- “No somos colonia”, dice López Obrador sobre la visita de asesores de Biden
- Fiscalía evita ver a Robles para iniciar negociación; le piden informe sobre Estafa Maestra
- México y EEUU acuerdan “ordenar” la migración ante las crecientes presiones
- Ajuste en el Vaticano: el Papa les bajó el sueldo a cardenales, altos cargos y sacerdotes
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
En el aquelarre, perdón en la reunión de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador los estatales salieron un poco desilusionados porque comentaban entre dientes que solamente se dedicaron a firmar un acuerdado para garantizar la limpieza de las elecciones que se avecinan y AMLO no les dio chance de nada más por lo que se llevaron consigo las peticiones que habían planeado.
Así salieron rápido a sus estados de origen y pues algunos comentaron que ahí sería para más adelante cuando presenten sus peticiones si esas que hace cada día, cada semana, cada mes o cada año de mayores recursos para despilfarrar o de invertir en las elecciones del 6 de junio próximo. ¡Pues que así sea!
Peo muchos preguntaron cómo es que en una situación tan importante como es el futuro de la democracia en nuestro país no se invitó al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y olvidaron que presidente López Obrador había dicho que se está en una etapa nueva y que por ello no se pude poner vino nuevo en botellas viejas. Aunque sí estuvo presente el Fiscal General de la República Gertz Manero. Ahí el Jefe del Ejecutivo señaló que no era un acto ocioso porque va dirigido contra fraudes electorales. Pues entonces esperaremos y diremos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este martes que México “no es colonia” de nadie, cuestionado sobre si la visita al país de varios asesores de su homólogo estadounidense, Joe Biden, es para supervisar las acciones para frenar la ola migratoria.
“No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente y soberano”, refirió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, y recordó que el encuentro entre funcionarios se debe a una visita para temas de migración y de seguridad.
Una delegación de alto nivel estadounidense se reúne este martes en la Ciudad de México con altos funcionarios del Gobierno mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard, para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo.
Por parte de Estados Unidos participará la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en el NSC, Juan González, y el recién nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
“Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos (…) o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan”, afirmó. Señaló que las relaciones con Estados Unidos son de respeto mutuo y agradeció al Gobierno de ese país “que no interfiera y no violente” sus “principios constitucionales de política exterior”.
Insistió en que hay “buenas relaciones” con Estados Unidos, el principal socio económico comercial de México. “Es como si Marcelo Ebrard revisara Texas porque no supieron resolver el problema (del apagón eléctrico), llega Marcelo a ver por qué se permitió esto. Eso es una injerencia, es indebido”, añadió.
López Obrador resaltó que la política migratoria del presidente Joe Biden “es muy buena”. Sin embargo, afirmó que va a llevar tiempo, sobre todo en su compromiso de regularizar a los migrantes mexicanos.
Los tres altos funcionarios estadounidenses se reunirán con Ebrard; el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y otros representantes de ese ministerio y del Instituto Nacional de Migración (INM), según una fuente oficial estadounidense.
La región vive una potente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a finales de enero y las autoridades estadounidenses detuvieron a 100.441 indocumentados en febrero, frente a los 78.442 de enero. Por primera vez y tras un año de pandemia, México anunció la pasada semana el control terrestre para actividades no esenciales en su frontera sur, alegando que se debía controlar la propagación del coronavirus.
El Secretario de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y Roberta Jacobson, coordinadora de la Frontera Sur de la Casa Blanca, encabezaron una reunión privada en Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados.
“El objetivo de los encuentros fue avanzar tanto en la agenda de cooperación internacional para el desarrollo como en mecanismos de cooperación migratoria, a fin de que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La delegación especial de Estados Unidos incluyó al encargado de Latinoamérica y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), Juan Gonzalez, y al enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zuñiga.
Del lado mexicano también participaron Roberto Velasco, director general para América del Norte Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). También estuvo de forma virtual la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena.
“Los participantes de ambos Gobiernos y de la Cepal coincidieron en fortalecer la cooperación para estimular la economía regional de una manera más equitativa y, así, disminuir los flujos migratorios desde América Central”, aseguró la cancillería mexicana.
Aunque el pronunciamiento público de México no mencionó detenciones, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció este martes “un frente común” en la frontera sur del país, que incluye a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. El INM reportó la detención de 31.492 “personas irregulares” en lo que va del año, un aumento de cerca del 18 % comparado con el mismo periodo de 2020.
En Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 100.441 indocumentados en febrero, frente a 78.442 de enero, una tendencia al alza aunque aún no alcanza a mayo de 2019, cuando la CBP aprehendió a 132.856 personas y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a México con la imposición de aranceles.
“Estamos aplicando la ley de una migración controlada, segura y de contención, porque adultos están usando a los niños como pasaporte de migrantes para transitar en nuestro país hacia los Estados Unidos”, aseguró Francisco Garduño, titular del INM.
Las Fuerzas Armadas de México han señalado el despliegue de 8.715 miembros y 340 puntos de revisión en los que se “rescataron” a 12.905 migrantes entre febrero y marzo, una cifra menor a los cerca de 25.500 agentes desplegados tras las presiones de Trump en 2019. “Lo que nosotros debemos atacar son a esas redes que convocan caravanas”, expuso Garduño.
Entre presiones y vacunas. La visita de Jacobson, quien fue embajadora de Estados Unidos en México de 2016 a 2018, ocurre mientras el presidente Joe Biden afronta presiones políticas por la situación en la frontera. Tras la reunión bilateral del 1 de marzo con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, trascendió que Biden pidió ayuda para controlar el flujo migratorio, mientras que el presidente mexicano solicitó acceso a las vacunas producidas en Estados Unidos.
Marcelo Ebrard justificó el cierre al señalar que Campeche y Chiapas, estados fronterizos del sureste, están en color verde del semáforo de riesgo epidémico, por lo que deben contener la
Pandemia para que regresen a clases presenciales. Aun así, admitió que plantearía a Jacobson la necesidad de un plan compartido de vacunación en la frontera norte de México.
“Es uno de los temas que queremos tratar. No solo ese, sino cuál va a ser la evolución en los próximos meses, porque ya llevamos un año de restricciones en el caso de la frontera norte, cuál va a ser la estrategia que se piensa seguir”, reconoció.
Rosario Robles se ofreció a colaborar en la investigación del esquema de desvíos conocido como la Estafa Maestra, pero desde hace 4 meses la Fiscalía General de la República (FGR) ha evitado visitarla en el penal de Santa Martha Acatitla para conversar con ella.
Sergio Arturo Ramírez, defensor de la exsecretaria, dijo a Animal Político que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) habría de encontrarse con Robles la semana pasada, sin embargo esto no ocurrió.
En lugar de eso, la SEIDO pidió a Rosario Robles elaborar un informe sobre las aportaciones que quiere realizar a las investigaciones sobre la Estafa Maestra, en el que refiera qué tipo de actos de corrupción quiere señalar y a quiénes involucran.
El pasado 3 de marzo, la extitular de la Sedesol y Sedatu propuso a la FGR declararse culpable de no haber frenado los convenios que dieron paso a la Estafa Maestra, y aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito, a cambio de que la Fiscalía aceptara cerrar el proceso penal abierto en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Algo que hasta ahora la dependencia se ha negado a llevar a cabo.
Seis días después, Robles retiró la propuesta, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales sobre los más de 5 mil millones de pesos que le exigen como reparación del daño.
Ajustar cinturones. En medio de una crisis económica sin precedente, también debido a la pandemia por el coronavirus, en una nueva medida extraordinaria para hacerle frente al déficit el Papa decidió bajarle el sueldo a cardenales, altos cargos y sacerdotes y religiosos de la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y demás entes, con el fin de “salvaguardar los actuales puestos de trabajo”.
En un nuevo “motu proprio”, documento por iniciativa propia, sobre “la contención del gasto para el personal de la Santa Sede, del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y otros entes relacionados”, Francisco dictaminó que el recorte será a partir del 1 de abril próximo. El sueldo de los cardenales se reducirá en un 10%; el de los demás superiores, en un 8%, y el de clérigos y miembros de Institutos de vida consagrada o de sociedad de vida apostólica de escalafón menor, en un 3%.
“La reducción no se aplicará” a quienes demuestren que les resulta “imposible” hacerle frente a gastos fijos relacionados con su estado de salud o el de algún pariente de segundo grado, indica el nuevo decreto. Francisco dictaminó que el recorte será a partir del 1 de abril próximo (Crédito: BBC Mundo/)
Nadie sabe exactamente cuánto gana un cardenal, algunos creen entre 4500 y 5000 euros. Según una fuente muy informada consultada por LA NACION, “bastante menos”, pero lo cierto es que tienen grandes ventajas con el alquiler de departamentos –en algunos casos, espectaculares, propiedad de la Santa Sede-, a precios bajísimos. En base al nuevo decreto, firmado por Francisco, no se reducen los sueldos de los empleados laicos -la inmensa mayoría del personal -,
a menos que sean jefes o subjefes de un departamento; en ese caso sí se les aplica el recorte del 8%.
La única medida que afecta a los casi 6000 empleados que suman la Santa Sede, el Estado del Vaticano, las basílicas papales, el vicariato de Roma, etc. es que dejan de contar los bienios por ancianidad, por lo que no tendrán aumento automático de sueldo en 2023.
Y explicó su decisión de ajustar los cinturones recordando “el déficit que desde hace años caracteriza la gestión económica de la Santa Sede” y el “agravarse de tal situación después de la emergencia sanitaria determinada por la difusión del Covid-19, que ha incidido negativamente en todas las fuentes de ingresos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano”.
El decreto señaló que estas medidas excepcionales se toman “con la finalidad de salvaguardar los actuales puestos de trabajo”, y teniendo en cuenta que los costos de personal constituyen “una relevante” parte de los gastos. De hecho, ese gasto es el mayor con gran diferencia.
Subrayó, además, que procedía con criterios de “proporcionalidad y progresividad” y que la decisión, sin precedente en tiempos modernos, se tomaba tras haberse consultado a la Secretaría para la Economía y “después de haber examinado con cuidado cada cuestión relativa a la materia”. La Secretaría para la Economía es el “superministerio” de Economía creado por el ex arzobispo de Buenos Aires, que desde hace más de un año lidera el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves. Guerrero Alves, cercano al Papa, reemplazó en ese puesto considerado una “papa caliente” al cardenal australiano George Pell, exzar de las finanzas del Vaticana que debió irse para defenderse en su madre patria de un escándalo de pedofilia.
Fiel reflejo de la transparencia que quiere el Papa, hace dos semanas Guerrero Alvez por primera vez publicó los números del presupuesto de la Santa Sede para 2021, que consignó una dramática caída de ingresos, del 30%, por lo que deberá gastar 30 millones de euros de su reserva de donaciones para cubrir un déficit de 80 millones, provocado principalmente por la pandemia. El ajuste es consecuencia de toda esta situación.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.