- Empresarios contra la otra “4T”
- ¿Por qué les duele la Ley Tlayuda?
- DEA, seguridad, autos, empleo, campo
- Por Roberto Fuentes Vivar
RedFinancieraMX
Hace algunos años, grupos empresariales -apoyados, off course, por médicos afines- comenzaron a estigmatizar a la vitamina T, tratándola de culpar de los malos hábitos alimenticios mexicanos y de las enfermedades derivadas de ellos.
La historia demuestra, a través de diversos estudios, que la Vitamina T (la otra 4T, la de las tortillas, tacos, tlacoyos, tamales), es una fuente alimenticia equilibrada pues contiene nutrientes, proteínas, hidratos de carbono saludables y una inmensa cantidad de vitaminas y minerales.
Incluso en 2010, esta otra 4T, junto con toda la gastronomía mexicana, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y cada día aparecen más investigaciones que señalan que, evitando los excesos, es una rica fuente alimenticia.
Es muy probable que las campañas en contra de la vitamina T iniciadas a finales del siglo pasado, se debieran precisamente a que la iniciativa privada quería suplir este tipo de alimentos típicos por la ahora llamada comida “chatarra”.
Bautizo a la vitamina T como la otra 4T, nada más para adecuarla al término con el que ahora se le conoce a la Cuarta Transformación, emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (quien por cierto en varias ocasiones ha mostrado su apoyo al consumo de tortilla y de la comida tradicional mexicana) y los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
Desde luego que la vitamina T tiene muchas “Tes”, como lo demuestran los Tacos, Tostadas, Tamales, Tortillas, Tortas, Totopos, Tlayudas, Tlacoyos y quizá existan otros que se me olviden en este momento.
El caso es que, en defensa de la Tlayuda (uno de los alimentos típicos de Oaxaca, aunque personalmente no mi preferida, pues me gusta más un chichilo y una sopa de guía) y de otros alimentos tradicionales de esa entidad, la diputada morenista Magaly López Domínguez propuso reformar el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta Ley en defensa de la alimentación tradicional (por eso Ley Tlayuda) fue aprobada con 31 votos a favor por el Congreso oaxaqueño, lo que ha ocasionado el odio (no precisamente jarocho sino oaxaqueño) de prácticamente toda la iniciativa privada estatal y nacional.
Paralelamente ha despertado tal simpatía que por lo menos otro estado, Tabasco, ha decidido imitarla. Y otro más, el de la ciudad de México, anunció que estudiaría medidas similares. Hay que señalar que ambos estados son gobernador precisamente por la 4T, que apoya a la “otra 4T”, es decir a la vitamina “T”.
Concretamente, la ley aprobada en Oaxaca prohíbe “la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado, en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales”.
Tras la aprobación de la ley, al menos dos poblaciones de Oaxaca, según versiones periodísticas, una en la zona mixe (Totontepec Villa de Morelos) y otra en la región zapoteca (Villa Hidalgo Yalalag), prohibieron la entrada de camiones repartidores de productos como Bimbo, Sabritas, Gamesa, Coca Cola, Pepsi, durante el fin de semana.
¿En que afecta a los restauranteros?
Por el lado contrario, la iniciativa privada lanzó una andanada de desplegados en contra de la Ley Tlayuda. Organismos como el CCE, la Concanaco, la Coparmex, la Canirac, Canacintra y otros muchos más levantaron su más enérgica protesta, porque, dicen, podría afectar el desarrollo económico y sobre todo (¡Ojo!) porque perjudicaría ¡a los pequeños comercios!
Comencemos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo actual presidente fue director de FEMSA (Coca-Cola, Oxxo), que dice textualmente: “expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado el día de hoy en el Congreso del Estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad. Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos. Y también impactará a la cadena productiva de los alimentos artesanales preenvasados”.
Agrega: “Apoyamos la posición expresada por numerosos organismos empresariales locales y nacionales, quienes lamentaron la falta de apertura o disposición al diálogo de los legisladores locales que aprobaron la normativa sin tener en cuenta a las partes afectadas. Como destacaron, el sector empresarial es consciente de los retos de salud que tiene la población, particularmente la prevalencia de la obesidad infantil, y por ello hoy en día la industria y el comercio proactivamente han eliminado la venta de productos envasados en las escuelas”.
De este desplegado destacan dos puntos. El primero que supuestamente el CCE lamenta que se vayan a dejar de vender “alimentos artesanales preenvasados”. Pregunto ¿de cuándo a acá apoyan a los alimentos artesanales, cuando por el contrario dejaron en manos de las empresas transnacionales la producción de alimentos? El segundo es que dicen ser los actores de que ya no se vendan `productos envasados en las escuelas. ¿Fue por decisión propia o de las autoridades?
Veamos otro comunicado, ese a nivel local y cuyo responsable es el director general de la Coparmex de Oaxaca, Andrés R. González Silva, en él se dice: “consideramos que la medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios”.
Nuevamente recurren a los pequeños comercios y a los productores artesanales. Lo curioso es que este desplegado está firmado por organismos como Amprac, Coparmex, Confimex, Concanaco, Conméxico, Canaimpa, ANTAD, Anpec, Aschoco, Canirac y Canacintra.
Varios membretes llaman la atención: la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) que curiosamente ahora sí defiende a los productores artesanales y a los pequeños comercios, cuando históricamente ha sido la causante del cierre de miles de tiendas de la esquina; la Aschoco (Asociación de Chocolateros de Oaxaca) que curiosamente poco o nada hizo cuando las empresas transnacionales acapararon el mercado de dulces, al grado de que de las 10 principales chocolateras en México, seis son extranjeras; la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados) ¿Qué tienen que ver los restauranteros con esta ley cuando ellos ofrecen un servicio y no precisamente un comercio para niños?; y la Canaimpa (Cámara Nacional de la Industria Panificadora) ¿Desde cuándo los panaderos de la esquina defienden a Bimbo que, entre otras cosas, ha desplazado a la panadería tradicional oaxaqueña y hasta a los mamones de esta entidad, de los que en su momento cantó Chava Flores?
Parece ser que (como en los casos de la industria restaurantera, la chocolatera tradicional, y la panificadora que en buena medida han sido desplazadas por la comida chatarra), no importa si pueden beneficiarse con esta ley, sino que hay que estar en contra ¿Por qué? ¿Por qué les cae mal? ¿O por qué alguien manda?
Lo importante, parece ser que es estar en contra de la 4T (Morena) que promovió la legislación, y de la otra 47 (la vitamina T) que a pesar de las campañas en su contra ha demostrado ser más sana que la comida chatarra. Por eso, la Ley Tlayuda ha tenido un apoyo que nadie se imaginaba en las redes sociales y en las pláticas familiares. Dice el filósofo del metro: Taco, tortilla, tlacoyo, por un nuevo desarrollo.
Tianguis
Dentro de los ases bajo la manga en las relaciones entre México y Estados Unidos, dicen que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) aún tiene bajo la mira al exregidor del Ayuntamiento de Tijuana, Luis Torres Santillán, por presuntamente estar vinculado a una red de lavado de dinero. La investigación incluye también a los empresarios David Javier Espinoza y Fernando Beltrán, por supuestamente participar en actividades de blanqueo de dinero del crimen organizado; este último, uno de los hombres de negocios más cercanos al exgobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega…La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) lamentó las agresiones sufridas al cuartel de la Guardia Nacional, en la comunidad de La Ruana, Michoacán y llamó al gobierno federal a considerar a este tipo de instalaciones como críticas y estratégicas y reforzar sus medidas de seguridad y protección que actualmente son obsoletas y altamente vulnerables. José Luis Calderón González, vicepresidente de este organismo que agrupa a más de 80 empresas del ramo en territorio nacional, se refirió a los hechos reportados el jueves pasado y dijo que esta zona del país, conocida como Tierra Caliente, lleva muchos años repuntando como un área de alto riesgo y donde antecedentes como bloqueos, secuestros, asesinatos, quema de camiones, ataques a infraestructuras, secuestros, torturas, enfrentamientos con las fuerzas del orden son eventos de cierta manera hasta cotidianos… Pasando a temas económicos, el INEGI reportó que el sector automotriz produjo en julio 294 mil 946 unidades, lo que significó un incremento de 0.7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Se trata de un desempeño sumamente alentador tras los débiles datos de los meses de abril (-98.8%) y mayo (-93.7%) cuando la industria permaneció prácticamente cerrada. A la par de que el mes previo (junio) el decremento se había acotado a -29.2% tras el regreso en actividades del grueso de las armadoras. En el acumulado del año la producción de coches ha descendido 35.5 por ciento contra el mismo periodo de 2019… También el INEGI reportó los resultados del tercer levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) para junio de 2020 en los que se mostró el regreso de 5.7 millones de personas al mercado laboral como personas económicamente activas; de ellas, 4.8 millones como personas ocupadas y 901 mil en condición de desocupación. Lamentablemente se registró un crecimiento de la informalidad laboral en tres millones de ocupados y la tasa de desocupación reportó un aumentó al pasar de 4.2 en mayo a 5.5 por ciento en junio de 2020…. Pero quizá el dato más importante e la economía de la semana pasada fue que en junio ingresaron a México tres mil 537 millones de dólares de remesas, lo que significó un aumento de 11.1 por ciento a tasa anual; en términos reales el crecimiento fue de 23.8 por ciento. En el primer semestre, las remesas han acumulado 19 mil 075 millones de dólares, 10.5 por ciento más de lo que se recibió en el mismo periodo del año anterior (17 mil 255)… La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno reveló que, en marzo, el 70 por ciento de los trabajos que se perdieron ante el IMSS fueron de jóvenes menores de 29 años. A la fecha, la tasa de desempleo en este sector es del 41 por ciento, mientras que en el resto de la población es de 28 por ciento. Ante ello, TallentiaMX, que dirige Elías Micha, señaló que 67 por ciento de la juventud ocupada no puede pagar la canasta básica para una familia de dos personas, y que el 61 por ciento de los jóvenes ocupados son informales… Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, previó no solo baja en la producción de alimentos y más importaciones sino también una “hambruna” por el desempleo y un “tsunami de inconformidad” por la inseguridad que prevalece donde la población recorrerá “veredas de violencia”…. Dirigentes de pequeños agricultores agrupados en el Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos, Congreso Agrario Permanente, Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, el ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Sergio Barrales, y la investigadora de a UACh, Rita Schwentesius de Rindermann, señalaron que en México ya no hay desarrollo rural y con el T-MEC se enfrenta a los productores del sector social de forma desigual a sus pares de Estados Unidos y Canadá.