- Legisladores del PRI exigieron que se aumente el presupuesto para investigación científica y desarrollo tecnológico en el país
RedFinancieraMX
A los conflictos que tiene el Gobierno con grupos estudiantiles y de investigadores, ahora se suma el reclamo de alumnos y docentes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) por la precarización a la que se le intenta someter.
La Asamblea General de la ENAH convocó a una movilización para mañana en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al cual pertenece, para expresar su rechazo a los recortes de personal que pondría en riesgo su operación.
La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó a través de su cuenta de Twitter que el personal temporal tanto de la ENAH como del INAH que laboró durante el año pasado y cuyas funciones y tareas estén plenamente justificadas, serán recontratados en 2022.
Este conflicto es uno más de los cuales podría comenzar el año la Secretaría de Cultura, dependencia a la cual pertenece el INAH, pues este fin de semana en un comunicado también informó que dentro del marco del ajuste administrativo del Gobierno y con el fin de atender de manera integral las demandas de los pueblos indígenas, surge la Iniciativa con Proyecto de Decreto para fusionar el INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El argumento, explicó la dependencia, es que la infraestructura comunitaria con la que cuenta el INPI permitiría un mayor alcance e impacto de las acciones de estudio, institucionalización y salvaguarda de las lenguas indígenas nacionales.
Sin embargo, Cultura también aclaró que el INALI tiene un presupuesto garantizado de poco más de 71 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, que le permitirá seguir con la construcción de una política lingüística multilingüe de Estado, que garantice que los pueblos indígenas decidan el futuro de sus lenguas y trabajar en su fortalecimiento, en corresponsabilidad con los tres órdenes de Gobierno.
A finales del año pasado, en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) se desencadenó un conflicto por la sustitución del director y la llegada de José Romero Tellaeche como interino, lo que alumnos y profesores consideraron era una imposición y violatorio de su autonomía por parte del Gobierno a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), del cual depende ese plantel.
Un reclamo similar surgió también en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en Puebla, en el que acusaron al Conacyt de forzar la salida del director para imponer un interinato que ha sido cuestionado por la comunidad estudiantil debido a los cambios y despidos que hizo tan pronto asumió el control del instituto.
Ayer, la comunidad estudiantil del CIDE se solidarizó con los estudiantes de la ENAH y exigieron a las autoridades escuchen sus demandas.
En un posicionamiento, expresaron que como estudiantes organizados, no podemos mantenernos al margen frente a los abrumadores recortes presupuestales que han dejado inoperable a la institución que atenta contra el derecho a la educación y la autonomía, y vulnera la preservación del patrimonio cultural de nuestro país.
Consideraron que es intolerable el desmantelamiento de esa escuela, pues ha sido una institución que ha destacado por la excelencia de su investigación y por formar profesionistas en Ciencias Sociales y Humanidades, además de salvaguardar la cultura en México.
La comunidad del CIDE puntualizó que la situación en la ENAH deja en claro la vulnerabilidad actual de la educación pública en el país, «lo cual tiene graves implicaciones en el futuro cercano».
Legisladores del PRI exigieron que se aumente el presupuesto para investigación científica y desarrollo tecnológico en el país, pues éste ha disminuido, de 0.44% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, a 0.31% en 2018.
Esto, dijeron, a pesar de que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 9 Bis que el monto no debe ser menor a 1% del PIB, indicaron las diputadas Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Cristina Ruiz Sandoval.