- Fueron 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones
- Francisco Javier Cabeza de Vaca provocó 7 horas de acalorada discusión en sesión semipresencial
- Por Javier Divany Bárcenas
RedFinanciera
El Plano de la Cámara de Diputados aprobó el juicio de procedencia para retirar el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República que lo señala por el delito de defraudación fiscal equiparada, lo que permite su detención para procesarlo.
Después de casi siete horas de discusión en sesión semipresencial, diputados del PAN y PRD se enfrentaron en discursos acusatorios contra Morena y PT, quienes a lo largo de la sesión recordaron el pasado de los gobiernos priistas y panistas, así como la oposición se fue encima contra el partido en el gobierno por los pésimos resultados.
Según la Fiscalía General de la República, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es acusado también de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, este último es por el cual fue procesado en la Cámara de Diputados con un jurado de procedencia que determinó con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, quitar el fuero político al gobernador de Tamaulipas.
En su turno y tras los señalamientos de la Fiscalía General de la República en contra de García Cabeza de Vaca por diversos delitos del orden federal, el abogado del gobernador, Alonso Aguilar Zinser negó las acusaciones contra su cliente y solicitó que no se apruebe el dictamen.
Dijo que no está acreditado el delito de que se le imputa, toda vez que el gobernador y su esposa pagaron los impuestos correspondientes en tiempo y forma y respecto del valor del inmueble hay un avalúo y que los inmuebles tiene plusvalía
La representante de la Fiscalía General de la República, la fiscal Elizabeth Alcantar Cruz dijo que la solicitud de declaratoria de procedencia o desafuero, para poder procesar al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se funda en la carpeta de investigación con terminación 392/2020, por los delitos de Delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo a la Fiscal, acusó de que el gobernador valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos y en el Estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y a 2019, tratándose esto de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias.
Mencionó que existe un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente de su círculo familiar, y cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas.
La Fiscal acusó que, el imputado se organizó con las personas identificadas, como Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la persona moral T612. También se organizó con la persona identificada como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador único de la persona moral, Inmobiliaria RC de Tamaulipas y Barca de Reynosa.
Además, refirió que la organización diseñada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, utilizó también a la empresa productora rural y agropecuaria regional CABA, de la cual él propiamente socio junto con sus familiares, sus hermanos, su madre, su cuñada, son cómplices del gobernador.
Defensa de Cabeza de Vaca
Alonso Aguilar Zinser dijo que los datos que dan no están en la sesión instructora, y lo que se va a votar es un dictamen propuesto por la Sección Instructora, en el que quedaron fuera los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues estos no son materia del debate.
Solicitó a la Cámara de Diputados que al deliberar sobre la procedencia del dictamen de la sección Instructora, considere que dentro del procedimiento que en dicha sección se vulneró gravemente el derecho a la privacidad y presunción de inocencia del gobernador contemplados en la Constitución en los Artículos 16 y 20.
Esto, al haberse llevado a cabo el 19 de marzo del 2021 una audiencia pública en la que por solicitud de la propia sección instructora compareció el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Procurador Fiscal de la Federación, misma que se divulgó el contenido de la carpeta y se proporcionó información no corroborada y que no es parte de la Litis.
Lo que originó una percepción pública de que el señor gobernador está acusado de conductas que no cometió y que no son materia de la acusación, en la sesión se hizo notar de manera enfática, que la misma no debería llevarse manera pública.
Aguilar Zinser manifestó que por haberse llevado se generó la creencia de que el gobernador estaba vinculado a organizaciones criminales, sin que haya hoy del conocimiento de esta defensa y no obra en el expediente de la sección instructora prueba alguna que vincule al gobernador con actividades de delincuencia organiza y menos aún, menos con bandas del narcotráfico.
“Motivo de esa dirigencia, se generó esa percepción y por lo tanto se vulneró de manera grave y su derecho constitucional a la presunción de inocencia”, señaló.
El abogado precisó que con respecto que a las acusaciones que hace la General de la República, “no hay una prueba que la familia del gobernador tenga los millones de pesos, porque si hubiera esa prueba hubieran venido a la Cámara a pedir desafuero por todas esas acciones”.
Se ha hecho investigación con diversas personas que realizan operaciones y se dice que son ilícitas, la única operación que realiza el gobernado es y que vendió a una empresa un departamento y que se dio ante notario y que los recursos eran provenientes de recursos bancarios.
Aguilar Zinser, solicitó que no se apruebe el dictamen en el Pleno porque no está acreditado el delito de que se le imputa al gobernador de Tamaulipas, toda vez que el gobernador y su esposa pagaron los impuestos correspondientes en tiempo y forma, y respecto del valor del inmueble hay un avalúo y los inmuebles tiene plusvalía.
Por su parte, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara, Pablo Gómez, dijo que el Jurado de Procedencia propone que se declare, justamente, procedente la solicitud del Ministerio Público de la Federación.
En el entendimiento de la Sección Instructora no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron a poder del inculpado, el gobernador de Tamaulipas, fueran producto claramente de delitos, aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sean. Ante la duda, es preciso preferir al inculpado antes que al fiscal.
Sobre el delito de defraudación fiscal equiparable, se deriva de una compulsa entre los ingresos del denunciado y su declaración fiscal. No es la compra vente de un inmueble como se ha insistido.
Pablo Gómez señaló que la Sección Instructora sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.
La Sección Instructora, dijo Pablo Gómez, no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse y que es en esencia lo que hay que resolver, si se abre la sede judicial o no. Ahí actuará la defensa y actuará el fiscal, en un concurso entre partes formalmente iguales.
El coordinador de los diputados del PAN Juan Carlos Romero Hicks dijo que este caso es triste, y el Presidente de la República con el virus del odio y la soberbia ha comandado una ofensiva ilegal.
Primero, vulnerando el debido proceso; y segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que ya está en marcha, lejos de ceñirse a los principios que nos rigen a este tipo de procesos en que se deben privilegiar la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto al marco convencional y constitucional de derechos fundamentales.
Romero Hicks refirió que éste proceder ha sido la constante en este Gobierno Federal, lejos de atender urgencias derivadas de la pandemia, la inseguridad, la crisis económica que ciernen sobre del país, alentada por errores propios del gobierno, se concentra en la distracción en la cortina de humo, en un mar de pretextos.
Si fuera real su compromiso en contra de la corrupción ya hubiéramos visto otros casos resueltos: el de Pío, el de las obras, concesiones, los compadres, los primos, los cuñados y las nueras.
“En la búsqueda desesperada de enemigos, se acredita un dictamen mediocre, mal redactado y si el fundamento motivación que se requiere. El expediente tiene 9000 hojas. Me sobran dedos de la mano que personas que aquí, lo hayan leído”, mencionó el panista.
Consideró como un daño al federalismo a una entidad federativa a la investidura de un gobernador a tres y medio millones de tamaulipecos a 43 municipios donde estas personas tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, dicha persecución.
“Hoy seremos actores en un Juicio de Procedencia que llega con más preguntas que respuesta: ¿Por qué ahora, si son delitos añejos? ¿Por qué al arranque de las campañas electorales? ¿Por qué votamos un proceso que se rige eminentemente por filtraciones? Hoy lo que tenemos que buscar es la verdad y la legalidad y nos lo dicen personas y me duele tener que decirlo. Nos vemos entre circo, Morena y teatro”, mencionó.