- Estos CPS han incurrido en violaciones de derechos humanos
RedFinancieraMX
Alrededor de 25 organizaciones jurídicas del país señalaron que los centros penitenciarios en México son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana.
La inversión destinada a los CPS no ha contribuido a garantizar derechos humanos: en todos los CPS hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y en 7 de los 8 centros existen deficiencias en los servicios de salud.
Las organizaciones de la sociedad civil expresamos grave preocupación por la estrategia llevada a cabo desde el gobierno federal con respecto a los CPS, o centros de reinserción social por Contrato de Prestación de Servicios.
Durante los últimos dos años bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han cerrado 4 de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo y Matamoros. Estos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se necesitan ocupar los CPS pues se están pagando exorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos.
Se agregó que el problema es que a los CPS creados durante el sexenio de Felipe Calderón bajo la supervisión de García Luna, se les otorgaron contratos con 20 años de duración. Hasta este 2021, es decir, a 9 años de su privatización, mantenerlos activos ha representado un costo de 75 mil 661 millones de pesos. Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, restaría un pago de 190 mil 638 millones de pesos, es decir, un total general de 266 mil 300 millones de pesos por 20 años.
Estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades tanto de cantidad de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a cabo más de 3500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos. Los traslados, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad.
La conversación, por tanto, que se llevó a cabo por parte del gobierno federal, se enfocó en el entramado de corrupción y opacidad de dichos centros y los elevados costos que tiene mantener a las personas ahí: “(…) En promedio tres mil 500 pesos diarios tener un recluso, pues es lo que yo gano al mes, o sea, 100 mil… Sí, es lo que yo gano diario como presidente. Es un hotel de gran lujo”. Sin embargo, desde la sociedad civil queremos resaltar que si bien la temática de la corrupción es importante, no debe de soslayar de ninguna manera los atropellos y abusos de derechos humanos que suceden cotidianamente en dichos centros privados, CPS. Los centros penitenciarios no son “hoteles de gran lujo”, son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana, sin importar el presupuesto que se le destine.
Si, en efecto, el gobierno federal buscará dar un término anterior a los contratos que se generaron en 2010, quedan aún interrogantes muy importantes sobre el uso y efecto de los CPS. En primer lugar, sobre el papel del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder acceder a los centros y generar información sin opacidad de los mismos, atender sus recomendaciones y también la de organismos internacionales como el Sub Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019. Misma que en su documento público, mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las prisiones del país.
La CNDH en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019) registró que en todos los CPS hay “insuficiencia de personal de seguridad y custodia”; en 7 de los 8 centros existe “deficiencia en los servicios de salud”; en 7 de los 8 centros no hay suficientes actividades laborales, de capacitación o educativas; y en 3 de los 8 hay una “inadecuada vinculación de la persona privada de libertad con la sociedad”. Todos estos rubros mencionados específicamente atienden a la reinserción social de las personas, la cual dentro de los CPS no parece ser importante, aunque ese sea el fin último del sistema penitenciario mexicano.
Estos mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), han incurrido en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones de tortura sistemática que existen en el país. El IFDP, de hecho, declaró que “los Ceferesos creados por inversión privada son los peor calificados o los más violentos en el Sistema Penitenciario Federal”. Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio sanitario, restricciones de agua y obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de sometimiento, entre otras cosas, se han revisado en amparos señalando más de uno de los CPS.
Reconocemos la intención del gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de 9 años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como “hoteles de lujo”, lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario: tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias.