- Preocupa efectividad e impacto en democracia de la ampliación de la presencia de fuerzas armadas en labores de seguridad
RedFinanciera
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estamos convencidos que la militarización no es la solución ante la inseguridad en nuestro país. Por ello, insistimos en la urgencia de hacer pública una verdadera estrategia de seguridad para frenar los hechos delictivos cada vez más frecuentes y la violencia creciente.
Más aún, ante la reciente aprobación en el Pleno del Senado del Artículo Quinto Transitorio que le permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública hasta 2028, en Coparmex consideramos necesario revisar primero la inconstitucionalidad de las modificaciones a las leyes secundarias que fueron aprobadas previamente para permitir el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Por ello, reiteramos el llamado a los legisladores de oposición para que, en cumplimiento de sus atribuciones, integren y presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para que sea el Poder Judicial quien haga respetar el Estado de Derecho.
Los mexicanos no merecemos ser rehenes de la violencia e inseguridad que impera en nuestro país y que en su estallido más reciente en Zapopan, Jalisco, dejó como saldo una persona fallecida y seis más heridas luego de un enfrentamiento armado con el que se evitó el secuestro de un empresario local, esto según lo dado a conocer por los gobiernos Federal y Estatal.
Este hecho, que se sumó a los ocurridos en semanas recientes en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Michoacán y Veracruz, sólo por mencionar algunas entidades, acentúa la ineficacia de la actual estrategia de seguridad que ha errado en decisiones como subordinar a la Guardia Nacional, una corporación de mando civil, a la SEDENA, de orden militar y ahora, mantener al Ejército en tareas que lo distraen de su objetivo de defender la soberanía nacional y pone en riesgo los derechos humanos e incluso podría poner en peligro el orden democrático.
Es apremiante que el Gobierno de México defina con urgencia una verdadera estrategia de seguridad que priorice la prevención, la coordinación entre las corporaciones a nivel nacional, la procuración de justicia; que otorgue los recursos suficientes para el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y los ministerios públicos, que atienda las causas sociales de la inseguridad pero que, sobre todo, ponga al centro de sus objetivos la vida y dignidad de las personas.
Es lamentable que, siendo la seguridad uno de los factores sociales que inciden en la calidad de vida y un indicador determinante para la llegada de inversiones al país, los recursos para este rubro no sean la prioridad para el Gobierno Federal, pues en la propuesta de Paquete Económico 2023, si bien existe un incremento en recursos, éste se concentra en la SEDENA, con un aumento real de 16 por ciento, mientras que para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es de solo el uno por ciento.
Insistimos, como lo hemos hecho de manera seria y reiterada, que el Estado debe cumplir con su obligación constitucional de proveer seguridad a la ciudadanía, desde el fortalecimiento y consolidación de las corporaciones de mando civil a través del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, de forma conjunta con la Guardia Nacional, con una estrategia efectiva que busque la coordinación entre las corporaciones y no la suplantación de funciones.
Lamentamos profundamente lo ocurrido en Zapopan y aún más que estos hechos se repliquen en otras ciudades y entidades. Insistimos, el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales deben asumir con prontitud sus responsabilidades en materia de seguridad bajo la directriz de una nueva estrategia integral.
Reconocemos el trabajo de las fuerzas armadas en todo el país, soldados y marinos que cumplen con la tarea asignada. Pedimos que todos juntos construyamos la estrategia de seguridad de largo plazo que nos permita el regreso ordenado de las fuerzas armadas a sus funciones y demos toda la fuerza a las policías estatales y municipales civiles.