- Sin consulta, Conacyt va por más cambios en el SIN
- Senadoras piden al INE dar máxima difusión a la consulta popular
- Escándalo en el Vaticano: inició el mes con un maxi-juicio contra el cardenal Becciu
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
El Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, busca derogar el Artículo 34 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para que, a pesar de las críticas, puedan aplicar desde este año los nuevos criterios específicos de evaluación. De concretarse, será la tercera reforma que se hace al Reglamento en menos de 10 meses y sin consultar a los investigadores.
El lunes 28 de junio, en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se publicó el “Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores”, en el que se lee: “La presente Reforma fue aprobada por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante Acuerdo 02-10/2021 de fecha 17 de junio de 2021, tomado en su segunda sesión ordinaria 2021”.
En el documento se detalla que se busca derogar el Artículo 34 del Reglamento del SNI que actualmente indica: “Al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal del Conacyt, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente”. “Los Criterios no serían aplicables en la evaluación que se va a realizar este año y de aplicarse, se caería en una irregularidad o en una ilegalidad. Ahora el anteproyecto está en la Conamer y lo más probable es que prospere, porque así ha ocurrido a pesar de las diferentes críticas”, explica Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales.
Aunque en la Conamer aún no se establece en qué fecha el anteproyecto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el investigador lamenta que el Conacyt no informe sobre estos cambios.
“El Conacyt debiera avisar sobre este tipo de cambios a los miembros del SNI. El cambio de reglas de evaluación para el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema ha sido repentino y eso ha causado molestia y preocupación, pues hay investigadores que se prepararon para una evaluación con los criterios pasados, no para los nuevos. Lo adecuado sería que la modificación de reglas se aplicara en tres o cuatro años”, dice Rodríguez.
El investigador califica como “injusto” que no se haya consultado con los más de 30 mil miembros del SNI sobre este anteproyecto, opinión que comparte Susana Quintanilla, del Cinvestav. “El Consejo tendría que informar esto a los miembros del SNI, que somos los interesados en comentar esto, pero todo lo hacen en lo oscurito”, asegura Susana Quintanilla.
Las senadoras del Partido del Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos de la Torre y Alejandra del Carmen León Gastélum, hicieron un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), para que fortalezca la estrategia, mecanismos y medios de difusión de la consulta popular del próximo 1 de agosto.
En un punto de acuerdo que presentaron en la Comisión Permanente, las legisladoras solicitaron a la Secretaría de Gobernación que ceda al INE los tiempos correspondientes al Estado en radio y televisión, a fin de ampliar la difusión de este ejercicio de participación ciudadana.
Puntualizaron que así se garantizarán los derechos político-electorales de los ciudadanos, toda vez que “la consulta popular representa una importante herramienta de la democracia”.
Sin embargo, advirtieron que el mecanismo para difundir la consulta popular no garantiza el derecho a la información de la ciudadanía y, por lo tanto, se vulnera su derecho a participar en este ejercicio.
“Es fundamental hacer un llamado para que las autoridades del Instituto Nacional Electoral actúen de manera institucional, profesional y con apego a la ley, a efecto de que lleven a cabo las tareas necesarias para dar la máxima difusión de este mecanismo de participación ciudadana”, enfatizaron.
Las senadoras recordaron que el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que dicho organismo podrá difundir, por medios electrónicos, la información sobre la consulta popular a partir del 15 de julio, porque así lo estableció el Congreso de la Unión.
En este marco, lamentaron que para esta consulta solo se emitirán 212 spots en radio y televisión, por cada uno de los tres mil 492 concesionarios o permisionarios, por lo que en total se estarían transmitiendo únicamente 377 mil 606 mensajes promocionales.
Las legisladoras del PT subrayaron que esta consulta “es la oportunidad de dar un grito fuerte y claro para aquellos que se sienten intocables”.
Finalmente llegó la noticia de la que se hablaba sottovoce en los pasillos de Oltretevere, que todo el mundo esperaba: el 27 de julio comenzará en el Vaticano un maxi-juicio por corrupción, estafa y malversación de fondos reservados de la Secretaría de Estado, contra el defenestrado cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas, entre las cuales una mujer, Cecilia Marogna.
Coterránea del purpurado y apodada “la dama del cardenal”, de 39 años, Marogna recibió sumas millonarias para actividades de inteligencia jamás realizadas e irá al banquillo por el delito de peculado, anunció un comunicado del Vaticano. Becciu es acusado del mismo delito de peculado, de abuso de poder, también en complicidad y de soborno.
Al cabo de una larguísima y compleja investigación –que comenzó hace dos años al salir a la luz una inversión descabellada en un lujoso edificio de Londres y comparada con la Operación anticorrupción Manos Limpias de la década del ’90 en Italia- y querida por el papa Francisco para hacer esa prometida limpieza de las finanzas del Vaticano, los promotores de justicia decidieron avanzar con un maxi-proceso que significa un verdadero terremoto y algo sin precedentes en el Vaticano.
Durante siglos, en efecto, los errores o delitos de los altos cargos de la Curia se resolvían a puerta cerrada: sin intervención de policías, fiscales ni jueces. Además de Becciu –a quien Francisco obligó a renunciar a sus cargos y derechos cardenalicios el 24 de septiembre del año pasado- y “lady Marogna”, los imputados son nombres ya conocidos, que dan la idea de la entidad del escándalo y de sus añejas raíces.
Se trata de monseñor Mauro Carlino, jefe de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que fue durante años secretario personal del cardenal Becciu; el financista romano Enrico Crasso, de 73 años, que por casi tres décadas manejó las inversiones de la Secretaría de Estado; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos; su jefe, el abogado suizo René Brüelhart, expresidente de la AIF; Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que al parecer tuvo un rol protagónico en el asunto, tanto es así que cobraba “fees” del banco UBS de acuerdo al volumen de transacciones y si conseguía nuevos clientes; los turbios brokers italianos Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (este último arrestado en junio del año pasado y luego liberado bajo fianza, “cantó” todo lo que sabía a la justicia del Vaticano); y Nicola Squillace, el abogado de estos dos últimos personajes. Además, estarán en el banquillo cuatro empresas -HP Finance LLC, ligada a Crasso; Logsic Humanitarne, a Marogna; Prestige Family Office SA; y Sogenel Capital Investment-, que fueron utilizadas como pantallas.
El caso.- El comunicado del Vaticano recordó que las investigaciones, comenzadas en julio de 2019, contaron con la colaboración de la policía italiana y rogatorias en varios otros países, algunos famosos por ser paraísos fiscales (Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza) y “permitieron sacar a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado consistentes pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.
En las 500 páginas del sumario de acusación, elaborado por el promotor de Justicia, Gian Piero Milano y sus colaboradores, Alessandro Diddi y Gianluca Perrone, los delitos imputados son varios y, también, dan la idea del escándalo. Estos son fraude, peculado, abuso de poder, apropiación indebida, reciclaje y auto-reciclaje, corrupción, extorsión, publicación de documentos reservados, falsificación de documentos públicos y privados. En nombre de la transparencia que desde el principio buscó Francisco, el Vaticano no sólo dio acceso a las 500 páginas de documentos, testimonios e interrogatorios recolectados por los fiscales, sino que hasta hizo un resumen, que publicó Vatican News, su portal.
En el sumario de acusación, parecido a una novela criminal, tal como había salido a la luz en los meses pasados gracias a investigaciones periodísticas, los magistrados del Vaticano constataron que la Secretaría de Estado utilizó “fondos recibidos para actividades benéficas, por su naturaleza no susceptibles de ser usados por fines especulativos, para operaciones de elevadísimo riesgo financiero y con fines ciertamente incompatibles con los de los originarios donantes”. Es decir, el Óbolo de San Pedro.
Las inversiones non “sanctas” se remontan a junio de 2013 y febrero de 2014, con Jorge Bergoglio recién electo, cuando su sustituto (heredado de Benedicto XVI) era monseñor Angelo Becciu. Entonces, el broker Mincione –presentado en el Vaticano por Crasso-, a través de complicadísimas operaciones financieras –que pocos entendían en el Vaticano-, le “vendió” a la Secretaría de Estado la inversión –que resultó totalmente fallida- de parte de un edificio en Londres, no solo a un precio desproporcionado, sino que además, con una deuda.
Un dato que emerge de la mole de documentos es que, según los fiscales del Vaticano, la gendarmería había advertido que Mincione no era confiable. Cuando el prelado venezolano Edgar Peña Parra sucedió a Becciu en el cargo de sustituto, en octubre de 2018, se desayunó con el agujero negro provocado por la inversión de Londres, que intentó arreglar. En este marco, dada la complejidad de la operación, fue estafado y extorsionado por Mincione y Torzi, que le pidieron comisiones millonarias para arreglar la intrincada situación. Entonces su superior directo, el cardenal Pietro Parolin, número dos del Papa, sin darse cuenta de la entidad del fraude, firmó documentos que avalaban esas operaciones.
Lo novedoso es que más tarde, en mayo de 2020, irrumpió en el asunto el cardenal Becciu –entonces titular de la Congregación para las Causas de los Santos-, quien, pese a que ya había una investigación en curso, intentó “desviarla de forma pesada”. ¿Cómo? Trató de readquirir el edificio de Londres por más de 300 millones de libras esterlinas, a través de un exparlamentario de Forza Italia (el partido de Silvio Berlusconi), Giancarlo Innocenzi, un diplomático italiano, Giovanni Castellaneta y Marco Simeon, personaje turbio de la época del cardenal Tarcisio Bertone.
Los magistrados del Vaticano también acusan a Becciu de abuso de poder y de soborno, por haber intentado hacer que se retractara ante los magistrados monseñor Alberto Perlasca –durante años jefe de la oficina de administración de la Secretaría de Estado-; y por usar 200 millones de euros del Óbolo de San Pedro en un fondo que aconsejaba Mincione “sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofertas de los fieles para obras caritativas pudieran ser empleadas para financiar alocadas y temerarias operaciones especulativas”.
Y hay más. Tal como había salido a la luz, en el sumario también hay un capítulo dedicado a “lady Marogna”, la amiga sarda del cardenal Becciu que, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, recibió a través de un empresa pantalla radicada en Eslovenia giros por 575.000 euros. Un dinero que, en teoría, servía para operaciones de inteligencia para rescatar a una monja secuestrada, pero que en la práctica fueron gastados en artículos de marca y hoteles de lujo.
Finalmente Becciu, que fue durante años uno de los hombres de más confianza de Francisco –tal como había trascendido cuando fue obligado a renunciar-, también es acusado de haber financiado la cooperativa de su hermano Antonino con 600.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana y con 225.000 de fondos de la Secretaría de Estado. Esas donaciones tuvieron fines distintos de los caritativos, constataron los magistrados, que descubrieron que el dinero incluso sirvió para que un sobrino se comprara un departamento en Roma.
En medio de un clima de gran conmoción, porque nunca antes hubo un proceso de este tipo en el Vaticano -que puede durar años- Becciu, de 73 años y hasta septiembre del año pasado una de las personas más influyentes de la Santa Sede, volvió a clamar su “absoluta inocencia”. En un comunicado difundido por sus abogados, se manifestó víctima de una “maquinación pergeñada en su contra” y de una campaña mediática que padeció “en silencio” por respeto a la Iglesia, a la que le dedicó la vida y se mostró combativo, listo a desmentir ante el tribunal “la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra y las tramas oscuras que evidentemente las han sostenido y alimentado”.
Por lo demás, creo que todos estaos bien.