo parlamentario considera necesario avanzar hacia una reforma tributaria de corte progresista, que permita mejorar y contar con los recursos necesarios.

La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (MC) subrayó que todo parece indicar que “seremos los mismos contribuyentes de siempre los que sostendremos la hacienda pública”; además, no se advierte la existencia de esquemas o programas que busquen regularizar de forma clara al sector informal y, por ende, protejan los derechos de los trabajadores, mejoren la productividad nacional y amplíen la base tributaria.

De Morena, la diputada Aleida Alavez Ruiz afirmó que el Paquete Económico 2019 del Ejecutivo federal es una propuesta “austera y trasparente” que cumple con las promesas de campaña del Presidente y cierra el paso a la corrupción que, año tras año, habría enormes boquetes en las arcas de la nación.

Su compañero de bancada, diputado Marco Antonio Andrade Zavala puntualizó que el gobierno no volverá a comprometer el futuro de los mexicanos a las variaciones de los mercados nacional e internacional; además, sus ingresos crecerán en términos reales 5.5 por ciento. “Vamos por un manejo de presupuesto público con transparencia y rendición de cuentas para acabar con la corrupción”, afirmó.

Del mismo partido, la diputada Alejandra Pani Barragán afirmó que está a favor del dictamen, porque plantea una ley responsable, prudente, y considera beneficios fiscales para los contribuyentes que incentivan la formalidad. Detalló que entre los beneficios de la ley están la exención del derecho de trámite aduanero, para quien importe gas natural. Consideró que para combatir las prácticas de evasión fiscal, es indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos.

Por el PT, la legisladora Margarita García García invitó a los legisladores a vigilar los recursos económicos y recobrar la confianza del pueblo. Reiteró que no se permitirá la corrupción y subrayó que no se plantean nuevos impuestos y se mantiene el equilibrio fiscal. “Los recursos de los mexicanos serán bien utilizados, se invertirá en infraestructura social y, para lograr el bienestar, la bancada de Partido del Trabajo va a favor del dictamen”.

Para lo particular, se reservaron a los artículos 1, 2, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25 y 27 de la Ley de Ingresos 2019, así como los transitorios Séptimo, Décimo, Décimo Segundo y la adición de un artículo.

Se decreta receso

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), expresó que con las facultades que le confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, y en consulta con los grupos parlamentarios, “esta presidencia informa a la Asamblea que el receso continuará hasta el día de mañana miércoles 19 de diciembre, a las 10:00 horas. Se invita a su puntual asistencia”.

Previamente, se decretó un receso durante la discusión en lo particular del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

El artículo 23 establece las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, entre ellas: citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno, y aplazar la celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 constitucional.