- Por Javier Divany Bárcenas
RedFinancieraMX
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la fracción X del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para establecer como datos sensibles la información relativa a la preferencia y orientación sexual, así como la genética o biométrica dirigida a identificar de manera unívoca a una persona física.
Con 461 votos a favor, los diputados aprobaron las reformas que será enviado al Senado para sus efectos constitucionales, pero al fundamentar el dictamen el diputado del PT, José Luis Montalvo Luna, explicó que esta reforma busca fortalecer la protección de datos sensibles y eliminar cualquier uso indebido que conlleve o represente un riesgo para la ciudadanía.
El objetivo es fortalecer el marco jurídico en materia de transparencia, protección de datos personales y combate a los actos de corrupción, y estas modificaciones establecen las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos en posesión de los sujetos obligados.
Con estos cambios no sólo se moderniza la legislación, sino se responde a las vertiginosas modificaciones que las tecnologías de la información imponen.
Al respecto la diputada Ximena Puente de la Mora del PRI, expresó que esta reforma amplía la clasificación del listado de datos personales sensibles para incluir la preferencia sexual y datos biométricos obtenidos a partir de un tratamiento técnico relativo a las características físicas, filológicas o conductas que permitan o confirmen la identificación de una manera unívoca de una persona, como imágenes faciales, huellas dactilares e iris ocular.
Y señaló que México ocupa el octavo lugar en el robo de identidad, y tan sólo en el primer semestre de 2020 se registraron 3 millones 171 mil reclamaciones contra los bancos por 14 mil 237 millones de pesos.
Agregó que la Auditoría Superior de la Federación refiere que ante la falta de políticas públicas que atiendan directamente el problema, se encuentran en riesgo un estimado de 54 millones de personas en el país, lo que representa el 68 por ciento de la población entre 18 y 70 años con al menos un producto financiero.