- Por Roberto Vizcaíno
RedFinanciera
AMLO aceptó: ni mayoría constitucional para aprobar reforma eléctrica… ni certeza de que la Corte desechará el amparo a la otra
El presidente Andrés Manuel López Obrador vivió ayer un momento público y en transmisión directa a la nación de frustración durante su mañanera, porque no tiene ni la mayoría de los votos constitucionales para sacar adelante su muy cuestionada reforma eléctrica, ni la certeza de que la Suprema Corte vaya a declarar la constitucionalidad de la iniciativa de distribución.
En este contexto, y ante el anuncio de la Alianza por México integrada por PAN, PRI y PRD de que no votarán a favor de la reforma eléctrica -sin cuyos votos AMLO y Morena no tendrían la mayoría constitucional requerida, el mandatario especuló con la más que obvia intención de provocar división entre las bancadas de la oposición.
“… tengo información de que hay muchos diputados y diputadas del PRI, y en una de esas, hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares… estoy yo confiando en que van a votar libremente”.
Es decir, votar a favor de su reforma.
“Yo llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia del sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista”.
Es decir, aquí confiesa que sabe que los diputados del PAN, PRI y PRD no votarán en favor de su reforma.
Acostumbrado al combate, el tabasqueño advirtió luego que “esto está comenzando” y que si bien “arriba se pusieron de acuerdo, en cenas y comidas, y en una de esas hasta en embajadas o con las cúpulas del poder económico… allá, en la élite, en lo más alto del poder económico, del poder político” para votar PAN, PRI y PRD en contra de esta reforma, “falta ver qué piensan todos los legisladores, qué opinan (los de abajo)”.
Y tan seguro está, de que no cuenta con la mayoría que necesita en San Lázaro que, como en otras ocasiones, se fue a la amenaza:
“… yo llamo también a que la gente esté pendiente, porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados, seguramente estos debates se van a transmitir por televisión, por radio, y hay que ver ahí quién defiende a las empresas”, es decir quienes son como él piensa “traidores a la patria”.
NO CONFÍA TAMPOCO EN LA CORTE
Metido de llenó en este mar de dudas y de inseguridad, López Obrador indicó que la otra parte que le preocupa es el debate sobre la constitucionalidad de la ley de distribución eléctrica.
Y por eso igual que en el caso de los diputados, espera que “también los ministros se definan de qué lado están…
“Por eso no nos podemos quejar, estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares de la vida pública”.
Consideró que el proyecto adelantado de la ministra Loretta Ortiz Ahlf -hasta hace muy poco diputada federal de Morena, y quien durante la pasada votación en San Lázaro de la Reforma Eléctrica lo hizo en contra, esposa del fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, ambos estrechos amigos a nivel familiar de López Obrador– que pide a sus compañeros ministros desechen el amparo y declaren constitucional la Ley de distribución eléctrica va bien.
“…va a ayudar mucho. Nada más que la ley no es inconstitucional, de eso no hay duda; sin embargo, si esa es la decisión de la Suprema Corte, declarar que es constitucional la Ley Eléctrica (hoy en proceso de aprobación) no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo del litio, que eso está en la reforma constitucional, y otros temas.
Desde luego, sí sería un avance porque en la ley que está por resolverse en la Suprema Corte sí hay una definición sobre el despacho de energía.
– ¿Entonces su apuesta es a la iniciativa de reforma constitucional que está por votarse en San Lázaro?
“A las dos”, afirmó.
EN LA TERCERA PISTA. LA REVOCACIÓN DE MANDATO
Con la consulta de revocación de mandato a la puerta, todo se polariza y lo que debería celebrarse como un ejercicio histórico de participación ciudadana, que da fin a un paradigma en el cual el Presidente de México era todopoderoso, intocable e inamovible todo es discordias y encontronazos.
Así lo consideró Ricardo Monreal quien enfrenta la resistencia natural de grupos de oposición dentro y fuera del Senado, y una actitud incongruente, dice, de la autoridad electoral lo que, en el peor de los casos rompe los equilibrios entre el INE y el gobierno federal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado considera que la revocación de mandato en México se coloca a nivel mundial como un mecanismo disruptivo, tanto por la magnitud del ejercicio como por su significado internacional, sobre todo en un contexto en el que las y los mandatarios de todo el mundo difícilmente buscan ser evaluados, ante la crisis generada por la pandemia. Argumento cierto.
Por ello lamenta que el Instituto Nacional Electoral, organismo que debería empujar la democracia, se ha enrocado en la rigidez de las normas y ha hecho casi imposible que cualquier persona pueda promocionar esta consulta y “no mide con la misma vara” a los partidos de oposición que también se han pronunciado sobre el tema en redes sociales, pero en sentido negativo.
“Su actuación ha censurado cualquier tipo de expresión a favor del ejercicio, satanizando y sancionando a quienes en redes sociales buscan expresarse respecto al tema, y coartando la libertad de expresión de miles de habitantes”, dijo.
Aunado a lo anterior, el senador reprocha el alegato del INE en torno a la inexistente falta de recursos económicos para la instalación de casillas, así como la nula información sobre su ubicación, porque esto puede generar retrasos y obstáculos para el ejercicio de este derecho ciudadano, afirmación también cierta.
Monreal afirma que a pesar de todo el proceso de revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo domingo en México,, será un ejemplo de claridad entre quienes buscan que la democracia prevalezca en el país y quienes obstinadamente pretenden continuar en un esquema de democracia a modo, útil sólo para el mantenimiento de lo que durante décadas se llegó a conocer como la dictadura perfecta.
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