- Se trata de un terreno de 504,379 metros cuadrados, que argumenta es para utilidad pública
- Empresarios y políticos fustigan la acción del gobernador de Baja California
RedFinancieraMX
En medio de un efervescente proceso electoral, y para distraer a la población de temas importantes como inseguridad pública, el desempleo, la caída en la economía y recaudación local, el gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, expropio el Club Campestre de Tijuana.
Este martes, Bonilla publicó un decreto en el que expropia el inmueble que alberga un amplio campo de golf, para convertirlo en un parque público.
La amenaza lanzada en diciembre de 2020 se cumplió, luego de que el mandatario acusara a los propietarios del club de arrastrar varios adeudos fiscales con la entidad.
Sin embargo empresarios, políticos y público en general manifestó su ira en público y en redes sociales ante la actuación Bonilla porque vulnera la propiedad privada afecta la certeza jurídica.
Lupita Jones: candidata de la alianza “Va por México” (PRI, PAN y PRD), afirmó en cuenta de Twitter: “Hoy es un día muy triste para Baja California. Bonilla está materializando por decreto la expropiación de la propiedad privada: tu casa, negocio y patrimonio te pueden ser arrebatados. Estemos UNIDOS para que estas arbitrariedades no sucedan, votemos por el cambio este 6 de junio”.
Por su parte, el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, escribió en redes sociales que “los gobiernos de #Morena vulneran la certidumbre jurídica y no respetan la propiedad privada. Una nueva evidencia: El Gobernador Jaime Bonilla de Baja California recién decretó la expropiación del Club Campestre de Tijuana. ¿Que sigue?”.
El decreto expropiatorio se publicó en el periódico oficial de Baja California como una Declaratoria de Utilidad Pública, con lo cual se procede a la afectación del club es propiedad de una sociedad civil que opera desde hace 60 años.
El predio está enclavado en una exclusiva zona residencial, con acceso al boulevard Agua Caliente de esta ciudad fronteriza y su densidad de población contrasta con el área este donde viven más de 70 por ciento de los tijuanenses.
Según el decreto, es la única área de esa zona de la ciudad que puede ser proclive para atender las necesidades de equipamiento urbano público y preservar el bienestar de los ciudadanos.
Justifica también que de los casi cuatro millones de habitantes, en Tijuana reside 51 por ciento de la población.
Bonilla Valdez anunció en diciembre de 2020 su intención de expropiar este club que cuenta con un campo de golf de 28 hoyos reglamentarios tras la confrontación con el alcalde con licencia Arturo González Cruz, quien fue en la última década administrador del Campestre y acusó a esta propiedad de más de 200 accionistas de incumplir con el pago de agua.
El precio de la expropiación bonillista se estima en mil millones de pesos, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Expropiación de Baja California, ya que se considera el valor catastral y comercial de un terreno de 80 hectáreas.
A ocho días de haber iniciado las campañas electorales a la gubernatura de Baja California, el morenista firmó la declaratoria, ordenó su publicación y designó al secretario general de Gobierno para que inicie los trabajos de expropiación.
Bonilla, quien pretendía mantenerse en la gubernatura cinco años, lo cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), añade en el documento de expropiación que con esta “se optimizan los derechos humanos de protección a la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, así como al acceso a la cultura”.
Si bien el gobernador, como cualquier otro titular del Ejecutivo de las entidades federativas del país, tiene facultades para expropiar la propiedad privada, estas acciones deben estar plenamente justificadas constitucionalmente, por lo que los afectados pueden acudir al Juicio de Amparo para oponerse a esta medida.