- Por José Antonio Aspiros Villagómez
RedFinanciera
Encontramos en el diario La Jornada una perla que no podemos dejar pasar sin comentarla, porque da luces acerca de las decisiones que tomó -o las instrucciones que tiene, no sabemos- la actual directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, para regresarla a su antigua condición de medio informativo del gobierno en turno.
Ya lo habíamos notado, pero esta vez ella lo confirmó aunque desconocemos cómo y dónde lo dijo, sino solamente que lo hizo cuando se cumplió un año de que la agencia suspendió efectivamente sus operaciones a causa de una huelga estallada casi cuatro meses antes.
Las banderas rojinegras fueron puestas el 21 de febrero de 2020, sin embargo la empresa continuó trabajando todavía después de que, el 5 de marzo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró “existente y lícita” la huelga y el 13 de mayo pidió parar actividades, y fue hasta hace un año, el 8 de junio, cuando la Junta de Gobierno de Notimex ordenó acatar el laudo laboral.
Pero lo de la huelga, que continúa en medio de amparos, acusaciones, reclamos a las autoridades laborales, peticiones al presidente, desencuentros y reuniones sin ningún avance hasta la fecha, no es tanto el tema que nos ocupa sino el concepto que tiene la directora Sanjuana Martínez, de la misión de una agencia de Estado.
La funcionaria señaló a La Jornada que era “un error garrafal” –y tenemos que transcribirlo textual– “dejar al Estado mexicano sin un medio público tan importante”, pues eso “ha perjudicado al gobierno”. Ello, porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha sido –expuso la periodista al parafrasearlo– “el presidente más atacado mediáticamente en la historia reciente de México y quedó en vulnerabilidad frente al cierre ilegal de ese medio de comunicación”. (https://www.jornada.com.mx/2021/06/09/politica/008n1pol)
En abril de 2020, y luego en septiembre cuando se publicó un desplegado contra AMLO titulado ‘Esto tiene que cambiar’, el gobernante comentó que “nunca (…) se había atacado tanto a un presidente como ahora, desde (Francisco I.) Madero”. Pero a nuestro juicio no es función de Notimex defender al presidente, como tampoco atacar a sus adversarios.
Eso debe ser así en un medio informativo de Estado, porque el gobierno y el Estado –y usted lo sabe– no son lo mismo. Hay un gobierno diferente cada seis años, y siempre forma parte del mismo Estado.
Notimex nació en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz como una sociedad anónima con recursos públicos, y en el de Miguel de la Madrid quedó formalmente como una empresa paraestatal y las acciones pasaron de los directivos en turno, a la Secretaría de Gobernación. Por ello dependió de los sucesivos gobiernos y de esa manera continuó hasta que, hace 15 años, durante el mandato de Vicente Fox fue convertida legalmente en Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Teóricamente no estaría más al servicio de ningún gobierno sexenal o de su titular como sugiere su actual directora que debería hacerlo, y tal vez por eso tenía en el sitio web de Notimex (inactivo también por la huelga) un vínculo para ver las conferencias de prensa mañaneras del presidente.
Habría que recordar a quien lo necesite, que conforme a la ley Notimex es un “organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado… dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión”
Y su “objeto” no es contener la vulnerabilidad del gobernante, sino “coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero (inclusive a los que atacan), con auténtica independencia editorial”.
Esto es Notimex en síntesis. La Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial el 2 de junio de 2006, contiene diez capítulos y 41 artículos, más 12 transitorios, y establece que “la información que genere o transmita” debe “realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los Poderes de la Unión o de las Entidades Federativas” y reconoce además como derechos de los periodistas de la empresa, el secreto profesional y la cláusula de conciencia.
Asimismo puntualiza que las relaciones con el personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato colectivo de trabajo, este último convertido en uno de los obstáculos para solucionar la huelga actual.