- El gobierno violenta al mercado eléctrico y colapsa la inversión: Coparmex, Concamin e IMEF
- Canadá y la Unión Europea preparan demandas y calientan motores para salida de capitales
- Están en riesgo más de 30 mil empleos y más 30 mil mdd que generan las energías verdes
RedFinancieraMX
El sector empresarial mexicano demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconsiderar el Acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, el cual provocó malestar y protestas en Canadá y los 27 países que conforman a la Unión Europea, porque constituye una acción ilegal, ahuyentará importantes inversiones en el país y ocasionará que esas naciones acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) coincidieron en que la norma emitida, agrava la falta de certidumbre jurídica para invertir en el sector energético de México, debido a que su publicación se realizó de forma irregular, dado que se inició un proceso por parte de la SENER, eludiendo el requisito de revisar comentarios y aguardar el al menos 20 días hábiles, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), para iniciar el proceso de Mejora Regulatoria ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) que permitiera recibir y atender las participaciones de los privados afectados y otros grupos con interés. Al no cumplirse la norma, el propio Gobierno Federal violenta el Estado de Derecho.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” , además causar pérdida de empleos y desconfianza en inversionistas, afectará los proyectos eléctricos de todas tipo de tecnologías en 18 estados de la República e inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
Cabe destacar, que dicho Acuerdo desatiende las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano en diversos acuerdos comerciales con la Unión Europea y Norteamérica, y de forma específica, el TMEC, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2020.
En un comunicado, la Coparmex destaca que “de no enmendarse la ilegalidad, es previsible que los inversionistas internacionales y domésticos recurran a los mecanismos legales para defender sus intereses”.
El primer intento con CENACE
En un primer momento, el 29 de abril, fue el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) quien intentó publicar el Acuerdo fue el CENACE sin cumplir con los requisito legales.
Sobre el particular, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió su opinión técnica, señalando que el Acuerdo desplaza a los generadores de electricidad más eficientes y podría favorecer a las plantas generadoras convencionales, en su mayoría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que son altamente contaminantes, lo que es contrario a la Ley de la Industria Eléctrica.
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, trastoca la confianza al cambiar de forma repentina las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron cuantiosas inversiones, a partir de que entro en vigor en 2014, la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.
La Coparmex considera que el Mercado Eléctrico Mayorista debe operar en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y la no discriminación en beneficio de todos.
Desde el sector privado, exhortamos a la SENER y la CONAMER para que en los términos de la legislación aplicable, suspendan los efectos del Acuerdo, y se de seguimiento a la consulta pública, para que los interesados en el sector tengan la oportunidad de retroalimentar y reorientar la norma, en beneficio del mercado eléctrico y la competitividad del País.
De no reconsiderar el ilegal Acuerdo, se deberán de asumir consecuencias nocivas en términos de bienestar, sustentabilidad ambiental y empleo para los jóvenes mexicanos.
Rechazo de Concamin
Por su lado, la Concamin manifiestó su rotundo rechazo a la decisión del Gobierno federal, concretamente de la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de emitir un ordenamiento que impediría, en la práctica, la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.
El organismo que aglutina a los industriales del país, recordó que desde diciembre del año pasado, la titular de la SENER en junto con el titular de la CFE han realizado en varias ocasiones intentos para modificar la normativa del sector eléctrico nacional.
El primer intento fue un “Pliego Petitorio” de la CFE a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que fue publicado por medios internacionales en diciembre del 2019. Posteriormente, el 29 de abril del 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del Reconocimiento de la Epidemia de Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, que impedía a las centrales nuevas realizar las pruebas pre operativas necesarias para su puesta en marcha. Este Acuerdo, recibió un amplio rechazo público y una opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), por considerar que no cubría el requisito de ser producto de un consenso con los agentes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que podría acarrear alteraciones al regular funcionamiento del mismo.
Finalmente, el viernes 15 de mayo la SENER envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, solicitando la exención de MIR (análisis de impacto regulatorio) para proceder a la inmediata publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor al día siguiente de su publicación.
Esta última medida significa una plena vulneración del Estado de Derecho, al otorgar facultades extra legales a la CFE relacionadas con la planeación y operación del SEN y el probable abuso de autoridad por parte de la SENER.
Alud de amparos
Derivado de lo anterior, algunas las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al Amparo, y probablemente otras harán lo propio en los próximos días, además, no se descarta la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión
Estas acciones impactan negativamente la imagen internacional de México como país destino de inversiones, ya que incrementan sensiblemente el riesgo regulatorio que, junto con una creciente precariedad económica y financiera, reduce el atractivo del país frente a otros como destino de inversión.
“Esta decisión no solamente afecta el tema de la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que generarían empleos y nos ayudarían como país a avanzar en el equilibrio entre energías renovables y las provenientes de recursos fósiles, como el petróleo; sino que nuevamente es un mensaje contradictorio que en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza al interior y al exterior para promover la inversión productiva en un tema tan relevante para las nuevas generaciones, se decide tomar una decisión que a todas luces solamente responde a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la CONCAMIN.
Es importante que nuestras autoridades comprendan que todo va a cambiar con el impacto de la pandemia y hay que tener una visión muy amplia de lo que estamos enfrentando, de otro modo las consecuencias serán terribles para los mexicanos y para nuestra economía”, expuso Cervantes Díaz.
Es una acción de centralización gubernamental: IMEF
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que el acuerdo mencionado nos remite a una política de gobierno que establece diversas acciones de centralización y control operativo que limitan de manera importante las posibilidades de generación de energía renovable por parte de empresas privadas actualmente en operación, así como la continuidad de importantes proyectos de desarrollo y construcción en el (Servicio Eléctrico Nacional) SEN.
En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconocemos que el Estado tiene la facultad para establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como para supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente, en un marco de impulso al desarrollo nacional.
No obstante, agrega el IMEF, se ha generado preocupación por esta nueva política, debido a los siguientes factores:
1. Genera un ambiente negativo para la inversión privada nacional y extranjera al establecer condiciones de incertidumbre jurídica e inhibir la competencia cuando el país atraviesa por una profunda recesión económica que requerirá de una activa participación de la inversión privada para la recuperación de la actividad económica y del empleo.
2. Centraliza en el Estado actividades críticas para la generación de energía eléctrica en circunstancias de severa restricción de recursos públicos, derivada del impacto de la recesión económica sobre la capacidad recaudatoria del gobierno federal y el deterioro de los ingresos petroleros.
3. Genera dudas sobre la viabilidad de las energías limpias en la matriz energética del país, con el impacto negativo que ello podría generar sobre la salud de los mexicanos y sobre los compromisos del país en materia de medio ambiente.
Los anteriores factores pueden generar una mayor profundización de la recesión económica, así como poner en riesgo la eficiencia, calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en el mediano y largo plazo.
Pérdida de empleo: Coparmex
La Coparmex reiteró que la acción temeraria del pasado 15 de mayo ahuyentará, en plena pandemia sanitaria y crisis económica, inversiones en el país y provocará la pérdida de más de 30 mil empleos que se han creado en dicho el sector eléctrico.
Se insiste en que dicho Acuerdo violenta los derechos y obligaciones adquiridos por el Estado Mexicano en los Tratados de Libre Comercio, y en específico, el TMEC, que entra en vigor el 1 de julio. En ese mismo orden de ideas, la inversión nacional tiene mecanismos legales para defender sus intereses.
Resalta Coparmex que el Gobierno Federal, una vez más, vuelve a exacerbar la incertidumbre jurídica e inhibe la creación de futuros empleos, al pretender cambiar las Reglas del Mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron las inversiones en su momento, que desde el 2014 que entró en vigor la Reforma Energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias.
Canadá y la UE contra del acuerdo eléctrico de AMLO
El mismo día que se publicó el acuerdo, la Embajada de Canadá y la delegación de la Unión Europea (UE) en México alertaron que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), pone en riesgo inversiones y proyectos de energía limpia.
La representación canadiense advirtió que el acuerdo que emite la política pone en riesgo inversiones de su país por 450 millones de dólares y la creación de más de 1,000 empleos.
En una carta dirigida a Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), el embajador Graeme Clark, afirma que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de proyectos de energías renovables de empresas canadienses en el país.
El diplomático canadiense resaltó que “empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo, las medidas tomadas ponen un riesgo a corto plazo inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de 1,000 empleos”.
De igual forma, la embajada de Canadá señala que este es un punto más a las cambiantes leyes y políticas que atentan contra la inversión de energías renovables.
“En los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el país, han enfrentado diversos desafíos, manifestando su preocupación por la política de cancelación de subastas de energía limpia.
Recordó así “la publicación en octubre de 2019 del acuerdo por el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energía limpia, así como el retraso en consultas y autorizaciones por parte de las diferentes autoridades”.
En tanto, la delegación de la Unión Europea (UE) en México indicó que la implementación de la política del Sistema Eléctrico Nacional es negativa para 44 proyectos de energía limpia en 18 estados del país, los cuales superan los 6,400 millones de dólares en inversiones.
Señaló que esto se suma a una serie de preocupaciones que los inversionistas europeos tienen sobre el futuro de sus empresas ante el constante cambio en las políticas energéticas del gobierno mexicano.
Tanto el embajador canadiense Graeme Clark como el encargado de negocios de la Unión Europea, Jean-Pierre Bou, solicitaron a Rocío Nahle, titular de la Sener, atender la solicitud de una reunión virtual los interesados en el asunto, tanto diplomáticos como empresarios, para valorar las medidas que México adoptará en el sector de la energía renovable.
Advertencias del CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) detalló que el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.
Indica que a través de este instrumento, SENER usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia y que, sin respetar procesos legales y normativos, el documento representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
Advierte que el sector privado –incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía– agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país.