- Energías limpias, sofisma neoliberal para beneficiar a particulares: AMLO
- Tres prestigiosos epidemiólogos critican las cuarentenas y proponen una “protección focalizada”
- Lo que faltaba, AMLO encarga a los militares la administración de justicia
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
No bueno, me gustó el que AMLO hubiera usado el término sofisma para defender su política respecto a su política energética porque miren ustedes puede ser una simpleza de mi parte pero recuero esa palabra en un verso que creo es del poeta michoacano conocido como “Chino Sansón Flores” y decía: “En la claridad de sus sofismas ser sombra sin ser sombra y siendo sombra ser una sombra de las sombras mismas”.
Porque claro sofisma es sin duda un argumento falso… Sofisma puede designar a todo razonamiento erróneo pero en lógica, un sofisma se refiere específicamente a los razonamientos que aparentan ser correctos pero no lo son. También significa “argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar como verdadero. ¡Ah verdad!
Y bueno lo que faltaba ahora resulta que la supervisión de las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, estarán a cargo de los militares que integran la Guardia Nacional, es decir, si una persona es acusada de un delito que no es grave, y el juez le permite seguir su proceso en libertad, ese imputado será vigilado por personal castrense, según un acuerdo publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento, que es completamente inconstitucional, debido a que la administración de justicia debe estar a cargo de civiles, es publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque está signado no por el titular de esa dependencia, sino por el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comisario de la Guardia Nacional.
En fin mejor sería que elementos castrenses fueran choferes de transporte púbico para evitar tanto asalto robos y secuestros así como hechos de sangre que ocurren diariamente en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el sábado la política energética de su gobierno, reprochó que en administraciones anteriores se protegieron negocios privados, lo que provocó una subutilización de presas o plantas generadoras de energía. En su visita a Coahuila, el mandatario dijo que el apoyo dado a las dos empresas productivas del Estado (CFE y Pemex) no viola ningún acuerdo y se hace dentro de los márgenes de la ley.
Reprochó que actualmente el 50% de la energía que consume el país se compra a precios elevados a empresas particulares y que de manera deliberada cerraron la operación de la CFE y Pemex derivando en una subutilización de sus plantas. Aseguró que se protege a las plantas particulares y criticó los abusos que cometieron las empresas privadas durante el periodo neoliberal.
Señaló que con la política neoliberal empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica nos íbamos a quedar sin luz, que no tenía capacidad la CFE para producir la energía eléctrica que demandaba el desarrollo de México. Este fue el primer sofisma (argumento falso con apariencia de verdad) que se usó, dijo.
“Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la Comisión Federal de Electricidad ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar, energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas; produzcan o no produzcan, la Comisión Federal -con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo- les tiene que comprar la energía eléctrica”, aseguró.
“De manera deliberada cerraron las plantas y aquí está el ejemplo, ocho grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje uno, siete parados, porque no le autorizan, de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal, producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad a toda su capacidad”.
Señaló que lo mismo pasa con las presas, con las hidroeléctricas que están subutilizadas, tienen capacidad para producir, pero no tienen autorización para despachar, para subir la energía eléctrica que produce la CFE, porque se protege a las plantas particulares.
Dijo que lo que se necesita es comprar más carbón y ayudar así a los productores, para hacer producir, por ejemplo, las plantas Carbón II y José López Portillo, que generan aproximadamente 2.6 megawatts de energía y donde se contempla construir una nueva planta de carbón con una inversión de mil 120 millones de dólares. “A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, señaló.
Afirmó que va a rescatar a Pemex y la CFE, así sea con una reforma constitucional. El mandatario también respondió a los señalamientos de congresistas de Estados Unidos quienes acusan obstrucción del gobierno de México en el sector energético. Aseguró que México no ha suscrito ningún acuerdo de energía con el gobierno de Estados Unidos o Canadá.
“Hace como 2 días dijo apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país, quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos, solo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos o de Canadá”.
Los prestigiosos epidemiólogos que firmaron la Declaración de Great Barrington, el documento publicado del Instituto Estadounidense para la Investigación Económica (AIER, por sus siglas en inglés), criticaron las cuarentenas como política para enfrentar a la pandemia de coronavirus que ya se cobró un millón de vidas a nivel mundial y proponen una “protección focalizada” en los grupos de riesgo.
Entre las firmas del documento se encuentran las de la hindú Sunetra Gupta (55), el bengalí-estadounidense Jay Bhattacharya (52) y el sueco Martin Kuldorff (58), quienes expresaron sus ideas en una reciente entrevista con el Wall Street Journal.
A través de su documento, Gupta (Oxford), Bhattacharya (Stanford) y Kuldorff (Harvard) sintetizaron sus conclusiones sobre las políticas de confinamientos masivos que se llevan adelante en distintas latitudes del planeta. Sobre este punto, el equipo responsable cuestionó con dureza el impacto en la economía y en desarrollo de las sociedades y, sobre todo, en la salud mental de las personas. Como respuesta proponen un “protección focalizada” de quienes integran los grupos de riesgo.
Protección focalizada para los grupos de riesgo. No en vano los llaman los “rebeldes del COVID”. Y el apodo responde a la postura crítica que tienen Gupta, Bhattacharya y Kuldorff sobre los confinamientos masivos dispuestos alrededor del mundo. En contraposición este grupo de profesionales sugiere alternativas a desarrollar hasta tanto se desarrolle una vacuna efectiva. Alternativas que van desde el cuidado de las personas más vulnerables, una mayor actividad de los más jóvenes y la reactivación de ciertas actividades, incluso la educación presencial. “No ha existido un debate serio. Hemos llegado a esta política [por los confinamientos masivos] casi por inercia, por la histeria de aplanar la curva”, sostiene Bhattacharya en una entrevista conjunta junto a sus dos colegas.
Durante la extensa entrevista, Bhattacharya cuestiona cómo a raíz de la pandemia de coronavirus se han dejado de lado programas y campañas de vacunación para prevenir enfermedades. “La difteria, la tos ferina, el sarampión, etc. Vamos a tener un brote de esas enfermedades. Estos no son costos hipotéticos, sino reales, en seres humanos de carne y hueso. Costos que tendremos a partir del confinamiento y el colapso económico. Estos costos deben ser contemplados cuando se discuten las cuarentenas junto con los modelos matemáticos”, agrega.
Por su parte, Kuldorff remarca que es beneficioso para la ciencia tener opiniones distintas que, al ser discutidas, arrojen mayores chances, una gama más amplia de soluciones para las personas. “Quiero gente que esté en desacuerdo conmigo, quiero escuchar qué tienen para decir. Cerrarnos a esa posibilidad es algo nocivo para la confianza en la ciencia, como si solo una visión de los hechos se difundiera por los medios masivos de comunicación”, aporta el sueco.
Kuldorff también remarca el impacto que ha tenido el coronavirus en la educación e insta a pensar una solución diferente, más completa y balanceada en torno a la presencialidad. “Luego de más de medio año, el daño colateral es enorme. Niñas y niños que no van a la escuela: eso tiene una impacto en su salud mental. Además el seguimiento de enfermedades como el cáncer no se están haciendo de manera adecuada. Esto no va a tener un impacto inmediato en la tasa de mortalidad, nadie va a morir de cáncer este año por falta de monitoreo, pero alguien que hubiera podido sobrevivir 15 o 20, quizás muera en 3 o 4”, añade.
“Para los maestros que tengan 20, 30 o 40 años hay poco riesgo de contagio. Los que tengan 60 años tienen un alto riesgo. La clave está en proteger a ese grupo, pero en lugar de cerrar la escuela en su totalidad, podemos hacer que enseñen desde sus casas o colaborar con otros docentes en los exámenes o en la corrección de tareas”, propone Kuldorff.
Sobre la protección focalizada que remarcan, Gupta explicó cómo la llevaría a cabo. En primer lugar, según la epidemióloga y novelista, habría que desarrollar políticas que permitan que aquellas personas con un riesgo mínimo de muerte reanuden sus vidas. Mientras eso sucede, los gobiernos deberían concentrar sus esfuerzos en cuidar a los que están en mayor peligro.
“Podemos hacer algo y esto es proteger a las personas vulnerables mientras que a las que no son vulnerables debemos permitirles crear inmunidad y luego alcanzaremos un punto en el que todos ganan. Aquellos que no son vulnerables habrán adquirido inmunidad y aquellos que siguen siéndolo tendrán menor chance de contraer el virus. Algo similar a lo que ocurre con otros patógenos”, precisa Gupta. En esta lógica, Gupta aplica lo mencionado anteriormente también para la educación. “Cuánto más rápido los maestros se vuelvan inmunes, más rápido podrán volver a las escuelas”.
La supervisión de las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, estarán a cargo de los militares que integran la Guardia Nacional, es decir, si una persona es acusada de un delito que no es grave, y el juez le permite seguir su proceso en libertad, ese imputado será vigilado por personal castrense, según un acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento, que es completamente inconstitucional, debido a que la administración de justicia debe estar a cargo de civiles, es publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque está signado no por el titular de esa dependencia, sino por el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comisario de la Guardia Nacional.
En el acuerdo se “designa a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, como Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso”, labores que venían realizando, desde el 19 de julio de 2017, las autoridades civiles de la Policía Federal.
De acuerdo con el Capítulo V del Código Nacional de Procedimiento Penales (CNPP), la Autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso es la encargada de realizar la evaluación de riesgo del imputado, así como llevar a cabo el seguimiento de lo que dispongan los jueces con respecto a la libertad condicional de los imputados.
Por lo que ahora, será personal castrense quien determine las características criminógenas o de peligrosidad de cualquier persona que sea imputada por un delito que no amerite prisión preventiva. De hecho, miembros de la Guardia Nacional estarán facultados para “entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta” al acusado.
Además de dar seguimiento a las medidas cautelares, que son determinadas por los jueces, los guardias nacionales podrán “hacer sugerencias sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación” de dichas medidas, según lo dispone el artículo 177 del CNPP.
Tanto la Constitución mexicana como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen claramente que estas funciones deben estar a cargo de civiles, por lo que pretender que esta supervisión la lleven a cabo los militares de la Guardia Nacional no solo trasgrede la carta magna, sino que altera por completo el andamiaje institucional de la administración de justicia penal en México.
Estas funciones, que en los estados las ejercen las secretarías de Seguridad Pública, en realidad deben ser encargadas a las autoridades penitenciarías, o en su caso, mantenerse -a nivel federal- en el personal civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El problema es que, en la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha delegado en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el mando operativo de las labores de seguridad pública.
¿Por qué es grave? El artículo 21 de la Constitución establece que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, además de que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, lo que no ocurre -en los hechos- con la Guardia Nacional.
Consultado al respecto, el abogado constitucionalista, Raúl Carrera Castillo, apuntó que el acuerdo publicado en el DOF es negativo para la administración de justicia, pues la Guardia Nacional “está bajo el mando operativo del Ejército, entonces quién realmente va a encargarse de esos esquemas de ejecución es el Ejército”.
La gravedad de estas disposiciones nos lleva a pensar que “en poco tiempo vamos a tener jueces penales del Ejército”, apuntó Carrera.
La militarización de la vida institucional de México ya es un problema que no debemos obviar, dijo a su vez el abogado Jorge Álvarez Banderas, antes el Ejército estaba en sus cuarteles, “hoy lo vemos en tareas policiales, haciendo obra pública, en aduanas, en puertos, y a partir de mañana serán vigilantes de procesos penales”, lamentó.
“Efectivamente hay visos de inconstitucionalidad” del acuerdo, aseveró el abogado penalista Eduardo Gómez Chávez, pues el riesgo procesal, que será determinado por elementos de la Guardia Nacional, “no será imparcial”, como lo establece el artículo 17 de la Constitución.
“Todos los imputados podrán ser señalados con un riesgo alto”, lo que permitirá que personas, que aún no están sentenciadas y, por ende, son inocentes, no podrán gozar de libertad mientras se lleva a cabo su proceso. “Es regresar al sistema anterior, llenar las cárceles con personas que la Guardia Nacional señalará como peligrosas, a pesar de que no hayan cometido un delito grave”, enfatizó Gómez Chávez.
Otros abogados consultados por ALTO NIVEL, que pidieron anonimato, manifestaron “estar en shock” por lo que implica la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con este acuerdo, abogados penalistas tendrán que lidiar con soldados uniformados de guardias civiles, que no tienen ningún criterio jurídico, sobre las condiciones que deberán seguir aquellos que, por orden de un juez, pueden seguir su proceso en libertad.
Cabe aclarar que estas disposiciones del comisario de la Guardia Nacional, cuyo superior no solo es el titular de la Sedena, sino también el presidente López Obrador, pueden ser combatidas por los ciudadanos a través del juicio de amparo, y por diputados y senadores mediante controversias constitucionales que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también está facultada para oponerse a este acuerdo con una Acción de Inconstitucionalidad.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.