- México: Poca venta de lotería de avión presidencial; solo 25%
- La creciente militarización de México fractura el gabinete de López Obrador
- Claves del escándalo del exdirector de Pemex tras 10 días de su extradición
- “No fui consultado sobre militarizar los puertos”: Javier Jiménez Espriú
- Por Crescencio Cárdenas Ayllón
RedFinancieraMX
Una simple pregunta de un ciudadano común con posibilidades de comprar n boleto de Lotería para la rifa del Avión Presidencial que ya no es avión presidencial, fue: ¿bueno y si se va vender en buen precio a cualquiera de los compradores que actualmente se interesan por adquirir esa ostentosa nave? porque siguen invitando a la gente a comprar boletos si no saben qué van a ganar o si ¿es una simple “coperacha” para el gobierno de la 4T? Y no le supe contestar, podría hacerlo alguien del gobierno o algún General.
Los esfuerzos por vender el avión presidencial en México parecen ir por buen camino, pero un esfuerzo simultáneo para vender billetes de lotería con la imagen de la aeronave no del todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que sólo cerca de una cuarta parte de los seis millones de billetes han sido vendidos, una cantidad baja que se debe en parte a que los vendedores no han podido recorrer las calles ante la pandemia del coronavirus.
Los efectos económicos del cierre parcial de actividades aparentemente también han ocasionado que menos mexicanos estén dispuestos a pagar los 22,50 dólares que cuesta cada billete, cerca de una semana de salario para los trabajadores con menos ingresos. Con el sorteo de la lotería a menos de dos meses, el 15 de septiembre, López Obrador enfrenta la posibilidad de que se pierda dinero en vez de alcanzar los fondos que se fijaron como objetivo para la compra de equipo médico.
Con tan solo 1,5 millones de billetes vendidos, lo recabado actualmente apenas cubre cerca de 38% de la bolsa garantizada de 90 millones de pesos. Otros costos administrativos podrían hundir aún más al gobierno. El premio será dividido en 20 partes iguales. El presidente lanzó un exhorto a los empresarios a que compren planillas de billetes y los distribuyan entre sus empleados o en escuelas, y a que los sindicatos los repartan entre sus agremiados.
“Ya falta poco para el día 15 de septiembre, y tenemos que vender los boletos”, subrayó López Obrador, de pie frente al jet en un hangar del aeropuerto internacional de Ciudad de México. La fecha del sorteo coincide con el Día de la Independencia de México. López Obrador prefiere viajar por carretera o en vuelos comerciales, tal como lo hizo cuando visitó Estados Unidos a inicios de julio para reunirse con el presidente Donald Trump.
El gobierno mexicano calcula que el avión vale 120 millones de dólares; no ha revelado quiénes son los potenciales compradores. La aeronave fue comprada en 2012 por unos 200 millones de dólares. Los expertos consideran que resulta demasiado caro reacondicionar el avión para un cupo de 300 pasajeros que tendría una versión comercial.
Diez días después de su extradición desde España, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante parte del sexenio pasado Emilio Lozoya ha causado un sismo en la política mexicana por sus declaraciones sobre la brasileña Odebrecht y su rol en la reforma energética de 2013.
Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado la “importancia” de las confesiones de Lozoya, aún no es claro el proceso que seguirá la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que estas son las cinco claves que explican el caso hasta ahora. Las acusaciones. Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El exjefe de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los que presuntamente 4 millones fueron para la campaña presidencial y el resto para obras en el Gobierno. Además, el exfuncionario es presunto implicado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta “chatarra” de fertilizantes Agro Nitrogenados a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA).
Por esta razón, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, detenido en España desde mayo del año pasado.
Trato preferencial. Interpol detuvo a Lozoya el 12 de febrero pasado en Málaga, España, país donde estuvo detenido hasta su extradición, el 17 de julio, cuando llegó en un vuelo especial de la FGR a Ciudad de México. Aunque el acusado debía ingresar al Reclusorio Norte de la capital mexicana, las autoridades lo trasladaron al exclusivo Hospital Ángeles del Pedregal porque una revisión médica le detectó anemia y problemas en el esófago, según la Fiscalía.
López Obrador ha defendido que “valdrá la pena” tratar a Lozoya como “testigo protegido” y reducirle la pena. “Dicen algunos: ‘no, no está en la cárcel, está en un hospital’, pues hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente”, declaró el mandatario la semana pasada al sugerir que la vida de Lozoya está en riesgo.
En documentos del Gobierno federal filtrados a la prensa, Lozoya reconoce los sobornos de Odebretch, incluyendo una reunión en una panadería con el exdirector de la constructora brasileña en México Luis Alberto Meneses Weyll. Lozoya, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que 52,4 millones de pesos (más de 2,3 millones de dólares) se usaron como soborno para que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aprobara la reforma energética en 2013, que abrió el sector a los privados.
López Obrador, crítico de esta reforma, avaló las confesiones del exfuncionario. “Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la reforma energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)”, dijo el viernes pasado.
Según las filtraciones, Peña Nieto y su jefe de campaña y posterior secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, habrían operado los sobornos. Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder del PAN, recibió presuntamente 6,8 millones de pesos (más de 300.000 dólares), cuando era presidente de la Cámara de Diputados para que su bancada apoyara la reforma energética en 2013. Otros opositores de alto perfil señalados son los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes entonces eran senadores.
Organizaciones civiles y políticos de oposición han acusado al actual Gobierno de montar un espectáculo porque Lozoya no ha pisado la cárcel y se desconoce el estatus de su proceso legal y la fecha de su audiencia formal ante un juez. Los políticos del derechista PAN niegan las acusaciones de Lozoya al argumentar que ellos ya apoyaban abrir el sector energético a los particulares desde que controlaban la presidencia (2000-2012). “Ojalá las pruebas se presenten ante un juez y no solo a la prensa. Y que no haya posibilidad de alegar violación al debido proceso, u otra argucia”, opinó la senadora Xóchitl Gálvez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones. De ser aprobada, esta propuesta podría significar grandes beneficios para el trabajador formal. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, también podría implicar grandes desventajas para el sistema financiero y acrecentar un problema que se supone debería combatir: la informalidad.
Actualmente, los trabajadores que cuentan con seguridad social deben cumplir al menos 500 semanas de cotización si comenzaron a trabajar de manera formal antes del primero de julio de 1997 – cuando se reformó la Ley del Seguro Social – y mil 250 semanas si se inscribieron al IMSS como trabajadores formales después de esa fecha. Esto último equivale a 25 años de trabajo formal. La propuesta del presidente busca reducir el requisito a sólo 15 años de cotización.
Si este proyecto se convierte en una realidad ¿Cómo afectaría a los trabajadores? ¿A quiénes realmente benefician estos cambios? ¿Existen desventajas en esta propuesta? Platicamos con Carlos Matute, especialista en Derecho público y seguridad social, Jessica Peña, actuaria y Daniel Urías, especialista en bienestar financiero.
¿Qué implica el proyecto de reforma? El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera dijo este 22 de julio que: “Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Agregó que de aprobarse esta propuesta: “El límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años y después va a ir subiendo paulatinamente”. Debido a que actualmente “un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada”. Es decir, la propuesta de reforma responde a la necesidad de que una gran cantidad de trabajadores que están por retirarse puedan acceder a una pensión. Daniel Urías, explica:
“Lo que se busca es que a quienes ya están cerca de retirarse les bajen ese número de semanas de requisito para que sí puedan alcanzar una pensión. Ahora, esto va a ser gradual. Va a ir creciendo el número de semanas que te piden como mínimas de cotización. Conforme van sacando a las generaciones más grandes que ya están cerca del retiro, se van a ir sumando semanas hasta llegar a un total de mil semanas, que es un equivalente de 19 años.”
Recordemos que hay dos regímenes activos en el sistema de pensiones a nivel nacional: La Ley del Seguro Social de 1973 y la reforma a esta ley en 1997. La propuesta de la administración de López Obrador se enfoca en modificar exclusivamente la Ley de 1997. Eso significa que de ser aprobada, los cambios impactarán a las personas que empezaron a cotizar a partir del primer de julio de 1997.
“Los que están en la ley anterior (de 1973) quedan fuera. Su pensión va a seguir igual, su esquema es exactamente lo mismo, no se modifica”, añade la actuaria Jessica Peña. Carlos Matute explica que para lograr una pensión se tienen que generar ahorro individual a través de una Afore (ley de 1997) o colectivo (Ley de 1973). Esto para que cuando la persona deje de ser productiva pueda tener un ingreso garantizado.
La creciente militarización de México auspiciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa sumando críticas y abrió una fractura en el Gobierno con la dimisión del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, contrario a la presencia de militares en los puertos.
Aunque ambos escenificaron en un vídeo una renuncia amistosa, el secretario saliente dejó plasmado en su carta de dimisión el enérgico rechazo a la decisión del presidente de que la administración de los puertos quede en manos de la Marina tras 50 años de control del ministerio de Transportes.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presidente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”, señaló.
Javier Jiménez Espriú, quien fuera titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hasta el pasado jueves, alertó de que la Cuarta Transformación buscaba militarizar los puertos del país entregando el control de esta tarea civil a la Marina.
En una comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre, en el marco del debate de una iniciativa de los diputados de Morena para desaparecer a la Marina Mercante y que la Armada de México se hiciera cargo de los puertos, Jiménez Espriú dijo que su dependencia nunca fue consultada sobre esta reforma y manifestó su rechazo a este proyecto.
Además, aseguró que en la Organización Marina Internacional hay 177 países y que solo 11 tienen control militar en sus puertos, entre ellos Corea del Sur y Chile. “Nunca la SCT fue consultada al respecto. No estamos de acuerdo, de ninguna manera, en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, aseguró Jiménez Espriú. Incluso, de acuerdo con diversas fuentes, el ahora exsecretario federal amagó con renunciar a su cargo desde diciembre pasado, si se aprobaba este dictamen, el cual finalmente fue frenado y se congeló en la Comisión de Gobernación.
En el dictamen, que se presentó el 12 de noviembre pasado, también se incorporó el contenido de un par de oficios fechados el 4 y 5 de noviembre, en los que la SCT emitió sus opiniones sobre las iniciativas de los legisladores de Morena y donde se describe: “Encomendar a la Semar la supervisión y administración de actividades estrictamente comerciales desvirtúa la naturaleza que las rige y contraviene el espíritu antimilitarista del Estado mexicano”. Se agrega que la formación militar no es compatible con la operación de los negocios, toda vez que en la actualidad la operación de las Capitanías de Puerto está sujeta a instrucciones castrenses.
“El que la Semar cuente con atribuciones que por su naturaleza no le corresponden implica una afectación al régimen democrático de nuestro país y un retroceso en la actividad marítima que por su esencia corresponde al ámbito civil y comercial”, define el documento. Subraya que únicamente la dependencia encargada de la política de transporte debe tener en sus atribuciones las actividades de la industria marítima, inherentes al comercio de este sector.
“Existe una Autoridad Marítima Nacional (Semar) y una Autoridad Marítima Mercante (SCT), lo que impacta en la seguridad jurídica del usuario, ya que la delimitación de una y otra competencia en materia de seguridad marítima y protección portuaria, respectivamente, no resulta tan clara para la generalidad de los usuarios y existe una demora en la toma de decisiones por parte de la autoridad”, define el documento realizado por la SCT. “No se ajusta al modelo de nación de la presente administración pública federal”, agrega.
Concluye que la referida iniciativa no debía ser aprobada, señalando como procedente la presentada por la diputada Juana Carrillo, pues responde a una nueva visión del papel del sector marítimo portuario como motor del desarrollo, que hoy en día debe adaptarse a las nuevas realidades del comercio internacional.
La SCT sustentó su conclusión en diversas consideraciones, entre las que destacan las siguientes: “Es necesario que sea nuevamente la SCT la que ejerza la autoridad marítima civil y que atienda esa obligación del Estado.
“Es ineludible que la regulación de la actividad marítima recaiga sobre la dependencia que tiene a su cargo los medios de transporte y las comunicaciones, ya que para la ejecución de la actual administración es indispensable llevar a cabo un reordenamiento e impulsar la Cuarta Transformación en los puertos bajo un proyecto integral. “Las Capitanías de Puerto merecen ser reivindicadas y la comunidad marítima portuaria respalda plenamente esa premisa indispensable para la marina mercante”.
Renuncia. Esta iniciativa de los diputados de Morena generó polémica el año pasado y también se conoció el amago de Jiménez Espriú de dimitir, por lo que el propio coordinador de los diputados de los morenistas, Mario Delgado, frenó su aprobación y ni siquiera avanzó en la Comisión de Gobernación y menos en el pleno de la Cámara Baja.
“Desde diciembre, @SEMAR_mx cabildeaba directamente en pasillos de @Mx_Diputados la aprobación de la iniciativa, en la que buscaba más poder económico y despliegue militar. Es lamentable que por la vía de los hechos y al margen de la ley, lo consigan”, escribió en Twitter la diputada de MC Martha Tagle.
Este jueves, por la diferencia de opiniones sobre quién debe controlar los puertos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Javier Jiménez Espriú como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en su lugar nombró a Jorge Arganis Díaz Leal como nuevo responsable de la dependencia.
En su carta de renuncia, Jiménez Espriú manifestó: “El motivo [de la dimisión a la SCT], que he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina [Semar] las funciones eminentemente civiles de los puertos y de la Marina Mercante, que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970”.
MILITARES EN PUERTOS Y ADUANAS. La dimisión del secretario se daba por hecha desde que la semana pasada López Obrador anunció la militarización de las 49 aduanas del país para quitar a funcionarios coludidos con el narcotráfico y frenar la entrada de drogas. Desde el importante puerto de Manzanillo, en el Pacífico mexicano, el mandatario se justificó con que a través de las aduanas portuarias y fronterizas se introduce “droga de la más destructiva y dañina” y que “esto explica mucho los atentados y homicidios” en México.
El control de la Marina no es algo nuevo en los puertos de México, puesto que en administraciones pasadas ya se desplegaron marines en el de Manzanillo (Colima) y el de Lázaro Cárdenas (Michoacán) para frenar la entrada de estupefacientes de China. Hay experiencias previas en las que se desbordó la violencia porque los militares se enfrentan al narcotráfico y eso deriva en una batalla campal”, contó este a Efe el experto en seguridad Jorge Márquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A este analista no le cabe la menor duda de que la apuesta de López Obrador traerá “una alza en la violencia” ya que la Marina tiene más fuerza que las autoridades civiles, que tienden a evitar choques frontales con el crimen. Además de una afectación económica, puesto que la minuciosa búsqueda de estupefacientes en los puertos deriva inevitablemente en una ralentización de la entrada de mercancías en el país.
Por lo demás, creo que todos estamos bien.