- Por Javier Divany Bárcenas
RedFinancieraMX
El PRD en la Cámara de Diputados, pide a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) investigue a Gabriel García, quien fuera coordinador General de Programas de Desarrollo y estaba a cargo de los 32 superdelegados, 260 delegados regionales y los 25 mil servidores de la nación, pues se le acusa de presuntos delitos electorales al usar los recursos públicos y programas sociales con fines clientelares para beneficiar a Morena en los pasados comicios.
Entre los programas que dependían del ahora exfuncionario se encuentran Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Producción para el Bienestar, Crédito Ganadero a la Palabra, Tandas para el Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, entre otros.
Gabriel García le reportaba directamente al presidente de la República, a quien hoy le presentó la renuncia. “Es decir, el ahora excoordinador de Programas para el Bienestar era el operador político de López Obrador, quien a través de superdelegados, los servidores de la nación y el uso clientelar de los programas sociales fue determinante para influir en los resultados electorales del 6 de junio en favor de Morena”, acusó Verónica Juárez Piña, del PRD.
“Gabriel García usó los recursos públicos, a una amplia red de funcionarios y los programas sociales para montar una sofisticada estructura electoral para promover con fines políticos a López Obrador, comprar el voto e influir de manera ilegal en las elecciones en favor de Morena”, denuncia la Diputada Federal por Jalisco.
“Por eso debe ser investigado por la FEDE, por presuntos delitos electorales definidos como aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”, la Coordinadora perredista. “Gabriel García es un delincuente electoral, y no debe quedar impune”, concluye la legisladora.