- Suscriben convenios para fortalecer mecanismos de control
RedFinancieraMX
La Cámara de Diputados suscribió un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos públicos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva.
En el evento virtual, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, destacó que, “por primera vez, integrantes de la LXIV Legislatura serán simultáneamente legisladores en el ejercicio del cargo y candidatas y candidatos a las diputaciones que conformarán la LXV Legislatura”.
Resaltó que, con la firma de este convenio entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral, “abonamos a la certeza jurídica y la igualdad de oportunidades de las y los aspirantes a diputados federales. Pero también velamos porque el trabajo legislativo se mantenga hasta el final del periodo para el cual la LXIV Legislatura fue electa”.
Reconoció que el cambio político en México no ha sido un camino fácil ni exento de dificultades. Por ello, dijo, este convenio es relevante “pues representa el primer intento por formalizar una colaboración institucional que nos permita avanzar para resolver parte de las asignaturas pendientes que presenta la reelección legislativa en el México del siglo XXI”.
Aclaró que “como presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, suscribo este convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral con el pleno apoyo solidario de los ocho grupos parlamentarios:
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido del Trabajo (PT); Partido Movimiento Ciudadano (MC); Partido Encuentro Social (PES); Partido de la Revolución Democrática (PRD); Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”.
Enfatizó que los ocho grupos parlamentarios y las y los diputados “coincidimos en que la transparencia y la rendición de cuentas, serán fundamentales para avanzar de manera firme en la consolidación de la democracia de nuestro país”.
Con esta perspectiva histórica, añadió, “reconozco la suscripción de este convenio, porque representa un paso muy importante en el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, en el marco de una cultura de la legalidad y de respeto al Estado de Derecho”.
Destacó que, por su magnitud, por el tamaño del padrón electoral, por el elevado número de cargos en disputa, por el cumplimiento del principio de la paridad, “las elecciones del próximo 6 de junio serán inéditas”.
También, dijo, estará presente la prueba democrática que significa la figura de la reelección: diputadas y diputados locales y federales, presidencias municipales. “La elección consecutiva enfrenta uno de los más controvertidos cuestionamientos respecto a la posible ventaja que puede tener un/a representante popular que busca la elección para el mismo cargo, desde el propio ejercicio del cargo”.
Sauri Riancho resaltó que se han aflorado las asignaturas pendientes del tema de la elección consecutiva de legisladores, tanto las políticas, como las jurídicas. “En lo político, debemos avanzar hasta asegurar que la reelección dependa de las y los ciudadanos y no exclusivamente de los partidos políticos”, resaltó.
Consideró que no deja de ser una gran paradoja que en esta primera gran experiencia histórica a casi 80 años de la última reelección efectiva (que aplicó a los diputados que fueron reelectos en 1932) las candidaturas de quienes aspiraban a reelegirse han dependido de las decisiones y los procedimientos instrumentados por las directivas de los partidos políticos y no del propio electorado que habrá de reconocer o castigar con su voto la actuación de sus representantes. “Requerimos normas que permitan perfilar un verdadero ‘menú ciudadano’ para quienes aspiren a la elección consecutiva, que vaya más allá de las postulaciones partidistas”.
En este marco, agregó, “es indispensable anticipar los cambios en la interacción política entre el Poder Legislativo y el Presidente de la República a partir de la reelección inmediata de diputados y senadores pues mientras que la persona que ocupe la Presidencia llega para irse en 6 años, los otros, al menos un buen número, permanecerán en sus cargos una vez que la o el titular del Ejecutivo Federal haya concluido inevitablemente su periodo”.
En lo jurídico, estimó que se deben perfeccionar el régimen completo de postulación, campañas, acceso al cargo y ejercicio, verificación y control de los recursos de las y los legisladores locales y federales que busquen reelegirse.
La legisladora estimó que un reto mayúsculo vendrá en la elección de 2024, pues la reelección de legisladores, mujeres y hombres, diputados y senadores, se realizará en el contexto de la elección de una nueva Presidencia de la República.
Sostuvo que a la próxima legislatura corresponderá trabajar en reformas que propongan y hagan efectivas la competencia política de los partidos, la eficacia democrática del sistema político y las posibilidades de la democracia parlamentaria y legislativa.
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, explicó que este convenio de colaboración busca facilitar la fiscalización de los recursos que las y los diputados que pretendan reelegirse. “Aunque la reelección es un derecho que está reglamentado en la inmensa mayoría de las democracias modernas y suele estar asociado a la rendición de cuentas, en nuestro país fue un tema tabú durante casi ocho décadas y en los primeros 20 años de transición democrática”.
Destacó que en los hechos será el proceso electoral de 2021, el más grande y complejo de nuestra historia, el que refleje por primera vez la experiencia de reelección consecutiva de diputadas y diputados. “de ahí la importancia que el día de hoy el INE y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados suscribamos este convenio de colaboración para intercambiar información sobre los recursos que utilicen las y los diputados”.
Comentó que este documento surge de las reuniones que han sostenido los equipos de trabajo de ambas instituciones, con el cual se establecen las bases normativas para que el INE solicite a la Cámara de Diputados información precisa sobre recursos humanos, materiales y financieros que se asignan para el cumplimiento de funciones legislativas en cualquier espacio, ya sea en el recinto, fuera o en comisiones o comités.
“Es para garantizar el principio constitucional de que los recursos públicos no pueden ser utilizados con fines político-electorales; concretamente es el compromiso de la Cámara de entregar oportunamente la información de los recursos materiales, el padrón y bitácoras del parque vehicular, debiendo señalar vehículo, fecha, etcétera, que se fiscalizarán, los recursos humanos asignados, así como los de las comisiones u otros grupos de trabajo”.