- Hacia una nueva protección de periodistas
- Buscan crear registro nacional de agresores
- Electricidad, Revocación, inmuebles, Mar, campo
- Por Roberto Fuentes Vivar
RedFinancieraMX
Este lunes y martes se realizó en forma híbrida, desde la Secretaría de Gobernación, la primera reunión regional con miras a una nueva ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, convocada por el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
La idea general es generar consenso para una nueva legislación que reemplace la promulgada en 2012 y que ha quedado rebasada por la realidad. Además se busca fortalecer el mecanismo de protección a luchadores sociales y periodistas.
Lamentablemente mientras se realizaban las primeras deliberaciones fue asesinado el periodista Margarito Martínez Esquivel, colaborador de La Jornada Baja California, afuera de su domicilio. Extraoficialmente se dijo que personas armadas abrieron fuego contra el reportero, quien falleció e manera instantánea. Mi solidaridad con sus familiares, amigos y con La Jornada.
Regresando al foro, lo primero que llamó mi atención fue la alta participación, pues en forma presencial estuvieron, en cada reunión, alrededor de 30 dirigentes de agrupaciones, beneficiarios del mecanismo de protección, periodistas y líderes sociales. A través de Zoom hubo permanentemente más de 100 personas que participaron de manera activa.
Desde luego que la exigencia generalizada fue que se frenen los actos de violencia contra defensores sociales y periodistas, pues los datos indican que es una vergüenza lo que sucede en México con los constantes ataques y asesinatos (como el de Margarito) a quienes por su labor se encuentran en situación de riesgo.
Ya en los detalles se presentaron diversas propuestas que quedarán asentadas en la minuta y podrían servir para la elaboración de la Ley correspondiente, la cual, aunada a la que promueve el senador Emilio Álvarez Icaza para garantizar los derechos laborales de periodistas, podría dar mayor certeza a comunicadores y defensores.
Entre otras propuestas se expusieron las siguientes:
-Que esta ley sea de observancia obligatoria para el sector público, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
-Que se prevean obligaciones para los tres niveles de gobierno y se incluyan a las policías federales, estatales y municipales.
-Que se incluyan también obligaciones del sector privado, pues las estadísticas indican que muchas de las agresiones son perpetradas por particulares.
-Que se elabore un registro nacional de agresiones y de agresores.
-Que la Fiscalía General de la República, así como las fiscalías estatales sean obligadas a actuar con celeridad en los casos que les son turnados y que por ley les corresponden.
-Que se atiendan los problemas de salud mental a los que son sometidos muchos de los beneficiarios del Mecanismo de Protección. Específicamente se mencionó el caso de los desplazados.
-Que haya un enfoque integral en el mecanismo de protección, para que puedan atender a las familias y en ocasiones a las agrupaciones a las que pertenecen los beneficiarios.
-Que se clarifiquen muchos de los aspectos del mecanismo de protección que han quedado en el limbo, lo cual precisamente es el objetivo de esta ley y de las reuniones.
-Que exista personal lo suficientemente calificado para poder atender las solicitudes del mecanismo por ejemplo en lo que se refiere a las evaluaciones de riesgo.
-Que se atiendan las necesidades económicas y financieras del personal que labora en la protección de periodistas y defensores, como es el caso de los escoltas.
-Que existan protocolos y atención para las agresiones cibernéticas.
-Que se tomen en cuenta las capacidades y discapacidades de las personas que tienen que ser desplazadas.
-Que se elimine cualquier vestigio de amiguismo e influyentismo en la operación del mecanismo de protección.
-Que exista una mayor transparencia en la operación del mecanismo y de los consejeros.
Desde luego que hubo muchas propuestas más que surgieron en las cerca de 10 horas de intercambios de experiencias.
Pero personalmente me llaman la atención tres puntos, por su importancia:
El primero, la posible elaboración de un registro nacional de agresiones y agresores, lo cual desde luego es una tarea titánica para poderlo llevar a buen puerto, pero sería un principio básico si se quiere realmente frenar la ola de ataques contra periodistas y defensores que lleva ya más de 20 años.
El segundo es que por primera vez se plantea la posibilidad de que el sector privado pueda ser objeto de obligaciones, pues es común que sean precisamente los particulares lo que crean cuerpos parapoliciacos y paramilitares que agreden a defensores y periodistas.
El tercero es que se comiencen a investigar y se atiendan (incluso se tipifiquen) las agresiones cibernéticas de que son (¿somos?) víctimas muchos periodistas y luchadores sociales.
En la reunión también se dieron a conocer situaciones personales específicas de algunos de los beneficiarios del Mecanismo de Protección, algunas de las cuales son definitivamente para causar horror y que por la misma situación de seguridad no detallo.
Habrá otros foros regionales, siete al menos, antes de que se llegue a una redacción final para que la iniciativa pueda ser presentada al Poder Legislativo.
Parece ser que ahora sí existe voluntad política.
Ojalá este esfuerzo fructifique porque, con el consenso, ayudaría a poner los pilares para acabar con una práctica que se ha convertido en un drama social por más de dos décadas.
Dice el filósofo del metro: del censo al consenso se acaba con lo indefenso.
Tianguis
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