- Los legisladores de Morena dicen que no hay prisa
- Sin embargo, hubo presiones desde el sector privado y congresistas de Estados Unidos
RedFinanciera
Tras las críticas y cartas que enviaron desde el exterior, grupos empresariales y congresistas de Estados Unidos, los legisladores federales mexicanos decidieron enviar hasta abril de 2022 el proceso para aprobar la reforma constitucional en materia energética que propuso el Ejecutivo federal.
Sería hasta el 15 de abril de 2022, es decir en el siguiente periodo legislativo, escribió en su cuenta de Twitter el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.
El legisladores dijo que los legisladores propusieron concluir el proceso de reforma eléctrica, que incluye su aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores, además de por lo menos 17 congresos estatales, “a más tardar el 15 de abril”.
Incluso expuso que no tenían apuro si se pasaba la aprobación de la reforma para el siguiente periodo ordinario de la Cámara de Diputados.
“Lo que nos apura es que se debata y los mexicanos sepan y que ustedes nos ayuden (a) que los mexicanos estén enterados de esto”, dijo el líder morenista.
Mier Velazco también llamó a los propietarios y altos directivos de empresas generadores de electricidad a que debatan con los diputados de su fracción la reforma constitucional.
Más temprano, el primer secretario de Hacienda del actual gobierno, Carlos Urzúa, aseguró que la reforma constitucional para modificar las reglas del sector eléctrico representan el mayor riesgo que tiene actualmente el país.
En respuesta, Mier Velazco dijo que invitarán a Urzúa para que debata con ellos su visión que tiene sobre la reforma eléctrica.
Las advertencia desde EU
La decisión de posponer la discusión y aprobación de dicha reforma llegó luego de que Larry Rubin, presidente de The American Society – la comunidad americana en México- que representa los intereses privados de Estados Unidos en México incluyendo los empresariales, los de responsabilidad social y a los más de dos millones de americanos viviendo en México, declarara que “La reforma energética que se pretende discutir y aprobar en la Cámara de Diputados es un grave error para México, ya que perjudica ante todo a las mexicanas y mexicanas que quieren un mejor futuro”.
Y señaló: “Aplaudimos que se quiera escuchar a todas y todos, sin embargo, esperamos que esta reflexión ayude a entender la gravedad en caso de aprobarse, pues el sector energético genera recursos a la Federación, trae empleos bien remunerados, aumenta la inversión extranjera e impacta de manera positiva a las MyPymes”.
Indicó que México debe caminar junto con Estados Unidos, la IP y la inversión extranjera para traer beneficios cuantificables a los mexicanos, incluyendo precios más baratos para sus energéticos.
Subrayó que “no quitaremos el dedo del renglón y expresamos nuestra grave preocupación por las limitantes que significa la reforma, ya que excluye a las empresas estadounidenses y viola las normas Estados Unidos-México-Canadá acordadas en el TMEC (USMCA)”.
Y concluyó: “Las empresas paraestatales no han podido invertir en este costosísimo sector y se requiere echar mano y trabajar hombro a hombro de los recursos privados para seguir desarrollando el sector”.
Se lanzan congresistas norteamericanos contra la reforma
Antes, un grupo de congresistas de Estados Unidos pidió al gobierno del presidente Joe Biden que presione a la administración del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para detener acciones en el sector energético, porque afectan a las inversiones estadunidenses y violan las reglas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los 40 legisladores expresaron su preocupación en una carta dirigida a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos; Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado y Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía.
Señalaron que “la abrumadora lista de acciones discriminatorias” aplicadas en el sector energético en meses recientes sugieren que el gobierno mexicano está intentando promulgar políticas y tomar acciones que violen y socaven el T-MEC.
Señalaron que la administración de López Obrador y el partido Morena, mayoritario en el Congreso, “han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente.”
Destacaron que las “recientes acciones discriminatorias contra empresas estadunidenses requieren una respuesta oportuna y clara.”
“Instamos a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las acciones discriminatorias y brinden a las empresas estadunidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé el T-MEC.”
Recordaron que el presidente López Obrador ha insistido en que el objetivo explícito es dar un trato preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, el mandatario mexicano también ha expresado en diversas ocasiones que no se afectarán las inversiones de las empresas privadas en el sector energético.
“La reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz”, dijo López Obrador el pasado 13 de octubre al referirse a las supuestas afectaciones al T-MEC que pueden darse.
Los congresistas consideraron que las acciones, que “se han intensificado”, son perjudiciales para la inversión y los trabajadores estadunidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, conceptos protegidos por el T-MEC.
“A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadunidense en los mercados de combustibles de México.”
Entre las acciones que “sofocan la competencia del sector privado”, está la modificación de las reglas de comercio exterior, que prohíben a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.