- Asambleas de partidos de Gordillo y Haces financiadas con 6.6 mdp de origen desconocido
- El fuero del presidente de México: ¿Protección o impunidad?
- El Papa dice que el chismorreo es una plaga peor que el coronavirus
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- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
Atención chismosas y chismosos mexicanos porque sabemos que somos muchos los que utilizamos este sistema de comunicación personal como arma pero ¡ojo! Ahora l Papa Pancho dio a conocer que esta comunicación es más peligrosa que el coronavirus. Bueno y hasta compara a los chismosos como enviados d satán, no lo dice así pero menciona que el diablo es el más chismoso.
Y efectivamente el Papa Francisco instó a los fieles a mantenerse alejados de los cotilleos, agregando que el chismorreo es una plaga peor a la del coronavirus que, además, puede usarse para dividir a la Iglesia católica.
“Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo por no cotillear y hablar por la espalda. El cotilleo es una plaga peor que la COVID-19”, dijo el pontífice durante su discurso semanal desde la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.
“El diablo es el mayor chismoso. Siempre está diciendo cosas malas de los demás. Es el mentiroso que intenta dividir a la Iglesia”, añadió Francisco durante su intervención. El Papa ha advertido en varias ocasiones contra el peligro de los chismes. “Si algo sale mal, ofrece silencio y oración por el hermano o la hermana que se equivoca, pero nunca chismorrees”, agregó el sumo pontífice.
Por supuesto que no era una alusión a nadie de acá en nuestro país, estoy seguro o ¿ustedes no amables lectores?
La Cámara de Diputados aprobó suprimir el fuero al presidente para que pueda ser juzgado en el cargo. A la reforma constitucional le queda un largo recorrido pero el debate ya está servido: ¿Es el fuero del jefe del Estado un mecanismo de protección o de impunidad?
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien envió esta iniciativa a la Cámara tras asumir el cargo en 2018, celebró este jueves su aprobación, que tiene que ser ratificada por el Senado y la mitad de congresos estatales.
“Es un hecho histórico que se apruebe quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares, para que estemos en igualdad de circunstancia”, expresó en conferencia de prensa.
Sin embargo, hay otros que no lo ven tan claro, como su ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una reconocida jurista y exmagistrada de la Suprema Corte, que se pronunció en contra.
“Yo no estoy de acuerdo en quitar el fuero al presidente, pero es su deseo y su determinación. El fuero es una protección constitucional al primer mandatario de este país”, advirtió la semana pasada.
Juzgar al presidente. La reforma modifica el artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establecía que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo. La nueva propuesta añade: “podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común”.
“Si se elimina totalmente el fuero, el funcionario no tendría ninguna protección para ser sujeto a un proceso penal. Cualquiera podría denunciarlo”, explicó el jueves a Efe Gerardo Castillo, especialista en Derecho Constitucional del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Aunque su supresión pueda interpretarse como un acto de igualdad con el resto de ciudadanos, el especialista explicó que la figura del fuero, existente en muchas otras constituciones, “no es mala por sí misma”. “La sociedad podría interpretar que es un escudo que genera impunidad hacia los altos funcionarios públicos, pero no es del todo correcto”, Y es que, señaló, el objetivo del fuero “no es necesariamente proteger a la persona sino proteger al cargo público, para que su ejercicio no se vea interrumpido”.
Aunque la reforma fue aprobada por una amplia mayoría -420 votos a favor y 15 abstenciones-, algunos diputados de la coalición gubernamental expresaron su inquietud por la posibilidad de que se “prefabriquen” delitos contra el presidente para entorpecer su gestión.
“Es suicida quitar el fuero al compañero presidente, cuando todos los días le acusan de barbaridades”, expresó el legislador Gerardo Fernández Noroña. Para López Obrador, quien asumió el poder con un férreo discurso contra la corrupción, el fuero presidencial es uno de los mayores “privilegios” que gozaban sus predecesores para no rendir cuentas por sus actos.
Sin embargo, Castillo matizó que el fuero “no es permanente”, por lo que una vez abandonan el cargo, los expresidentes pueden ser procesados por delitos que cometieron durante su presidencia, los cuales no prescriben.
Así pues, la reciente acusación hecha por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra Enrique Peña Nieto en la trama Odebrecht podría sentar al expresidente (2012-2018) en el banquillo.
Asimismo, el experto en Derecho Constitucional recordó que ya existe un mecanismo para “desaforar” a los cargos públicos.
Se trata del llamado juicio político, previsto en la Constitución, el cual permite al Congreso mexicano cesar a un cargo, incluido al presidente, para que afronte la justicia.
El mismo López Obrador lo sabe más que nadie y es que en 2005 la Cámara de Diputados lo apartó del cargo de alcalde de la capital mexicana para que fuera juzgado de un caso de corrupción del que finalmente salió exonerado.
El líder izquierdista acusó entonces al presidente Vicente Fox de haber orquestado esa operación política para apartarlo de la carrera presidencial de 2006.
Hasta el momento, ningún presidente mexicano ha pasado por un proceso similar en el Senado, cámara facultada para desaforarlo.
Las organizaciones Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM) llevaron a cabo numerosas asambleas y miles de afiliaciones con recursos económicos cuyo origen lícito no comprobaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría impedirles obtener el registro como nuevos partidos políticos.
Ayer, la Comisión de Prerrogativas del INE le anuló a RSP -vinculada a la familia de Elba Esther Gordillo- nueve asambleas estatales que fueron financiadas, de manera determinante, con “donaciones” en especie de origen no identificado.
En términos monetarios, el monto del dinero no justificado que RSP inyectó a dichas asambleas ascendió a 3 millones 386 mil 894 pesos, de acuerdo con informes obtenidos por Animal Político.
En el caso de FSM, ligada a Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el árbitro electoral anuló seis asambleas estatales en las que fueron invertidos recursos no comprobados por 3 millones 222 mil 675 pesos.
La mayoría de los consejeros de la Comisión de Prerrogativas consideraron como grave que las organizaciones políticas recurran al financiamiento de origen desconocido en el proceso de la constitución como partidos.
Los consejeros no sólo resolvieron anular las asambleas efectuadas con recursos no comprobados, sino que también descontaron las afiliaciones que se llevaron a cabo en ellas. Así, Redes Sociales perdió 38 mil 027 simpatizantes, y Fuerza Social, 23 mil 204.
El Consejo General del INE prevé aprobar por mayoría este viernes el proyecto avalado ayer por la Comisión de Prerrogativas, que concluye que RSP no cumple con el requisito de 20 asambleas estatales (quedó con 13) y que FSM no reúne el mínimo de afiliados (deben ser 233 mil 945).
Por estas irregularidades en su financiamiento, el avance de ambas organizaciones fue frenado ayer por el voto de las consejeras Beatriz Zavala -presidenta de la comisión- y Dania Ravel y los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas. La consejera Adriana Favela votó en contra del criterio de anular asambleas por el uso de recursos de origen desconocido.
La consejera Ravel sostuvo que el INE debe ser “severo” y no tolerar el financiamiento opaco de las organizaciones que quieren convertirse en partidos. “Algo que tenemos que erradicar es que no podamos nosotros fiscalizar los recursos, porque puede existir una presunción de que tengan una proveniencia ilícita; me parece que tenemos que ser muy severos con este tipo de actuaciones, tenemos que buscar que todo se nos fiscalice”.
“En el caso de la conformación de partidos políticos, esto tiene una relevancia aún mayor, por la importancia que tienen los partidos en nuestro sistema mexicano por ser la vía más efectiva para que las personas puedan acceder a los cargos de elección popular”. La consejera Zavala señaló que es preocupante qué tanto el uso de recursos de origen no comprobado puede determinar la conformación de un nuevo partido.
“Los consejeros llegamos a la conclusión de que parte de esa incertidumbre de uso de recursos en la constitución de partidos políticos era una situación grave que estábamos advirtiendo frente a la transparencia de debe haber en todos los usos de recursos”, expuso.
Castigan injerencia del SNTE. La Comisión de Prerrogativas también rechazó conceder el registro a Grupo Social Promotor de México (GSPM), organización surgida del extinto Partido Nueva Alianza (Panal) y vinculada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La mayoría de consejeros consideró que hubo una intervención sistemática del gremio magisterial en la realización de asambleas y en el fondeo de los recursos de la organización.
El consejero Faz detalló que el 86% de quienes fungieron como presidentes y secretarios de asamblea de GSPM estaban agremiados al SNTE, lo mismo que el 74% de delegados y el 66% de los auxiliares que registraron las nuevas afiliaciones. “Si sumamos todo, nos da que un 69% de personas que están afiliadas a un sindicato participaron dentro de la organización”, Agregó que, además, el 56.6% de los ingresos de GSPM provinieron de donaciones de sindicalizados.
“Considerando ambos elementos: el número de aportaciones que los integrantes de este sindicato, así como también el alto porcentaje de personas que participaron como presidentes, secretarios, delegados de las asambleas y también como auxiliares en la recusación (sic) de afiliaciones, considero que sí existe una determinancia (sic) importante en la constitución de esta organización como partido político por parte de un sindicato”, observó.
El consejero Espadas dijo que la ley prohíbe que un sindicato tenga un “brazo partidista”. “La ley prohíbe que desde un sindicato se organice un partido político, y los número de dirigentes del SNTE que participan en la dirección de este partido político me parece que hace innegable la evidencia humana de que hay esta participación. “A mí me parecería innegable, si nosotros aprobamos esto, para decirlo con todas sus palabras, le estamos dando un partido político al SNTE, creo que la evidencia está ahí”,
Por lo demás, creo que todos estamos bien.