- La titular de Sedatu fue cuestionada, juzgada y condenada en San Lázaro
- Por José Vilchis Guerrero
RedFinancieraMX
Lo que se esperaba, llegó. Junto con el morbo que despertó la comparecencia de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), también suscitó enojo. Rabia. El pleno de la Cámara de Diputados se convirtió en un tribunal para cuestionar, juzgar y condenar ahí mismo a la susodicha que ya en los medios ha sido cuestionada por la llamada Estafa Maestra.
Las y los diputados federales de todos los partidos, excepto del PRI y del PRD, se lanzaron a la yugular. Y fueron al grano: Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, destacó que en la cuenta pública 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con dos universidades por un monto de dos mil 224 millones que debían destinarse al tema más sentido de nuestro país: combatir la pobreza. El resto de dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, cuyo cúmulo de irregularidades les impedía recibir contratos públicos.
Asimismo, tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), están bajo investigación por presuntas operaciones irregulares. ¿Cuál fue el mayor progreso en esta Secretaría que encabeza, cuando existen pliegos de observaciones por la ASF, en cuanto a las viviendas en Chiapas? De resultar ciertas las cuentas encontradas, ¿cuál sería su explicación? ¿Cuál fue el monto real de lo que se llevó a las comunidades?
Robles Berlanga se defendió como pudo: de entrada afirmó que la Sedesol y Sedatu bajo su dirección, no firmaron un solo contrato con ninguna empresa. Se firmaron convenios con universidades públicas y “confío plenamente –porque vengo de una de ellas- y en los procedimientos que llevaron a cabo”.
Lo que dice la ASF son observaciones que se solventan y, dicho por el propio auditor, en ningún caso se hacen imputaciones personales; se observan hechos y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria, que son las que establece la ley. “Yo misma he acudido a la Procuraduría General de la República, y le he insistido a la Función Pública que estudie mi evolución patrimonial, porque lo que habla es el trabajo”.
Daño al erario por más de once mil mdp
Por Movimiento Ciudano, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez dijo que la Sedatu y Sedesol ocasionaron un daño patrimonial por más de siete mil millones de pesos. Recientemente, la prensa mexicana documentó que, con base al análisis de un informe de mil 469 páginas de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de las cuentas públicas de 2013 al 2016, se detectó un posible daño al erario público por más de 11 mil millones de pesos durante su gestión en ambas dependencias.
Preguntó: ¿por qué, a pesar de las observaciones que se hicieron en Sedesol, continúa con el mismo personal en la Sedatu?, ¿Cómo explica que el mismo esquema de desvío de recursos de la Estafa Maestra se aplicara en la Sedesol y en Sedatu, en dos dependencias distintas, pero con usted al frente de ambas y con integrantes de su mismo equipo?, ¿por qué estaría exenta de responsabilidad si usted fue la titular y debe responder por la aplicación correcta de los recursos públicos?
En respuesta, la funcionaria declaró que de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Sedatu, relacionadas con la Cuenta Pública del 2016, sólo 2 por ciento del total le corresponden a Sedatu.
“No hay una sola prueba de que Sedatu haya firmado un contrato con alguna empresa, y tampoco una sola prueba que vincule a los funcionarios de Sedatu o de Sedesol, ¿A dónde se fue el recurso? A 480 mil cuartos rosas que permiten que hoy, niñas que antes vivían en una sola habitación con siete u ocho personas, tengan su espacio para vivir tranquilas, para estar seguras, para que no sean víctimas de la violencia”.
La legisladora Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) dijo que “la corrupción, sin lugar a dudas, es un mal que nos preocupa en este recinto, así como al pueblo de México. Es evidente que para la sociedad mexicana resulta crucial encontrar con absoluta certeza la verdad en el caso de la llamada Estafa Maestra”.
Ante ello, preguntó: ¿por qué los contratos establecidos entre la Sedatu y la Sedesol con las universidades y sistemas públicos de radio y televisión, se realizan sin efectuar licitaciones públicas?, ¿la Sedatu regularmente paga en efectivo a los organismos públicos contratados, tal como ocurrió en el caso del desvío de 708 millones de pesos de la actual administración? ¿Por qué no verificó Sedatu que las empresas contratadas no fueran fantasmas?
La funcionaria Robles Berlanga señaló que los convenios establecidos por Sedesol y Sedatu son “absolutamente legales, amparados por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Son acuerdos que se establecieron con una convicción: quién mejor que las universidades para colaborar con uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno que era disminuir el hambre”.
“Quiero ser muy clara y enfática, subrayó, a la Sedatu y a la Sedesol, como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que éstas realizan porque son autónomas y somos respetuosos de los procedimientos que ellas misma se dan. Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas por los medios de comunicación, no hay un solo contrato exhibido que se haya suscrito por estas dependencias con empresas, mucho menos con empresas fantasma”.
En la primer ronda de preguntas, la diputada Sandra Simey Olvera Bautista (Morena) cuestionó: ¿en dónde quedó el dinero para los más pobres y más de dos mil millones de pesos? ¿en la Sedesol?, ¿en las universidades del Estado de México, de Colima, de Morelos? o ¿en las empresas fantasma, en cuentas en el extranjero o en campañas políticas?, y luego le dijo ¿qué pensaba o qué hacía?, ¿por qué fue cómplice de la estafa maestra, o es la maestra de la estafa?
De ese mismo grupo parlamentario, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez expresó que hablar de la estafa maestra es hablar de esta administración y preguntó si fue o no parte de la misma. ¿Cómo se triangularon miles y millones de pesos que eran para todos los mexicanos, para combatir la pobreza y la marginación?
Destacó que los fondos del 98 por ciento de las tarjetas de apoyo se retiraron. “Eso no se puede esconder, porque son movimientos bancarios que cada día se registran. Se han retirado más de siete mil millones de pesos por los beneficiarios, tanto para el daño parcial como el total, que implicaba una parte en efectivo y otra en materiales. “A la gente se le cumplió”, sostuvo.
Por el PAN, la diputada Adriana Dávila Fernández subrayó que esta comparecencia es una de las más esperadas, no solo por la importancia de los programas, sino por “el lamentable ejemplo que se da al país sobre la opacidad, corrupción y manejo de los recursos públicos. Su actuación como secretaria de Desarrollo Social y Sedatu está cubierta por el manto del lucro electoral, enriquecimiento ilícito, pero muy lamentable, la impunidad”.
Mencionó que hay desvíos por más de 360 millones de pesos de programas sociales como Prospera, 65 y Más, Piso Firme. “Usted no tiene de qué preocuparse, es la segunda beneficiada de esa amnistía”.
La titular de Sedatu precisó que no requiere de la amnistía. “A mí que se me investigue todo lo que se quiera y por debajo de las piedras, y si hay alguna responsabilidad con una prueba en la mano, que esa responsabilidad se castigue. Hay notas que han señalado transferencias en efectivo, cuando el gobierno sólo hace transferencias electrónicas”.
Añadió que el Ejecutivo federal ha trabajado de la mano con gobiernos de todos los partidos políticos. “Este gobierno sí puede ver a la gente a la cara y sí tuvo vergüenza, porque precisamente se preocupó por lo más importante que era darle de comer a la gente que no tenía un alimento; a los más abandonados de este país, a los niños y niñas que iban a la escuela sin ninguna alimentación”.