- Preocupantes las fake news y la posverdad
- Difamación: buen diagnóstico, mala propuesta
- Nexos, WRadio, Proceso, Animal, Jornada, MVS
- Por Roberto Fuentes Vivar
RedFinancieraMX
Como pocas veces en la historia contemporánea, en los más recientes 15 días se han registrado muchas noticias relacionadas con los medios de comunicación. Desde sospechas de violación a la libertad de expresión hasta encontronazos empresariales.
Comienzo con una que definitivamente causa preocupación por dos razones: una, el estado que guarda en México (y en el mundo) la proliferación de las noticias falsas, aunada a lo que ahora se llama posverdad (la “verdad” derivada de las fake news); y la segunda, la amenaza de revivir el delito de difamación, luego de que parecía haberse dado un paso definitivo para eliminarlo en casi todas las leyes estatales.
Concretamente, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Eleazar Rubio presentó formalmente ante la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa para reformar a los artículos 214 y 215 del Código Penal de la capital del país y revivir el delito de difamación con pena de cárcel.
Este delito fue eliminado del Código Penal precisamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal porque atentaba contra la libertad de expresión. ¿Por qué revivirlo ahora?
De acuerdo con la exposición de motivos del legislador capitalino, vivimos en medio de campañas de desinformación y de noticias falsas que afectan a la sociedad y que deben frenarse. En la iniciativa, presenta un diagnóstico bien elaborado sobre lo que significan las noticias falsas y la llamada posverdad, con citas académicas y políticas sobre la situación de los medios de comunicación y de las redes sociales.
En lo personal coincido con buena parte su diagnóstico, pues resulta preocupante para la salud de una sociedad la cantidad de noticias falsas que aparecen en las redes sociales (y en algunos medios) de manera cotidiana y las campañas supuestamente anónimas, que intentan generar desinformación, con motivos políticos.
Desde luego que esta situación no es exclusiva de la ciudad de México, sin siquiera del país, sino que, con motivo de la pandemia de Coronavirus, existe a nivel global una especie de campañas de desinformación que pueden tener como consecuencia el debilitamiento de los gobiernos legítimamente establecidos.
Pero en el caso de México es innegable que existen fuertes campañas de desinformación y de noticias falsas que buscan crear una posverdad basada en la repetición de las mentiras o de noticias falsas.
Tres fallas en la propuesta
Sin embargo considero que el legislador incurre por lo menos en tres fallas: La primera, que argumenta la existencia de un abuso de la libertad de expresión y del derecho a la información de la sociedad. Y aquí pregunto ¿realmente se puede abusar de la libertad de expresión? Hay quienes dicen que sí, como Ernesto Villanueva en su artículo de esta semana en Proceso.
La segunda, es que intenta legislar sobre la actividad periodística, al afirmar que la función del periodista es hacer del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente, cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen” y añade: Por ende “la labor del periodista es exclusiva de informar, no realizar investigaciones”. Entonces ¿en dónde queda el periodismo de investigación, por el que durante décadas hemos luchado varias generaciones de periodistas?
Tampoco coincido con su propuesta concreta para reformar el Código Penal, legislando textualmente lo siguiente: “Comete delito de difamación, quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, comunique un hecho falso, a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación, y esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación, imponiéndole una pena de dos a cinco años y de seiscientas a mil Unidades de Medida y Actualización”.
Estoy de acuerdo con el espíritu de castigar a quien de manera deliberada intente dañar a una persona o a un gobierno (como sucede actualmente). Lamentablemente el espíritu prohibicionista de este artículo, creo que podría generar más daño que beneficios a la sociedad.
Y aquí permítanme hacer un comentario de una situación personal, actualmente tengo en mi contra tres demandas en el Instituto de Acceso a la Información y Protección de datos. Me refiero a uno de ellos. Hace años publiqué información de un fraude cometido por un empresario, el cual se dirimió en el Tribunal Superior de Justicia de la capital y este empresario estuvo preso. Ahora, que busca hacer alianzas con otros hombres de negocios, intenta limpiar su nombre y eliminar todo su pasado judicial. De hecho la demanda es por haber utilizado su nombre sin su permiso y tengo prohibido difundirlo.
Menciono mi caso particular porque es un ejemplo de cómo personas con mucho dinero, pero pocos escrúpulos, pueden frenar la libertad de expresión y es muy probable que si regresa el delito de difamación nuevamente sean personajes así quienes acudan a los tribunales, afectando a la sociedad y no precisamente frenando las campañas de desinformación.
Tampoco estoy de acuerdo en que, como me decía hace algunos años uno de los principales empresarios mediáticos mexicanos, la mejor ley de prensa es la que no existe.
Considero que es necesario un debate académico y político sobre temas como las noticias falsas, las campañas de desinformación y la llamada posverdad, pero no creo que revivir el delito de difamación sea el camino correcto. Ni tampoco limitar el trabajo del periodismo a informar sin investigar.
Los otros casos
Paralelamente a esta iniciativa (que, repito, merece debatirse sobre todo por el daño que hacen a la sociedad las noticias falsas y la posvervad que se basa en ellas), se presentaron varios hechos en medios mexicanos.
Cada uno de ellos tiene sus propias características; sin embargo considero irresponsable hablar en general de que se presentaron para coartar la libertad de expresión. Por eso, trataré de ser lo más imparcial posible al abordarlos brevemente. Confieso que en dos casos tengo sentimientos arraigados que impiden un juicio totalmente objetivo como son los de Proceso y La Jornada.
Nexos.- La inhabilitación para que Nexos, de Héctor Aguilar Camín pueda ofrecer sus servicios al gobierno, ha sido considerada por una parte de la sociedad como un ataque a la libertad de expresión. Pero si se analiza el caso desde el punto de vista jurídico (como lo hizo también Villanueva en el diario Contrarréplica) existen los suficientes elementos para determinar que se trata de un hecho meramente jurídico (la falsificación de documentos para participar en una licitación). Lamentablemente, en el contexto se encuentra el enfrentamiento del propietario de Nexos con el actual presidente de la República, al protagonizar incluso reuniones en las que se llama a la rebelión en contra del actual gobierno.
WRadio.- Este caso también ha intentado entenderse como ataque a la libertad de expresión, porque en esa estación labora Carlos Loret de Mola, uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los hechos concretos son que personajes ligados a Grupo Coral, que posee el 50 por ciento de las acciones de Radiópolis se presentaron en las instalaciones. El propietario del otro 50 por ciento (el español Grupo Prisa) no estuvo de acuerdo con la forma. Después de haber leído los comunicados de ambas partes, ceo que se trata de un diferendo empresarial entre las dos partes que se dirimirá en tribunales. Confieso que tengo simpatía por Miguel Alemán (padre), pero desconfío totalmente de su socio Carlos Cabal Peniche (ambos tienen el 50 por ciento del total accionario mediante grupo Coral). Pero también desconfío de Grupo Prisa (el otro 50 por ciento) que arrancó su nueva edición de El País en México, el uno de julio, con reportajes que parecían unirse a las campañas contra del presidente mexicano.
Proceso.- John Ackerman, Fabrizio Mejía y el caricaturista Rocha (mi estimado Rochita) dejaron de aparecer en la revista Proceso. El asunto también fue interpretado por muchos mexicanos como un ataque a la libertad de expresión, por ser, los tres, simpatizantes de la actual administración. El caso más escandaloso fue el de Ackerman quien en redes sociales sí expresó que su despido era por el cambio de giro político de la revista fundada por Julio Scherer. El director del semanario, Jorge Carrasco, adujo razones financieras en esas y otras separaciones laborales más y explicó que muchos analistas se solidarizaron con la casa editorial y decidieron mantener sus artículos, temporalmente, sin pago alguno. Concretamente sobre Ackerman, dijo que sus desacuerdos “por nuestras decisiones editoriales, conocidos públicamente, impidieron mantener su colaboración”. Lo real es que Proceso prescindió de tres personajes cercanos a la IV Transformación.
La Jornada.- En estos días, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor) difundió en redes sociales, sin especificar detalles, que el Poder Judicial reconoció la obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo y ordenó su cumplimiento, como un asunto definitivamente concluido. En un comunicado firmado por su secretario general, Luis Alberto Jiménez González, convocó a la directiva a un dialogo respetuoso. De manera inmediata hubo reacciones en contra del diario por parte de quienes quisieran ver cerrado ese medio de comunicación. Como considero necesaria la existencia de La Jornada en estos momentos, creo que fue inoportuno intentar, nuevamente, avivar los conflictos internos.
Animal Político.- El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con relación a una noticia publicada el jueves por El Heraldo de México en la que se da cuenta de que organismos de la sociedad civil opositoras al tren maya son financiadas por el extranjero (de la cual escribí en este espacio el mismo viernes), mencionó al portal Animal Político, por encontrarse en la lista de organismos que reciben dinero del exterior. La respuesta fue inmediata y organismos como Artículo 21 pidieron al gobierno federal no estigmatizar a medios. Considero necesario y urgente debatir sobre el dinero que reciben las ONGs (u OSCs), pero creo que era innecesario sacar el caso de Animal Político.
Ricardo Raphael.- La semana pasada el articulista Ricardo Raphael se despidió de El Universal, en un escrito en el que agradece a ese medio haber sido su casa durante varios quinquenios. No explica las razones de su despedida. Personalmente creo que se trata de un personaje que prefiere mantener sus asuntos laborales en privado y evitar escándalos. Él, creo, intentaba mantener cierta imparcialidad, al no ser parte de la corriente AntiAmlo, pero tampoco un ferviente adulador. También El Universal canceló su semanario VIP, lo que ocasionó algunos comentarios por tratarse de una publicación “fifi”.
Charros vs. Gángsters.- También la semana pasada circuló en redes la cancelación del programa Charros Contra Gángsters, conducido por José Luis Guzmán “Miyagui” y Jairo Calixto, el cual se transmitía diariamente en MVS. Desconozco las razones de la supresión, pero sí creo que fue un error de la familia Vargas, porque esos dos personajes eran, a mi juicio, los únicos en sus frecuencias que no pertenecían a la corriente Anti López Obrador.
En todos estos casos hay razones y situaciones muy específicas, por lo que sería irresponsable hablar de ataques a la libertad de expresión. Y si así fuera, resultarían más afectados, en conjunto, los medios y comunicadores que manifiestan respeto al presidente de la República.
Con relación a la propuesta de revivir el delito de difamación reitero la urgencia de debatir política y académicamente sobre las campañas desinformativas, las noticias falsas y la posverdad, pero creo que el camino del diputado Eleazar Rubio es incorrecto. Dice el filósofo del metro: Un camino es para seguir, no para perseguir.
Tianguis
Este martes primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el informe oficial de (casi) los dos primeros años de gobierno, en la fecha tradicional. Seguramente los programas como el dinero recuperado a las empresas que no pagaban impuestos será uno de los puntos clave, así como muchas otras medidas que se han iniciado y que, lamentablemente, por la pandemia, se han eclipsado del panorama mediático. Desde luego que el cambio de modelo económico (con varias leyes aprobadas en este sentido) hacia un estado más social y menos dominado por los apoyos empresariales también será parte importante del mensaje. Pero el tema que más prevalece en el ambiente es el de la corrupción que se vivió en administraciones anteriores y que se han convertido en escándalo por el caso Lozoya. De que hay muchos pendientes como la inseguridad, es cierto. Pero se trata apenas del segundo año de gobierno y con una pandemia de por medio… Por cierto que una de las reformas más importantes de la IV Transformación es la propuesta al régimen de pensiones. Con la situación actual, solo tres de cada 10 empleados que cotizan ante el Seguro Social se pensionarán, mientras que la gran mayoría carecerá no sólo de un ingreso, sino también de servicios de salud, en una edad, sobra decirlo, de extrema vulnerabilidad. Al respecto, Tallentia Mx que dirige Elías Micha que las modificaciones propuestas parecen ser positivas, peri deben ser analizadas con mayor detalle. Para empezar, esta reforma beneficiaría únicamente al 24 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), una mínima proporción de quienes trabajan en el país…. El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, y Andrés Díaz Bedolla, cofundador de Atomic88 la aceleradora de negocios de Alibaba.com en México, firmaron un acuerdo de cooperación y trabajo, para certificar empresas y formar líderes que utilicen las ventajas y beneficios de la transformación digital. El objetivo es la generación de nuevos productos y materiales de certificación en diversas ramas, priorizando temas de digitalización a cargo de Alibaba y el manejo responsable del talento humano por parte de GINgroup.
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