- (RedFinancieraMX) Es relevante para que se protejan los derechos de los contribuyentes en beneficio del país
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebra la nueva propuesta del Poder Ejecutivo Federal, para que se designe al fin a un nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la cual no ha tenido a un Procurador designado por casi un año y medio (Diana Rosa Bernal Ladrón de Guevara, concluyó su cargo el 30 de abril del 2019), sino un encargado del despacho.
La persona que sea elegida por el Pleno del Senado durará en su encargo en la PRODECON, cuatro años a partir de su designación. Esta es la segunda terna que envía el titular del Poder Ejecutivo Federal, luego que la primera fue devuelta por los senadores al no cumplirse los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría.
Ante ello, en la Coparmex consideramos que es importante resaltar de nueva cuenta cuáles son los requisitos que debe reunir el nuevo Procurador (establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente), puntualizando de manera particular los contenidos en las fracciones III y IV del referido precepto legal.
El pasado 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una terna para el o la titular de la PRODECON. Sin embargo, dos de las tres personas postuladas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, no cumplen con el requisito de ser licenciados en Derecho.
Martha Patricia Jiménez Oropeza es licenciada en Administración, además de que cuenta con una maestría en Auditoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM); mientras que Ricardo Rodriguez Vargas es licenciado y maestro en Economía. El único que cumplió este requerimiento es Carlos Alberto Puga Bolio, quien es licenciado en Derecho.
Sin embargo, no se cuenta con evidencia de que alguno de los tres cuente con experiencia en materia fiscal, que es otro de los requisitos para poder ser titular de la PRODECON. Además, Ricardo Rodríguez Vargas no cuenta con más de tres años desde que renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (antes conocido como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o SAE por sus siglas).
La Coparmex recuerda que los requisitos para ser titular de la PRODECON, tal como lo marca el artículo 7 de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría, es ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además de poseer un título y cédula profesional de licenciado en Derecho (o carrera afín a la materia tributaria).
Aunado a lo anterior, el titular de la PRODECON debe de contar con experiencia acreditada en materia fiscal (mínimo cinco años inmediatos anteriores a su designación), y que en los últimos tres años no haya ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, así como haber sido titular de alguna entidad paraestatal, ni funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, el titular de la PRODECON no debió haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delitos que se impongan más de un año de prisión, y debe de contar, también, con una reconocida competencia profesional y una destacada honorabilidad.
Subrayamos que la experiencia en materia fiscal que debe acreditar el futuro titular de la PRODECON, es uno de los requisitos más delicados, debido a que dentro de las amplias funciones que realizará se encuentran el analizar y resolver de manera objetiva, temas relacionados con cuestiones sumamente técnicas y complejas en materias del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), análisis e interpretación de tratados en materia fiscal, así como análisis en materia de precios de transferencia, entre otros.
En la COPARMEX condenamos que durante la presente Administración Federal ha sido una constante que en los procesos de nombramientos de organismos autónomos descentralizados, parezcan inducidos o sesgados para que se termine avalando perfiles políticamente convenientes, aunque técnicamente deficientes. Nuestro llamado es a que se fortalezcan las instituciones con perfiles idóneos, con capacidad y experiencias probadas, y se deje de lado la improvisación y las designaciones guiadas bajo parámetros ideológicos o políticos.